La nueva Ley de Responsabilidades Administrativas, aprobada la semana pasada por diputados del Congreso local de Nuevo León, dejó fuera la propuesta de que los candidatos a un puesto de elección presenten su declaración patrimonial, de intereses y fiscal, conocida como declaración 3de3.
Sin embargo, esta Ley exige a los proveedores o particulares a presentar esta documentación a la hora de formalizar un contrato por prestación de servicios, como si fueran funcionarios públicos.
Previo a la aprobación del proyecto, diversas organizaciones civiles presentaron varias propuestas para que se incluyera a los candidatos como figuras obligadas a presentar 3de3, y con esto evitar cualquier tipo de conflicto de intereses en caso de llegar tanto a las alcaldías como al Gobierno estatal. Pero los legisladores simplemente las dejaron fuera de la propuesta final.
“No existe un argumento convincente por parte de los diputados para evitar las investigaciones sobre fenómenos de enriquecimiento durante las campañas políticas (…) simplemente se rechazó en el seno de algunas bancadas”, criticó la Coalición Anticorrupción, perteneciente al Consejo Cívico.
Inexplicablemente, los diputados aprobaron la Ley de Responsabilidades Administrativas de última hora, durante el segundo periodo ordinario del primer año legislativo, que concluyó el pasado miércoles 15 de mayo.
Sobre esto, algunos legisladores consideraron que el dictamen circuló sin tiempo adecuado para su estudio por la Comisión de Legislación, que preside el funcionario local del PAN, Félix Rocha Esquivel, una acción que se mantiene levantando suspicacias.
Contraloría, juez y parte
Asimismo, la nueva Ley de Responsabilidades Administrativas limita la participación de la Auditoría Superior de Nuevo León, que no podrá tener la facultad cuando exista un riesgo de conflictos de interés, falta de imparcialidad, alteración de pruebas o intimidación de testigos.
Existía una propuesta para que la Auditoria tuviera facultades para investigar, pero no fue incluida por los diputados del Congreso local.
El artículo 11 de esta Ley local, establece que en caso de que la Auditoría detecte alguna de estas anomalías, deberá enterar a la Contraloría estatal o municipal o al órgano interno de control para que continúen con la investigación necesaria.
“En caso de que la Contraloría detecte posibles faltas administrativas no graves, dará cuenta de ello a los Órganos Internos de Control, según corresponda, para que continúen la investigación respectiva y promuevan las acciones que procedan”, indica el nuevo documento.
De igual forma, cuando la Contraloría estime que ella debe instruir una investigación o procedimiento administrativo de responsabilidad, podrá ejercer la facultad de atracción, requiriendo a la autoridad que conoce del asunto el envío del expediente respectivo.
Por su parte la Coalición Anticorrupción lamentó que la Ley de Responsabilidades Administrativas votada este miércoles en el Congreso, haya excluido la facultad de atraer la investigación de casos por la Auditoría Superior del Estado.
