Redes de poder MTY: Sanción a ‘El Bronco’ en manos del Congreso y la falta de empatía de Manuel

Con la reciente resolución de la la Sala Especializada del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, en donde resolvió el incidente de incumplimiento de sentencia en contra de Jaime Rodríguez, el Congreso local tendrá que pronunciarse acerca de las sanciones al mandatario.

Hay que recordar que el Tribunal determinó que el gobernador de Nuevo León usó recursos públicos, humanos y monetarios del Estado en beneficio propio para fines políticos. Ahora las posibles sanciones quedan en manos del Congreso local.

El hoy mandatario estatal utilizó a 571 trabajadores de la administración pública de Nuevo León en días y horas hábiles para captar apoyos a lo largo de 120 días para su candidatura presidencial por la vía independiente, según el resolutivo de la Sala Especializada

El Tribunal Electoral ya envió a la Diputación Permanente un escrito en donde refiere un incumplimiento, por lo que el diputado presidente de la Comisión Anticorrupción, Arturo Bonifacio de la Garza, aseguró que ésta será acatada y se procederá conforme a derecho.

De igual forma, el día de ayer, el senador emecista Samuel García, quien presentó la denuncia en enero de 2018, pidió a los legisladores que sancionen al gobernador con su destitución, así como con una multa de carácter económico para resarcir el daño causado al erario.

El quebranto que se presupone es de alrededor de 40 millones de pesos.

En la carta que envío al Congreso, García señala que el mandatario cometió una infracción directa a la constitución, pues aplicó en beneficio propio los recursos públicos que están bajo su responsabilidad, influyendo en la inequidad de la competencia de la entonces campaña electoral.

Los legisladores tienen hasta el 20 de diciembre para cumplir la sentencia.

La falta de empatía de Manuel

Tomar a la ligera el problema de los migrantes exhibe que el secretario de Gobierno, Manuel González, no tiene mucha sensibilidad en el tema.

Mandar el mensaje a la ciudadanía de que si ven indocumentados le avisen, sólo denota el poco interés de evitar una crisis migratoria, donde los refugios de organizaciones civiles están saturados.

La ciudadanía activista se ha puesto la pilas para contribuir en una labor social, de ayudar al prójimo, que está pasando por una situación difícil, todo un contraste con lo que hace la autoridad. Incluso, la ciudadanía se junta para la ayuda a personas.

Pero para el funcionario no es prioridad el tema migratorio.

Difícil de entender que el gobierno estatal no quiera mitigar el problema migratorio con albergues, colchonetas y alimento. Quizá porque estas personas no representan votos, es por eso que a lo mejor no interesa.