Reelección queda a deber

Sus implicaciones son positivas en distintos planos: reduce el presidencialismo, inhibe incentivos de corrupción y aumenta capacidad para implementar proyectos de desarrollo urbano, entre otros.

Es evidente que en lugar de esperar a un alcalde extraordinario, es mejor cambiar la estructura que incentive a formar un equipo de alcaldía que verdaderamente mejore el funcionamiento de las ciudades.

De esta forma la reelección permitiría evaluar y premiar (o castigar) a una administración.

Sin embargo, de la misma manera que una serie de organizaciones civiles creo que las condiciones en las que se prevé aprobar el tema implican malas noticias. 

En caso de que la Cámara de Diputados pase la reforma como está, la reelección municipal no quedará inscrita en el artículo 115 de la Constitución, tendrá máximo de dos términos consecutivos y solo funcionará cuando el alcalde en cuestión se postule con el mismo partido en el que estuvo registrado en su primer término.

La primera mala noticia es que quedaría en manos de los Congresos locales aprobar la reforma para sus Municipios. 

Esto significa que los gobiernos estatales podrán condicionar la estructura municipal en caso de que le convenga al partido mayoritario de cada estado. 

La segunda es que un solo periodo adicional no parece que será suficiente para un cambio profundo en la estructura de gobierno, basta ver la funcionalidad de la mayoría de los gobernadores (cuyo periodo de cargo es el mismo al del alcalde que consiga la reelección).

La tercera es la vinculación obligatoria del candidato con el partido político. Esto nos hace pensar que una vez más los incentivos giran en mejorar la imagen del partido y no realmente de generar una administración municipal que garantice las capacidades pertinentes. 

Ante el crecimiento de zonas urbanas, un fuerte gobierno descentralizado que pueda atender a las comunidades es imperante. 

De aquí parte la necesidad de un liderazgo municipal que asegure la capacidad de atender las necesidades públicas de los municipios.  

En este sentido la reforma va en la dirección correcta, pero quedó a deber.