100 días agónicos

Monterrey

Entre la polémica y el legado de ‘Larry’

El inicio de la administración municipal de Monterrey encabezada por la alcaldesa Margarita Arellanes se ha visto empañado por los conflictos en los que se ha involucrado su gobierno.

La panista ha tenido que enfrentar cuestionamientos por la contratación de una empresa bróker para la reestructuración de la deuda municipal y por la asignación de un contrato para el abasto de las medicinas.

Los operativos que montó el Municipio de Monterrey para hacer cumplir la Ley de Alcoholes también han enfrentado a Arellanes con los propietarios de antros que exigen ampliar el horario de venta de alcohol.

Es en materia de seguridad donde la alcaldesa ha tenido mejores resultados con la designación de oficiales de la Marina como mandos en la Policía Municipal de Monterrey y como responsables de áreas sensibles como Tránsito y Alcoholes.

En la consolidación, o no, de proyectos como el segundo piso en Gonzalitos, la depuración de Tránsito y la regeneración del Centro de la Ciudad recaerá el éxito de su gestión y sus aspiraciones por la gubernatura.

San Pedro

Herencia de puras promesas

El alcalde de San Pedro Ugo Ruiz recibió de su polémico antecesor asuntos pendientes y cuestionados proyectos que ha tenido que sortear durante los primeros pasos de su gestión.

En el arranque de su trienio el edil tuvo que mutilar el muro de los andadores que formaba parte del Emblema San Pedro, una obra de 300 millones de pesos promovida por Mauricio Fernández y cuestionada por vecinos, arquitectos y organizaciones de la sociedad civil.

Como parte del desgaste inicial del trienio está la instalación de los parquímetros en el Centrito Valle, luego de meses de disputas entre la recién creada empresa San Pedro Meters y los colonos.

Otra herencia fue la aprobación del Plan de Desarrollo Urbano 20-30, que no ha podido concretarse debido a la falta de consenso con constructores y desarrolladores que promovieron amparos.

Además está pendiente la construcción de los cuarteles de seguridad, prometidos por Fernández, así como la solución del conflicto entre el Municipio y los clubes deportivos Avispones y Pumas, que se han resistido a su salida de Fuentes del Valle.

Apodaca

Controla finanzas, pero es inseguro

Apodaca mantiene su deuda controlada, pero con los índices delictivos más altos en Nuevo León.

La deuda que heredó el alcalde Raymundo Flores del ex munícipe Benito Caballero fue de 191 millones de pesos. Y para éste año el Congreso les ha autorizado contratar deuda de hasta 96 millones de pesos.

Pero respecto al tema de la inseguridad el municipio sigue siendo golpeado por las incursiones del crimen organizado, aunque el munícipe reforzó con 60 ex militares la corporación policial.

En infraestructura vial, el Estado entregó dos proyectos nuevos en los que invirtió casi 80 millones de pesos, como parte de una reconstrucción por el huracán “Alex”.

Primero fue el camino Agua Fría-Zuazua, de 4 kilómetros, a cargo del Sistema Estatal de Caminos. El otro proyecto fue el  puente de  341 metros de largo de la Carretera Laredo

– Santa Rosa

Y al igual que otros municipios, por la necesidad de dinero, comenzó a sancionar  ciudadanos ruidosos con multas de entre mil 200 y 5 mil pesos.

San Nicolás de los Garza

El Municipio de San Nicolás no dispone de ningún margen de maniobra financiero

 Esta situación adversa ha quedado demostrada en el arranque discreto que ha tenido el alcalde Pedro Salgado.

San Nicolás es en la actualidad el municipio per cápita más endeudado del país, una pesada carga que impide que Salgado pueda comprometerse con obras. 

La crítica situación ha obligado al alcalde a realizar recortes de personal e implementar un programa de austeridad para tratar de aliviar la presión que existe en las finanzas municipales.

Salgado se ha visto involucrado, como el resto de los alcaldes metropolitanos, en debates y polémicas.

Como el de las multas por conducir ebrio, el incremento en el impuesto predial y las sanciones a vecinos por exceso de ruido.

Salgado, junto con Víctor Pérez, alcalde de Santa Catarina, no designó a un militar en la Secretaría de Seguridad Pública, sino puso al civil Fernando Garza quien se había desempeñado como titular de la Policía Regia de Monterrey.

