A estas alturas del proceso electoral ya no resulta viable pensar en un “Efecto Atocha” ejecutado por medio de filtraciones a la prensa. Lo bueno y lo malo ha sido debidamente expuesto ante la opinión pública, la que cuenta con elementos suficientes para decretar el nuevo destino de México.
Sin embargo, el electorado debe poner toda su atención en varios eventos realmente trascendentes y dignos de un detallado análisis: el primero lo constituye el hecho de conocer la integración del Congreso de la Unión con la esperanza de que los mexicanos no volvamos a padecer los perjuicios de otra parálisis legislativa, misma que implica parálisis económica y, en consecuencia, parálisis social.
La posibilidad de que el PRI se haga de nueva cuenta de un “carro completo” con mayoría relativa o tal vez absoluta, podría implicar riesgos para la autonomía de las instituciones de la República, si es que se llegara a aprovechar el poder otorgado por los ciudadanos para destruir lo construido precisamente por los ciudadanos.
Los medios de difusión tendrán que estar particularmente atentos para detectar cualquier desviación que pueda dañar al Banco de México, al IFE o al INEGI, etc.
En otro orden de ideas, la ciudadanía debe estar particularmente atenta a la hora de la designación del gabinete de Peña Nieto, en el que no se le debe dar cabida a los conocidos rufianes de puño blanco, bandidos profesionales que disfrutan alegremente la impunidad obsequiada por un panismo que en 12 años fue incapaz de encarcelar a destacados “peces gordos”, defraudadores del tesoro público.
Lo antes expuesto podría quedar sin efecto de llegar a comprobarse el depósito ilegal de decenas de millones de pesos en los monederos electrónicos del Banco Monex por parte del PRI.
Dichas tarjetas diseñadas para inducir el voto a favor del tricolor, adicionadas a otras 2 mil tarjetas de la misma naturaleza expedidas por tiendas de autoservicio, suman hasta ahora más de 70 millones de pesos, cifra que supera el límite de las aportaciones de 33 millones de pesos autorizadas por la ley para el financiamiento de los particulares.
De llegarse a probar estos delitos electorales, el triunfo de Peña Nieto podría ser anulado por el TRIFE, autoridad que no extendería o revocaría la constancia de Peña Nieto como presidente electo.
Solo que hay más: AMLO también está obligado a demostrar el origen de los 1,000 millones de pesos depositados en “Honestidad Valiente”, a los que se deben sumar más de 90 millones de pesos que la hoy senadora Yeidckol Polevnsky no ha podido ni querido probar su origen.
De llegarse a probar los delitos electorales cometidos presuntamente por los militantes del PRI, como los del Movimiento Ciudadano, tanto Peña Nieto como López Obrador podrían ser excluidos de la contienda electoral mediante la emisión de sentencias inatacables, decisiones judiciales que, de llegar a darse en el contexto de este cuento político, pondrían a Josefina Vázquez Mota como la primera inquilina de los Pinos en toda la dolorida historia de México. ¿Será…?
El futuro electoral de México comienza un día después…