Un país pirata
Si sabemos que es un delito que promueve otras actividades ilegales –delincuencia, narcotráfico–, ¿por qué seguimos comprando y vendiendo piratería?
Pareciera que en México la descarga de películas, música, videojuegos o libros piratas “da lo mismo”.
El factor costo, aunque influye en la compra de productos ilegales, se quedaría corto para explicar por qué una conducta ilícita como tal es considerada como “normal” en la sociedad.
Eugenia Rodríguez“Las autoridades locales empezaron tolerando delitos relativamente menores, como el no pago de impuestos. Hoy los tianguis y otros centros de comercio informal son lugares donde se pueden pactar desde trata de personas hasta compraventa de armas o narcóticos"
Si sabemos que es un delito que promueve otras actividades ilegales –delincuencia, narcotráfico–, ¿por qué seguimos comprando y vendiendo piratería?
Pareciera que en México la descarga de películas, música, videojuegos o libros piratas “da lo mismo”.
El factor costo, aunque influye en la compra de productos ilegales, se quedaría corto para explicar por qué una conducta ilícita como tal es considerada como “normal” en la sociedad.
La realidad es que, ante la escasa regulación de la piratería y el fácil acceso a la misma, formar parte del mercado de los productos ilegales, dentro y fuera de la Red, es sencillo.
Además, a nivel país, el consumo de la piratería ni siquiera se asocia con repercusiones ilegales por parte de las autoridades ni se vincula con consecuencias en el bienestar individual. En el inconsciente colectivo se tiene la idea de que esta práctica “es ilegal pero no grave”.
Estas fueron las conclusiones de un estudio realizado por la American Chamber of Commerce of México (AMCHAM) y el Centro de Investigación para el Desarrollo, A.C. (CIDAC) titulado “Reporte Piratería: entendiendo el mercado ‘sombra’ en México”.
Pese a que 70 por ciento de la población sabe que la piratería tiene efectos negativos para el país, el 58 por ciento no los considera graves.
También se encontró que el 53 por ciento de las personas que utilizan Internet reconoce haber descargado música y películas o series de televisión piratas. Y entre 20 y 30 por ciento descargó software, juegos y libros.
Los datos del informe se basan en encuestas realizadas en 2011 en la Ciudad de México, Monterrey, Guadalajara y Puebla.
Además de encontrar que “existe una aceptación social bastante generalizada hacia la piratería a pesar de que la mayoría de la gente sabe que es ilegal”, el estudio revela que “existe una importante noción de ausencia o debilidad del Estado de Derecho y de respeto a las normas”: entre 40 por ciento y 63 por ciento de los entrevistados opinaron que la mayoría de las personas en el país se involucra en conductas ilegales o poco éticas, como tirar basura en la calle, sobornar o dar “mordidas”, pasarse los altos, estacionarse en lugares prohibidos y manejar en estado de ebriedad.
Un ‘cáncer’ agresivo
De acuerdo con el informe “Industrias creativas y obra protegida: informalidad, redes ilegales, crecimiento de la industria y competitividad en México” del Instituto Mexicano para la Competitividad (IMCO), las pérdidas por la piratería en este sector representan el 0.4 por ciento del Producto Interno Bruto (PIB) nacional, lo que se traduce en más de 59 mil millones de pesos al año.
Las industrias creativas se definen como aquellas que “producen o son sujetas de producir obra protegida por derechos de autor, ya sea incluida en otros bienes o en su distribución”, como la música, la literatura, el cine y la televisión, que “están integradas por creadores, productores y distribuidores”.
El informe alude a la falta de protección de los derechos de autor en México como un “cáncer” que deteriora la competitividad y disminuye el potencial de crecimiento económico que las industrias creativas legales podrían aportar al país.
Pese a que “la protección de obra es competencia federal, los estados y municipios mexicanos tradicionalmente se han hecho de la vista gorda con estos delitos, con consideraciones que van de lo absurdo a lo cómico”, denuncia el reporte.
“Las autoridades locales empezaron tolerando delitos relativamente menores, como el no pago de impuestos. Hoy los tianguis y otros centros de comercio informal son lugares donde se pueden pactar desde trata de personas hasta compraventa de armas o narcóticos. La supervisión está a cargo de los propios líderes de comerciantes, lo cual hace que el Estado no esté presente en esas transacciones”.
El IMCO subraya que México tiene un potencial no aprovechado enorme, en cuanto a entretenimiento se refiere.
“(…) La oportunidad está ahí, en industrias donde México claramente tiene una ventaja comparativa en el mundo. Desde la edición de libros en español, hasta la pintura y arquitectura, hasta la música, las telenovelas y el cine, el potencial de crecimiento para los mexicanos a partir de las industrias creativas es enorme”, dice el informe.
“Ese potencial solamente se materializará si nadie les roba su trabajo”.
¿La cura del ‘cáncer’?
Estamos en pleno siglo 21. Además de una reforma constitucional que obligue a los municipios, estados y la federación a coordinarse, parte de los esfuerzos de política pública para evitar los delitos de propiedad intelectual en el país y contribuir al crecimiento de las industrias creativas legales deben dirigirse a la mejora de recursos tecnológicos, en lugar de aumentar el despliegue de policías en un territorio, indica el estudio.
Medidas que propone IMCO
> Incorporar mecanismos de GPS para los equipos electrónicos de copia de obra protegida, especialmente las computadoras de alta velocidad con múltiples quemadores.
> Extender la supervisión en las redes informáticas donde se puede hacer streaming de obra protegida.
> Enfocar esfuerzos en mecanismos de distribución vía red donde la autoridad pueda aplicar esquemas de vigilancia, a diferencia de las transacciones anónimas en efectivo realizadas en tianguis y mercados callejeros que, al no dejar rastro, no pueden ser detectadas por las autoridades.
Castigo equilibrado
“Una autoridad más tolerante con las copias ilegales de películas de hace 25 años, pero absolutamente estricta respecto al éxito de taquilla que se está exhibiendo hoy en cines, podría tener más éxito para impedir el daño que genera la obra protegida a la industria creativa”, señala el informe del IMCO, que alude a evidencia del docente en políticas públicas estadounidense Mark A. R. Kleiman de que intensificar los castigos no contribuye a frenar la ilegalidad.
Se trata de adoptar un esquema de castigos “lógico”, pues “la prisión por períodos largos ha sido poco efectiva en el mundo para impedir conductas ilegales. Por lo general, las cárceles (…) se convierten en escuelas de crimen con cargo al erario público. Los criminales pequeños salen de las cárceles graduados como criminales profesionales”.
“Dado que el castigo típico es muy alto (dos a seis años de prisión por piratería de películas, por ejemplo), existen incentivos para que el infractor use medios legales (como el amparo) y extralegales (como la huida) para evitarlo”, advierte el IMCO.
