Las bombas de tiempo financieras que estaban activadas en la administración de Nuevo León y en los municipios metropolitanos han detonado.
Y como siempre serán los ciudadanos los que tendrán que entrar al quite con sus bolsillos por las malas decisiones de los funcionarios públicos que han gobernado este estado en los últimos años.
El 2013 traerá consigo una ola de incrementos en la tenencia vehicular, mayor endeudamiento, impuesto predial, ISN, cuotas del Registro Público de la Propiedad, entre otros impuestos.
Hoy es tiempo de pagar.
Hoy es tiempo de que los nuevoleoneses paguen por el derroche que impulsó el ex gobernador Natividad González Parás durante su sexenio de fiesta y jolgorio.
Hoy es tiempo de que los regiomontanos paguen por las ambiciones de los panistas Adalberto Madero y Fernando Larrazabal, ex alcaldes de Monterrey.
Hoy es tiempo de que los guadalupenses paguen por la frivolidad que demostró la ahora senadora del PRI, Ivonne Álvarez, cuando fue alcaldesa de este municipio.
Hoy es tiempo de que los nicolaítas paguen por la negligencia de los ex alcaldes Zeferino Salgado y Carlos de la Fuente en la contratación de deuda pública y adquisición de compromisos financieros.
Hoy es tiempo también de que los sampetrinos paguen por el afán de notoriedad del ex alcalde Mauricio Fernández y sus sueños de grandeza.
Hoy quizá es tiempo de que los ciudadanos también paguen por la apatía que han mostrado en los asuntos del gobierno.
La incongruencia de la IP con los impuestos
Fue el mismo Eugenio Clariond, presidente de la Caintra, quien hace unos meses justificó la decisión del Gobierno del Estado de contratar más deuda y de bursatilizar el Anillo Periférico.
En aquella ocasión el líder empresarial señaló que la IP regiomontana estaba consciente de que el Estado requería más recursos para poder aplicarlos en el tema de seguridad.
“Mientras esos recursos sean bien aplicados y vayan en favor de la comunidad y de resolver los problemas fundamentales, como es el caso de la seguridad, pues vamos a estar de acuerdo en que el gobierno tiene que encontrar esos recursos de una u otra forma”, declaró Clariond.
El 24 de diciembre el presidente de la Caintra fue el primero que anunció una ola de amparos en contra del incremento del Impuesto sobre la Nómina y del cobro de la tenencia vehicular que autorizó el Congreso del Estado.
“Estaremos utilizando el recurso de amparo tanto para el Impuesto Sobre Nóminas como para la tenencia”, adelantó el empresario.
¿Entonces a qué se refería el señor Clariond cuando declaró que apoyaba que el Estado consiguiera recursos de una u otra forma?
El grupo Allende y el puente Jiménez
La Secretaría de Obras Públicas del Estado, a cargo de Luis Marroquín, lanzó hace unos días la licitación para la reconstrucción del puente vehicular de la calle Jiménez que cruza el Río Santa Catarina.
No sólo llama la atención de que los trabajos de reconstrucción de este paso vial inicien casi 2 años y medio del paso del huracán Alex.
También resulta extraño que se vaya a reconstruir un puente que en su momento se anunció que no se repararía porque suponía un riesgo a la capacidad hidráulica del Río Santa Catarina.
Lo que más sospechosismo está generando es que el Estado sólo haya invitado a tres constructoras para que compitan por el contrato de obra pública.
Y que las tres constructoras estén ligadas al poderoso Grupo Allende, que controla el otorgamiento de los contratos de obra pública en Nuevo León.
