Lo que resta de este año y (por lo menos) el próximo pinta para ser retador para los funcionarios de la Secretaría de Hacienda.
Es bien conocido que la caída y estancamiento en el precio del petróleo ha golpeado fuertemente a las finanzas federales, que todavía dependen de manera importante del crudo.
La inminente alza en tasas de interés en Estados Unidos tampoco ayudará, al elevar los costos de la deuda que ya hemos contraído.
¿Qué hacer ante semejante encrucijada?
En algunos temas, hay que decirlo, el secretario Luis Videgaray y su equipo se han visto relativamente sensatos y convendría continuar por los mismos pasos. Me refiero en esto a los ajustes calibrados que se han hecho en materia fiscal.
El equipo económico del presidente Peña Nieto ha anunciado recortes al gasto, como era de esperarse. Pero hasta hoy éstos se han dado en términos relativamente pequeños y sin grandes sobresaltos, lo que le ha valido al país mantener su buena calificación crediticia.
La revisión del presupuesto, bajo una visión de “base cero” (aún y cuando todos sabemos que es prácticamente imposible hacerlo) también es bienvenida.
Pero en otros temas, el cambio de mentalidad que requerimos es tan dramático que dejan a más de uno asustado sobre el futuro.
Para empezar, algunos de los rubros que más contribuyen al gasto (casi 70 por ciento del total), como lo son la educación y la salud, están escritos en ley. Esto vuelve muy difícil reducir o etiquetar mejor ese gasto sin una mayoría importante en el congreso y el apoyo casi incondicional de los gobernadores.
La inercia de gasto y endeudamiento de muchos Estados también tiene el potencial de convertirse en un problema de proporciones griegas.
Pero lo más preocupante es que rediseñar y apretar el gasto en todo el presupuesto del Gobierno Federal implica pisar muchos intereses especiales, y justamente en esto es dónde el Gobierno ha dejado mucho que desear.
Los maestros, por mencionar al más obvio ejemplo, siguen haciendo, deshaciendo y cobrando a su gusto.
Si seguimos así, cuando el dinero se haga escaso (y esto va suceder tarde o temprano) los primeros que van a salir perjudicados van a ser los ciudadanos. Los organizados como sindicatos, partidos y personas conectadas políticamente ya saben cómo defender sus intereses relativamente bien.
Hasta hoy, las señales son mixtas.
El impuesto, o más bien ajuste de reglas, en las comidas rápidas que afectará a un par de establecimientos a partir de Julio representa una señal de advertencia.
Si bien no se promulgó un nuevo impuesto, no queda duda que el recorte no solo provendrá del gobierno, como el secretario de Hacienda lo ha mencionado en varias ocasiones.
Para evitar sorpresas, los consumidores y pequeños contribuyentes debemos organizarnos y exigir que si las épocas vienen difíciles, el recorte se haga parejo: sindicatos, partidos, gobernantes y todos los privilegiados actuales del presupuesto también deberán apretar sus cinturones.