Hace casi diez años, el 21 de agosto de 2009 para ser exactos, el terror se apoderó, nuevamente y como aún es común, de los habitantes del entonces Distrito Federal; el cuerpo de un jovencito de apenas 20 años había sido encontrado en el cruce de las calles Jacarandas y Pensamiento de la colonia Ciudad Jardín, en Coyoacán.
En aquel entonces el jefe de Gobierno era Marcelo Ebrard, actual Canciller en el gobierno encabezado por Andrés Manuel López Obrador y los elementos adscritos al caso de la Procuraduría General de Justicia del Distrito Federal (PGJ), encabezada por Miguel Ángel Mancera, quien actualmente es senador, quedaron sorprendidos por la saña con la que el joven fue asesinado.
Tras trasladar el cadáver a una agencia del Ministerio Público, los peritos de la PGJ determinaron que el muchacho – quien en vida había sido un destacado estudiante de prepa de la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM), por lo que se hizo acreedor a la medalla Gabino Barreda-, había sido cortado del estómago, presentaba alteraciones viscerales, laceraciones en todo el cuerpo por golpes y, finalmente, traumatismo craneoencefálico.
DINERO, MALDITO DINERO…
Las investigaciones comenzaron, el entonces procurador Miguel Ángel Mancera instó a sus empleados a agilizar las indagatorias debido a la mediatización del caso pues, decía la gente, nadie tenía derecho de acabar con la vida de un joven promesa, aquel que a los 20 años ya había obtenido la medalla Gabino Barreda a la excelencia académica.
Autoridades investigaban cuando una mujer de la misma edad que el joven asesinado, cuyo nombre en vida era Rubén Romero Reverte Escalante, se presentó a la agencia del Ministerio Público para “reclamar el cuerpo” pues, además de pedir participar en el reconocimiento legal del mismo, decía que era su mejor amigo y quería darle “cristiana sepultura” pues, en vida, no había tenido familia cercana que se ocupara de él.
La sospechosa irrupción de la joven, llamada Leslie Madelin Arellanes Arredón, despertó la suspicacia de los agentes quienes comenzaron a indagar a fondo la vida de Rubén para enterarse, al poco tiempo, que éste estaba asegurado no por una, ni por dos, ni siquiera por tres aseguradoras, sino, por inconcebible que parezca, cinco.
La cantidad total de dinero por la que el muchacho estaba asegurado era de 32 millones de pesos, por lo que los agentes de la PGJ acudieron a las aseguradoras para descubrir la terrible verdad: Leslie, junto con su madre y abuela habían comenzado los trámites para cobrar dicha cantidad.
LAS VIUDAS NEGRAS
Ni tardos, ni perezosos, los investigadores del caso citaron a declarar a Leslie para desentrañar el tipo de relación que tenía con Rubén. Los interrogatorios revelaron que los jóvenes tenían cinco años de conocerse y que su relación rayaba en algo más que una amistad.
Según Leslie, Rubén vivía con ella, su madre y abuela pues era una persona sola, que no tenía familia; sus padres se habían separado y él se había quedado con su madre quien murió en 2006. Según la joven, el estudiante ganador de la medalla Gabino Barreda se mantenía dando clases de matemáticas y cursos para ingresar al bachillerato y la universidad.
Como era de esperarse, las indagatorias llegaron a la madre de Leslie y hasta la abuela, cuyo nombre, Emma Argüello Jurado, sobresalía en los papeles de las aseguradoras como única beneficiara de los millones de pesos. La pinza se iba cerrando.
Cuando un juez ordenó la detención de la abuela, quien tenía 80 años en 2009, ella aseguró que Rubén siempre la trató como una madre y que el cariño era recíproco. En breves declaraciones a la prensa, afuera del juzgado al que fue trasladada, la lideresa de las entonces ya conocidas como “viudas negras” aceptó que el muchacho tenía cinco seguros pero, dijo, era porque iba a viajar y la aerolínea así se lo había solicitado. Cínica y públicamente la señora se quejó de que las aseguradoras le “habían puesto muchas trabas” a la hora de querer cobrar su dinero.
La pinza se cerró y tanto Leslie Madelin Arellanes Arredón, su madre, Roxana Lizbeth Arredón Argüello, de 46 años, y la abuela fueron encontradas culpables del delito de homicidio del joven Rubén. Las tres habían armado el plan para hacerse del dinero; al final lo que lograron fue una pena de 35 años de prisión, mismos que aún cumplen en Santa Martha Acatitla.
La Fiscalía de Homicidios de la PGJ determinó, además, que las mujeres pagaran 40 mil pesos por indemnización por daño material, tres mil 288 pesos para gastos funerarios y 165 mil pesos como parte de la reparación del daño.
La medalla Gabino Barreda, que Rubén ganó por su gran desempeño académico en la preparatoria número 6, Antonio Caso, de la UNAM, aún cuelga en alguna sala de una familia, aquella que el estudiante sí tenía y que tras mediatizarse el caso prefirió mantenerse en el anonimato. Le sobreviven su padre y un hermano.
EL VUELCO LEGAL EN EL CASO
En octubre de 2017, un ministro de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) propuso, ante un amparo interpuesto por la defensa de las mujeres, revocar la sentencia de 34 años de prisión contra las quejosas. El motivo: en 2009 fueron arraigadas ilegalmente ya que “la autoridad local carecía de facultades para solicitar la medida cautelar y mucho menos un juez local podía otorgarla”.
El proyecto del ministro Jorge Mario Pardo Rebolledo no prosperó, pero de haberlo hecho las pruebas recabadas por el Ministerio Público del 2009 al 2010 – lo que duró el juicio – hubieran carecido de validez… Así de endeble la justicia.
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