Y, ¿yo por qué?

Es evidente que Nuevo León tiene dos focos rojos qué resolver y que generan dilemas hasta existenciales. 

Por una parte, la administración pública –en todos los niveles-  lejos de si se tiene dinero público o no, atraviesa por su peor periodo de no credibilidad política ni social.  

Peor es saber por diversos informes a nivel nacional que somos la ciudad más contaminada de Latinoamérica.  

Eso no sólo perjudica nuestra salud, hoy en un mundo de indicadores globales es una limitante para ser una ciudad atractiva para la inversión y el desarrollo. 

Por la misma razón no nos podemos poner de acuerdo sobre las prioridades personales y colectivas ante ambos problemas críticos. 

Si bien es cierto que ninguno de nosotros tiene la responsabilidad sobre la falta de dinero o sobre la contaminación misma, también lo es que ese absolutismo poco aporta a las soluciones que necesitamos de manera urgente. 

La corresponsabilidad es necesaria para resolver ambos. No uno sobre otro porque van de la mano. 

El Estado requiere de ingresos para los servicios públicos y dentro de esos servicios públicos debe ser tener la mayor certeza sobre la calidad del aire que respiramos. 

Lo lamentable es que esto se convierta en “revancha” de grupos políticos o ciudadanos que no pueden asumir tal corresponsabilidad. 

El otro factor que impide el entendimiento de la gravedad que representan ambos problemas públicos es la cultura que el modelo de ciudad ha contribuido a crear. 

En donde, efectivamente, la mayoría de la clase alta y media se traslada en auto. 

Que poco conoce otras alternativas de movilidad urbana no sólo porque los gobiernos no las han ofrecido, como banquetas dignas para caminar o infraestructura para bicicletas como se hace en otras ciudades; sino porque culturalmente no son atractivas.

Es decir, siempre será sinónimo de “naco” o “pobre” moverse en transporte público, por citar un ejemplo. 

A las que la mayoría le pondrá todas las objeciones posibles, empezando por el clima –por citar otro ejemplo-.

Cambiar el pensamiento de una sociedad hacia la sustentabilidad y la corresponsabilidad no es tarea fácil cuando la única pregunta que se pretende resolver es la del corto plazo: ¿quiénes son los responsables de pagar en dinero por la impunidad y la corrupción? 

Si eso es así, la respuesta es muy sencilla porque quizá pensamos que no entramos en la respuesta. 

Pero cuando se analiza desde una perspectiva de hábitos culturales nos daremos cuenta que nosotros, los que contaminamos con un automóvil, tenemos que pagar. 

Nadie nos enseñó a ser ciudadanos corresponsables, a dejar de victimizarnos a la hora de asumir los costos propios.

Para nosotros, y eso es muy de mexicano desconfiado con razón, nadie tiene el derecho de atentar “nuestros bolsillos”, pero pocos podemos ver el beneficio colectivo de tener un aire limpio, espacios públicos verdes, alimentación sana, entre otro largo etcétera. 

Si algo tenemos que comprender es que el poder de una ciudadanía no sólo se rige bajo el mercado y la exigencia del dinero robado, sino en la capacidad de aportar lo que nos toca como parte del problema. 

Porque a estas alturas es ingenuo pensar que alguien que trae un auto y hace uso excesivamente de él, no contamina. Eso lo demuestran múltiples estudios.

Más allá de las fobias o las filias políticas aquí hay una pregunta importante que colectivamente nos estamos negando a responder: ¿quién paga los costos negativos de la contaminación generada por los autos? 

Lo peor es que pocos estamos dispuestos a levantar la mano porque en Monterrey el vehículo privado con afectaciones públicas negativas todavía no nos lleva a pensar que somos lo que respiramos. 

Por eso mismo no me sorprende que ante los nuevos costos sobre el automóvil más de uno salga a revirar muy al estilo de aquel mandatario que dijo: “y, ¿yo por qué?”