En México, las redes sociales aún tambalean por el hashtag #MeToo, que diferentes mujeres, algunas con nombre y apellido y otras de forma anónima, utilizaron para hablar de un presunto abuso o acoso sexual que vivieron en su vida.
En el texto Redes sociales, una ventana de escape, que Reporte Índigo publicó el pasado 28 de marzo, la psicóloga Hyde Hernández Ramírez comentó que después de que alguien vivió abuso o acoso sexual, lo más recomendable es recibir un asesoramiento legal, para después tener terapia psicológica. Pero, ¿qué sucede exactamente cuando la víctima decide acudir ante la justicia?
Primero que nada, la abogada penal y directora del Grupo de Acción por los Derechos Humanos y la Justicia Social, Karla Micheel Salas Ramírez, señala que es primordial explicar que muchas de las historias que cuentan las víctimas bajo las etiquetas #MeTooEscritoresMexicanos, #MeTooPeriodistasMexicanos y #MeTooProfesoresMexicanos, por mencionar algunas, no necesariamente son constitutivas de un delito
La especialista comenta que en casos de hostigamiento y de abuso sexual, es decir, cuando hay un tocamiento sin que la víctima haya manifestado su consentimiento, es delito; lo que tiene que ver con insinuaciones, con insistencias a salir, no. Sin embargo, resalta que sea el caso que sea, la persona debe hablarlo y denunciar.
“Esos actos que ellas señalan de violencia sí son considerados de esa manera de acuerdo con la Ley General de Acceso a las Mujeres a una Vida Libre de Violencia. Es clarísimo, pero de eso a que pueda ser constitutivo de un delito, hay un abismo”, declara Salas Ramírez.
En este sentido, encuentra preocupante que no en todas las instituciones haya un mecanismo interno o una garantía de no repetición. Es decir, “¿Qué pasa cuando alguien está denunciando una situación de hostigamiento o de acoso en su trabajo? En el mejor de los casos la empresa despide al agresor, pero no hay un mecanismo que le garantice un debido proceso tanto al violentador como a la víctima de que no volverá a pasar, que eso es lo ideal y lo que tendría que ocurrir”, sentencia Karla Micheel.
La especialista considera importante que las instituciones deben tener una garantía de no violencia entre compañeros
Los pasos a seguir
Cuando una persona fue violentada, debe presentar una denuncia en la que tiene que narrar los hechos. Primero que nada, indica la abogada, es muy importante que la víctima esté enterada de que tiene que ser tratada con calidad, no sólo bien, sino que la autoridad tiene que creerle y no poner en duda su narrativa; también tiene derecho a que no se le culpabilice.
De acuerdo con la Fiscalía Especial para los Delitos de Violencia contra las Mujeres y Trata de Personas, se debe describir, de ser posible, a la persona agresora diciendo su sexo, edad, estatura, complexión, color de piel, vestimenta o cualquier seña particular como cicatrices y tatuajes, entre otras.
Además, debe mencionar el lugar y la hora aproximada en que ocurrió la agresión, así como, en caso de conocer a la persona agresora, decir cuál es la relación que se tiene con ella.
La abogada considera que la mayor parte de las víctimas están denunciando de manera anónima en plataformas digitales porque sienten miedo de acudir a una institución, ya que pueden llegar a sentirse revictimizadas debido a las preguntas que les hacen, sobre todo cuando denuncian este tipo de agresiones.
“Hay un cuestionamiento hacia el comportamiento de las víctimas, pero también se les está responsabilizando; entonces, claro que muchas mujeres van a evitar acudir ante las fiscalías o la procuraduría. Pero las que deciden hacerlo, pueden acudir y presentar denuncias. La autoridad está obligada a recibirlas”
Después de que se les tomó la denuncia ante la Agencia del Ministerio Público Especializada en Delitos Sexuales, se empieza la investigación, en la que puede incluir alguna prueba psicológica de la víctima para evaluar la afectación que pudo haber tenido este hecho en su vida.
La denunciante también debe hacer lo posible por presentar testimonios, ya sean mensajes de texto, audios o mandar llamar a alguien que haya conocido las actitudes del presunto agresor, con el fin de hacer más favorecedora su acusación.
Respecto al presunto violentador, la autoridad le manda llamar para que testifique ante la Fiscalía y dé su declaración sobre los hechos; esto en caso de que la acusación lo refiera como acosador, pero si cometió actos aún más graves, el fiscal solicitará una orden de aprensión para posteriormente detenerlo y presentarlo ante un juez. El acusado tiene derecho a un abogado y a presentar pruebas en su defensa, si es que lo considera prudente.
Si la persona que fue denunciada es considerada culpable, el tiempo que pase detenida dependerá del delito que haya cometido y de la entidad federativa en la que hayan sucedido los hechos.
En el Código Penal de la Ciudad de México, el delito genérico está penado de seis a 17 años de prisión. Para los casos de abuso sexual, de uno a seis años, y en acoso sexual, que puede ser uno de los más comunes en el ámbito laboral, de uno a tres años.
Estos delitos pueden aumentarse cuando participan más personas, cuando hay alguna relación entre la víctima y el victimario o cuando se comete dentro de una institución de trabajo o una escuela, e incluso un automóvil.
Momento de renovar
El año pasado, después de que se soltara en redes sociales el hashtag #MeToo, luego de que una actriz estadounidense denunciara que el director de cine Harvey Weinstein la había acosado sexualmente, algunas de sus colegas la apoyaron y se unieron, declarando diferentes ofensas que también habían recibido por parte de otros directores o productores.
En México se utilizó la etiqueta con el mismo fin. A inicios de este mes, el movimiento que estaba moderadamente en pausa revivió, señalando a múltiples académicos, periodistas y escritores como presuntos violadores.
“Estamos en un momento en el que es importante hacer una revisión, tanto de los delitos como de las consecuencias (…) Ante este movimiento de señalamientos, que están demostrando no ser casos aislados, debe haber una respuesta de la autoridad, por parte del Poder Legislativo, del Poder Judicial y por supuesto del Ejecutivo, para atender estas denuncias”
