La Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH) emitió la Recomendación General 32/2018, en la que reconoció que diversas instituciones gubernamentales son responsables de violar los derechos humanos a la salud, nivel de vida adecuado, medioambiente sano e información pública; lo que se traduce anualmente en la muerte de 17 mil personas, de las que mil 680 son niñas y niños menores de cinco años de edad, por padecimientos vinculados a la mala calidad del aire.
Por lo que la asociación Greenpeace México llama a que la Secretaría de Salud (Ss), a través de la Comisión de Federal para la Protección de Riesgos Sanitarios (Cofepris), modifique urgentemente las Normas Oficiales Mexicanas sobre salud ambiental para evitar más daños por contaminación atmosférica.
La CNDH afirmó que la falta de revisiones exhaustivas y actualizaciones de las Normas Oficiales Mexicanas (NOM) en materia de salud ambiental, son una responsabilidad que corresponde a la Ss, específicamente a la Cofepris.
Greenpeace pide a la Cofepris que emita una Norma de Emergencia que salvaguarde de inmediato los derechos humanos a la salud, al medio ambiente sano y esparcimiento. Asimismo, dice la asociación, es imprescindible que actualice las normas de salud ambiental 020 relativa al ozono; 021, monóxido de carbono; 022, dióxido de azufre; 023, dióxido de nitrógeno; y 025 de material particulado PM 2.5 y PM10.
Éstas están muy por encima de lo que recomienda la OMS. Por ejemplo, el límite promedio de la NOM-022 sobre dióxido de azufre es de 288 g/m3 en 24 horas, mientras que los índices sugeridos por la OMS son de 20 g/ m3 en la misma temporalidad; es decir, 10 veces menos de lo que se permite en México.
También enfatizan la necesidad de ampliar las alternativas de movilidad a través de mejorar el transporte público, ya que —como también reconoció la CNDH— el automóvil es un generador importante de emisiones contaminantes.
La mala calidad del aire mata anualmente a 17 mil personas, de las que mil 680 son niñas y niños menores de cinco años de edad
“Creemos que los gobiernos deben desarrollar planes de movilidad integrales que tengan como eje central a las personas, y con una prioridad en el transporte público, principalmente eléctrico y el transporte no motorizado. Ello a través de generar infraestructura que permita compartir la calle al peatón, al transporte no motorizado, transporte público y al automóvil”, argumentan.