En este paquete se encuentra la Ley de Fuerza Civil, iniciativa enviada por el Ejecutivo estatal para dotar de personalidad jurídica a la corporación, y otras modificaciones a la Ley de Seguridad Pública de Nuevo León
El 2013 será un año clave para la reforma penal en Nuevo León.
Las recientes reformas legislativas en la materia pondrán a prueba al menos tres aspectos fundamentales en la procuración e impartición de justicia en la entidad.
Estos son el papel de investigadores de las corporaciones policiales, el desempeño de la Procuraduría del Estado y las capacidades del Poder Judicial de Nuevo León.
La reciente migración de 25 delitos del viejo Código de Procedimientos Penales al nuevo Código Procesal Penal -que entró en vigor en enero- evaluarán las capacidades de los operadores del nuevo sistema penal acusatorio.
A partir de este año, Fuerza Civil y las corporaciones locales de Seguridad afrontan el reto de auxiliar al Ministerio Público en la investigación de estos delitos que se procesarán bajo el nuevo sistema.
Antes de concluir el 2012, los diputados locales aprobaron reformas con las que dotaron a las policías de la facultad de investigación para prevenir delitos.
En este paquete estaba la Ley de Fuerza Civil, iniciativa enviada por el Ejecutivo estatal para otorgar personalidad jurídica a la corporación, y otras modificaciones a la Ley de Seguridad Pública de Nuevo León.
“El policía es el primero que llega a la escena del crimen, tiene que preservarla. Por eso se le está dando un rol más participativo en el proceso del Ministerio Público”, dice el presidente del Congreso local, el diputado del PAN Luis David Ortiz.
“La iniciativa que mandó el Ejecutivo venía un poco abierta, estamos acotando y definiendo claramente el término (de prevención del delito)”.
Con esta definición también se le dio a los elementos de Fuerza Civil y a los policías municipales la posibilidad de realizar actividades encubiertas para generar inteligencia y no actuar sólo en flagrancia.
El Tercer Informe del Observatorio Ciudadano de Justicia de Nuevo León (OCJNL), dado a conocer el pasado 20 de diciembre, reveló que los agentes municipales carecen de herramientas para operar el nuevo sistema y que las fuerzas estatales están a medio camino en su capacitación.
Según el reporte, aunque la implementación del nuevo sistema lleva un 72 por ciento de avance en el Estado, el policía continúa siendo el eslabón más débil en el proceso.
De ahora en adelante este operador tiene el desafío de recabar evidencias en los delitos que se acaban de incorporar al Código Procesal Penal.
Son 18 delitos que empezaron a tramitarse a partir de este martes 1 de enero, entre ellos el tráfico de influencias, delitos cometidos en la administración de justicia, violencia familiar, delitos electorales, enriquecimiento ilícito y alteración de la escena del crimen.
Los siete restantes lo harán a partir de marzo: pornografía infantil, usurpación de funciones, atentados al pudor, pornografía de personas privadas de la voluntad, aborto, usura y homicidio culposo.
El nuevo rol de la Procuraduría
El 2013 también pondrá a prueba las capacidades de la Procuraduría del Estado.
La aprobación de la nueva Ley Orgánica de la Procuraduría significó un cambio estructural en la dependencia, porque ahora tiene un área de Planeación, Seguimiento e Imagen.
Esa área será la más importante, porque se coordinará con la Comisión Ejecutiva para la Reforma del Sistema de Justicia Penal (SIJUPE), el órgano implementador en la entidad.
“Ésta va trabajar de la mano con el SIJUPE, que depende de la Secretaría General de Gobierno, y va a ir midiendo la aplicación del sistema de justicia penal en el Estado”, asegura el presidente de la Comisión de Seguridad y Justicia en el Congreso, el diputado priista Francisco Cienfuegos.
“Tiene que haber un órgano que tiene que ver la transición entre el viejo sistema y el nuevo sistema, para buscar evaluaciones y áreas de oportunidad”.
El área también se encargará de evaluar el procesamiento de los nuevos delitos que se vayan incorporando al nuevo código penal.
“Ahí se van a procesar la información y los casos de manera distinta”, comenta por otro lado Luis David Ortiz.
“Se crea precisamente porque no es lo mismo integrar un expediente en papel que integrar un expediente para el nuevo sistema”.
Además, este cambio implica que para despresurizar el pesado aparato de impartición de justicia la Procuraduría se encargará de resolver algunas denuncias a través de la mediación y la conciliación.
Ambos diputados dicen que los delitos que se incorporaron al Código Procesal Penal representan el 50 por ciento en el Estado, pero que sólo el 25 por ciento llegará ante un juez y la otra mitad se solucionará en la Procuraduría.
A diferencia de los legisladores locales, el juez de control José Luis Pecina sostiene que es difícil estimar este resultado, porque todo depende del trabajo de la dependencia.
“Es impredecible, porque todo depende del trabajo del Ministerio Público, de cómo se comporte la Procuraduría”, manifiesta el especialista en la reforma, autor de libros y uno de los cinco jueces de control que tiene Nuevo León.
