“No solo fue el incendio lo que mató a mi hijo y a los otros 48 niños, también fue la corrupción”, afirmó José Francisco García, padre de Andrés Alonso, uno de los pequeños que murió en el incendio de la Guardería ABC en Hermosillo, Sonora en el año 2009.
Francisco, miembro del Movimiento 5 de junio, dijo estar convencido de que la tragedia de ABC es un crimen de Estado, uno que culminó con la muerte de 25 niñas y 24 niños. “Esta actual administración dice que está atacando la corrupción de raíz, pero jamás mencionan qué harán en nuestro caso. Aquí también hubo negligencia y omisiones que pagamos con la vida de nuestros hijos. Ya no queremos discursos, queremos que se imparta justicia”.
De acuerdo con la recomendación 49/2009 de la Comisión Nacional de Derechos Humanos (CNDH), el 5 de junio de 2009 a las 14:40 horas se inició un incendio en la bodega ubicada en avenida Ferrocarril en Hermosillo, Sonora, la cual era arrendada por la Secretaría de Hacienda de la entidad. El fuego se propagó al inmueble contiguo: la Guardería ABC, S.C, subrogada por el Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS). Ese día, 49 menores perdieron la vida y un número indeterminado de niños y adultos resultaron lesionados.
Una década de peregrinar por justicia después, padres de los 49 niños comparten en entrevista para Reporte Índigo que no les interesa una disculpa pública del actual Gobierno, sino que la Ley General de Prestación de Servicios para la Atención, Cuidado y Desarrollo Infantil, misma que ha sido llamada “Ley 5 de junio”, se homologue en todo el país para que nunca más se arriesgue la vida de los pequeños.
“A mi de qué chingados me sirve una disculpa si mi hija ya está muerta; para qué quiero que me digan ‘lo siento’ si así no me la van a regresar… a mí díganme que habrá castigo, garanticen la no repetición de los actos porque de 2009 para acá han muerto más de 70 niños por cuestiones totalmente evitables en estancias infantiles”, declaró Abraham Frajio, padre de Emilia, una de las 25 niñas que perdió la vida en el incendio.
Para él, lo que el Estado mexicano le debe a su familia y al resto de los padres es un castigo ejemplar para los responsables, uno que sirva para que otros funcionarios públicos hagan bien su trabajo y que nadie más vuelva a ser omiso.
En la recomendación de la CNDH, destacan algunas irregularidades con las que funcionaba la Guardería, por ejemplo, que ésta debía estar alejada de vías rápidas, carreteras, gasolineras o cualquier otra circunstancia que constituyera algún motivo de riesgo. Sin embargo, la ubicación del inmueble se encontraba a unos metros de Periférico Sur y colindaba con un expendio de llantas instalado antes que la propia guardería.
Debido a dichas irregularidades, las cuales contribuyeron a la pérdida de vidas de los pequeños, José Francisco explicó que existe una sentencia contra 19 personas, aunque originalmente debían ser procesadas 28.
“Disminuyeron los implicados porque en algunos casos se argumentó que las pruebas no eran suficientes para procesarlos. Tampoco se ha aplicado sentencia para las personas procesadas porque se ha ido postergando debido a una serie de recursos”, detalló.
Entre las personas acusadas se encuentran los dueños de la Guardería ABC, Antonio Salido y Sandra Téllez, así como funcionarios de Protección Civil a nivel estatal, y municipal. Sin embargo, ninguno de ellos ha pisado la cárcel y han llevado el proceso en libertad.
Por su parte, Frajio explicó que no se puede hablar de justicia para el caso mientras no estén sujetos a proceso todos los involucrados. “Falta el entonces gobernador, Eduardo Bours, por haber permitido hacer negocio con las guarderías; o los dueños de la misma, por ejemplo Altagracia Gómez, prima directa de la entonces primera dama, Margarita Zavala. Pero a ella la exoneraron del caso antes de que Calderón dejara la presidencia”.
Gracias a la lucha imparable de los padres, en octubre de 2011 se promulgó Ley General de Prestación de Servicios para la Atención, Cuidado y Desarrollo Infantil en la cual se establece que “se promoverá el ejercicio pleno del derecho de los niños en materia de prestación de servicios para la atención, cuidado y desarrollo integral infantil, garantizando el acceso de infantes a dichos servicios en condiciones de igualdad, calidad, calidez, seguridad y protección adecuadas”.
No obstante, otra de las deudas que existen para el caso ABC es la debida aplicación en todo el país de dicha Ley. Francisco indicó que gracias a la insensibilidad y la falta de compromiso con la niñez por parte de las autoridades, a casi ocho años de su decreto, aún no se puede garantizar que ABC no sucederá nunca más.
“En la gran mayoría del país ni siquiera se difunde la Ley 5 de junio, mucho menos se garantiza su aplicación efectiva. La Ciudad de México es una de las entidades que todavía no la integra a su reglamento, ¿cómo interpretamos eso?, ¿los niños de ahí jamás tendrán seguridad?”, denunció.
La vida sin ellos
Hoy Emilia tendría poco más 13 años. Y su padre no puede evitar preguntarse cómo sería esa niña que a los tres años no paraba de jugar, de correr con el cabello alborotado; aquella que no dejaba de cantarle.
“Aprendes a sobrevivir a la ausencia física de tu hija. Los primeros años fueron complicados, cuando no estaba en el tema de movilización y organización, simplemente yo dejaba de funcionar. Tuve que aprender a manejar el dolor y tragarlo… y vivirlo, pero no fue fácil.
“Puedo decir que Emilia, todavía después de su muerte, me ha enseñado a ser papá; a ser un buen ciudadano. Me regaló el interés en materia de derechos humanos. Pero no voy a mentir: hay fechas como cumpleaños, Navidad, Día de Reyes, del Niño; el 5 de junio, que volteo y veo una silla vacía y ahí me pega cabrón”, dijo Abraham. Por su parte, para José siempre será importante tener presente que ABC no sólo fue un número sino que se trataba de niños, de rostros; de su hijo…
Frajio adelantó que este viernes 7 de junio sostendrá una reunión con la actual gobernadora de Sonora, Claudia Pavlovich, y dijo que si bien el acercamiento será importante por el nivel de los funcionarios que estarán presentes, podría ser también un evento más para decir que no hay voluntad política por parte de las autoridades.