Escobedo

Continúa con plan de seguridad y rescata espacios

La continuación del proyecto de seguridad municipal que inició su predecesora fue uno de los primeros pasos que dio el alcalde de Escobedo, César Cavazos.

El edil recibió de Clara Luz Flores una Policía depurada y saneada a cargo del general Hermelindo Lara, quien se ha dado a la tarea de reorganizar el modelo de proximidad y de capacitar aún más a los ex militares encargados de la seguridad.

Sin embargo, el munícipe todavía tiene el reto de enfrentar a la criminalidad enquistada en el municipio y de reducir los altos índices delictivos.

Por eso es que una de sus primeras decisiones fue la de invertir 36 millones de pesos en unidades y equipo para la Secretaría de Seguridad Municipal.

En materia de desarrollo urbano, la administración de Cavazos arrancó la rehabilitación y activación de espacios públicos.

Recientemente fue aprobado el Plan de Desarrollo Urbano de Escobedo 20-32, que promoverá una inversión de 14 mil 395 millones de pesos en obra pública. 

También impulsó una ruta peatonal intermunicipal con San Nicolás que funciona los domingos, con el objetivo de fomentar la convivencia entre los dos sectores.

Uno de los primeros desaciertos de Cavazos fue la de sumarse a las multas por ruido que van de 200 hasta los 20 mil pesos.

Santa Catarina

Sin dinero y sin Policía

El alcalde Víctor Pérez inició su administración solicitando un aumento del 30 por ciento al impuesto predial para tratar, al menos, de hacer funcionar el endeudado Ayuntamiento.

Además de denunciar que en la nómina municipal había unos 300 aviadores que fueron contratados en los últimos ocho meses de la administración del ex munícipe Gabriel Navarro.

Esto, sumado al clima de inseguridad, con una Policía infiltrada por el crimen que todavía no puede terminar de sanearse.

De hecho, el corredor de Santa Catarina-García es uno de los más peligrosos en el área metropolitana de Monterrey.

Golpeado por la inseguridad y por la deuda, Pérez entró a su administración buscando recursos y sin obra pública en mente, por ello peleó públicamente que la Línea 3 del Metro fuera construida hacia su municipio.

Zona del poniente donde hay una gran cantidad de casas-habitación, pero el transporte público es deficiente.

Sin embargo, el Metro no irá hacia allá y Pérez no tiene recursos para obra pública.

Los pasivos a largo plazo de Santa Catarina ascendían al término de la administración de Gabriel Navarro a cerca de 500 millones de pesos.

Esto, aunque el exalcalde recibió la administración hace tres años con obligaciones financieras solamente por 40 millones de pesos.

Guadalupe

No hubo de otra: Aumento al predial

Desde que llegó a Guadalupe, el ex diputado priista César Garza sabía que enfrentaría dos grandes escollos: deuda pública y un maloliente retraso de pagos a su proveedor de recolección de basura. 

Pero eso sí, en cuanto al nivel de inseguridad que había hace tres años en ese municipio, Garza llegó a la Alcaldía con una Policía fuerte que ahora sí enfrenta a balazos a la delincuencia organizada.

Así que dos de las principales acciones de Garza fueron encaminadas a allegarse recursos rápidamente con el aumento del impuesto predial.

Y por otro lado, a pagar la deuda para que limpiaran de basura las calles guadalupenses. Incluso antes de asumir como alcalde firmó un convenio con SETESA.

El 25 octubre del año pasado acordó con esa compañía pagar 90 millones de pesos, a cambio de reanudar el servicio de recolección.

Y en cuanto al incremento del 40 por ciento al predial, para quienes no paguen antes de marzo de este año, decidió correr con el costo político porque la deuda a largo plazo del Ayuntamiento es desesperante, es de 642 millones de pesos.

Cifra que representa un 137 por ciento arriba, en comparación con el pasivo que tenía Guadalupe en 2009.

De hecho, hace tres años la deuda ascendía a 270 millones de pesos, pero la ex alcaldesa y senadora del PRI Ivonne Álvarez logró ubicar a Guadalupe entre los 16 municipios más endeudados del país.