A un año de la tragedia en el Paso Exprés de Cuernavaca, donde dos personas perdieron la vida al caer en un socavón en esta vialidad, ninguno de los involucrados en la obra ha sido sancionado penalmente por el incidente, y el castigo ha quedado en meras sanciones administrativas.
Además, a 12 meses de aquel fatídico 12 de julio de 2017, las advertencias sobre el riesgo que sigue representando este tramo carretero continúan vigentes.
Hoy sabemos que la muerte de Juan Mena López y de su hijo Juan Mena Romero, quienes cayeron con su auto al fondo del socavón y perdieron la vida horas más tarde, lejos de ser un accidente fue consecuencia de una combinación de diversos factores como una mala planeación, omisiones por parte del consorcio constructor y de la SCT y falta de coordinación por parte de los equipos de rescate.
Mientras esta mañana integrantes de la Asociación Cívica Morelense cerraron la vialidad en el Paso Exprés para recordar a los dos fallecidos. Por espacio de apenas unos minutos los manifestantes ‘clausuraron’ de manera simbólica la obra y volvieron a señalar la presunta corrupción de la SCT y las fallas de Aldesa, la compañía constructora.
Precisamente en este primer aniversario de la tragedia, el el vicepresidente regional de Canacintra en Morelos, César Ayala Franco señaló que esta obra sigue siendo un ‘sinónimo de corrupción e impunidad’ ya que hasta la fecha sigue representando un riesgo latente para los automovilistas que transitan por esta vialidad.
Entre las denuncias que se siguen presentando es que a un año de la tragedia, el tramo carretero sigue presentando anomalías que se hacen más evidentes en la temporada de lluvias, como por ejemplo el hundimiento registrado hace unas semanas. Ante esto, la principal inquietud es que solamente se realizan reparaciones provisionales sin que se realice una valoración exhaustiva del estado general de la obra.
Aunque desde septiembre de 2017 las autoridades federales y el consorcio constructor llegaron a un acuerdo reparatorio por daño moral y daño material (cuyo monto es confidencial), hasta el momento solo 8 funcionarios han sido sancionados, pero a nadie se le han fincado responsabilidades penales.
Hace una semana, la Secretaría de la Función Pública informó sobre el cierre parcial de las investigaciones sobre el incidente. La dependencia determinó 24 procedimientos de sanciones de los cuáles ha resuelto 21 que se han saldado con castigos a ocho servidores públicos; siete de la SCT y uno más de Conagua.
Las sanciones van desde suspensiones temporales y destituciones, hasta inhabilitaciones para el ejercicio de cargos públicos por periodos de tres meses, un año y 10 años. Sanciones que ojos de muchos resultan insuficientes, sobre todo tomando en cuenta que previo a la tragedia ya habían advertido a las autoridades sobre los riesgos estructurales de la obra.
