Apple Inc. solicitó ayer a una jueza federal revocar su orden para que la compañía ayude al FBI a hackear un iPhone, y acusó al gobierno estadounidense de buscar un “poder peligroso” a través de los tribunales.
Representa el primer salvoconducto en una disputa judicial que podría sentar un importante precedente y establecer nuevos límites legales en la política entre la seguridad nacional y la privacidad digital.
“Ninguna Corte ha autorizado antes lo que el gobierno pide, ninguna ley respalda un uso tan extenso e ilimitado del proceso judicial y la Constitución lo prohíbe”, afirmó Apple.
El Departamento de Justicia propone una “interpretación ilimitada” de la ley que, de no revisarse, podría provocar repercusiones desastrosas para la privacidad digital, la compañía advirtió en un memorándum presentado a la jueza Sheri Pym.
“El gobierno dice ‘sólo por esta ocasión’ y ‘sólo para este teléfono’. Pero el gobierno sabe que esas declaraciones no son ciertas”, escribieron los abogados de Apple.
Señalan que si se obliga a Apple a construir el software que quiere el FBI, “criminales, terroristas y hackers sin duda verán en el código un gran botín y se esperaría que hicieran casi cualquier cosa por robarlo”.
La disputa se volvió pública el pasado martes, cuando Pym instruyó a Apple a ayudar al FBI a acceder al teléfono utilizado por uno de los atacantes de la matanza de San Bernardino, California. (AP)
