El alcalde de San Pedro, Ugo Ruiz, está una vez más en un dilema por un tema de desarrollo urbano, un conflicto que también pondrá a prueba a la nueva secretaria Myrna Benavides.
Desde hace unos días llegó a la Dirección Jurídica de San Pedro una notificación de un amparo para que suspenda las obras de construcción de la Torre Fashion Drive, que se construye en San Agustín.
La suspensión de amparo fue conseguida por el Club Deportivo San Agustín, vecino del terreno donde se está construyendo este complejo comercial.
Los socios del San Agustín se quejan de que el desarrollador del Fashion Drive está violando con su obra los remetimientos autorizados por el Municipio.
El problema para Ugo –y ahora para Myrna Benavides- es que esta obra es, nada menos, que del empresario Eudelio Garza Mercado.
Un desarrollador que es uno de los principales patrocinadores del programa Un Solo San Pedro.
¿Cumplirá Ugo con la orden judicial pese a eso?
Se va Sandra, llega Hurtado
Como se adelantó en esta columna, Sandra Pámanes dejó ayer la Secretaría del Ayuntamiento de Monterrey para que entrara en su lugar, el ahora diputado con licencia, Jesús Hurtado.
Pámanes no pasará a dirigir el Instituto Municipal de las Mujeres, sino que ahora realizará labores de asesoría para la alcaldesa Margarita Arellanes en la Presidencia Municipal.
Desde ayer, Hurtado se desempeña como nuevo secretario del Ayuntamiento regio.
El nombramiento de Hurtado significa una posición para el diputado federal Arturo Salinas, panista cercano al dirigente nacional del PAN.
En los próximos días podrían confirmarse otros movimientos en la administración municipal que encabeza la panista Margarita Arellanes.
Por intereses, Estado ‘secuestra’ Reglamento
El gobernador Rodrigo Medina tiene atorada la publicación del Reglamento de la nueva Ley Orgánica de la Defensoría Pública de Nuevo León, a pesar de que fue aprobada desde más de un año.
Parecería cualquier cosa, pero el proyecto detenido en el Palacio de Gobierno regula el servicio civil de carrera que profesionalizará el nombramiento y los ascensos de funcionarios en la Defensoría Pública.
Inconveniente que le da en la torre al dedazo que tradicionalmente había sido utilizado para cubrir favores políticos o simplemente para poner defensores a modo, que no le den problemas a la Procuraduría.
Además hay un interés financiero. La Secretaría General de Gobierno está condicionando la publicación del Reglamento, a cambio de que la Defensoría le conceda la poca autonomía que había ganado en el tema presupuestal.
Quiere que por ley, los recursos sean administrados por Tesorería del Estado.
Y es que con la reforma penal, los defensores públicos del nuevo sistema penal ahora ganan lo mismo, o más, que los ministerios públicos.
Y en Nuevo León son de los mejores pagados de todo el país, reciben 45 mil pesos mensuales.
Queda claro que en tiempos de elecciones, el gobierno no escatima en cualquier recurso que pueda “administrar” a su favor.
