En el primer semestre de 2020, 52 mujeres han practicado un aborto en Nuevo León. El Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública (SESNSP) reporta esta cifra dentro de los delitos del fuero común que atentan contra la vida y la integridad.
Estos casos se distribuyen de la siguiente manera, mes con mes. En enero hubo ocho casos; en febrero, la misma cantidad; en marzo, seis; en abril la cifra fue de 10; en mayo ocurrió el mayor número, es decir, 13; mientras que en junio fueron siete abortos.
Abril y mayo, los meses de encierro por la pandemia de COVID-19 son los que registran los números más altos, de dos dígitos. Mientras que al inicio de año, en los primeros tres meses, la cifra fue menor.
La entidad neoleonesa es la segunda a nivel nacional con el mayor número de casos, sólo después del Estado de México, con 71. En tercer lugar está la Ciudad de México con 47 abortos; le sigue Baja California con 19 y Tamaulipas con 18 se encuentra en quinto sitio.
Ley anti-aborto a un año
El 6 de marzo de 2019, diputados del Congreso local aprobaron una reforma al Artículo 1 de la Constitución de Nuevo León, que garantiza el derecho a la vida desde la concepción hasta la muerte natural, la llamada Ley Antiaborto.
“El Estado reconoce, protege y tutela el derecho a la vida que todo ser humano tiene. Desde el momento de la concepción entra bajo la protección de la Ley y se le reporta como nacido para todos los efectos legales correspondientes, hasta su muerte natural”, establece la modificación.
Además, el dictamen aprobado considera castigar un aborto aun cuando se deba a inseminación artificial no consentida. Incluso, las autoridades sancionan al personal de salud con la privación de su libertad de uno a tres años y la suspensión profesional de dos a cinco años.
La reforma hoy está impugnada en la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) por la Comisión Estatal de los Derechos Humanos de Nuevo León (CEDHNL), por considerar que es inconstitucional y que atenta contra los derechos de las mujeres.
La Ley Antiaborto abre la puerta para que la interrupción del embarazo, al ser considerada ilegal, se realice de manera clandestina y con condiciones no muy seguras, afirma Jennifer Aguayo, dirigente del colectivo por la Igualdad de Nuevo León.
“Hay que recordar que el aborto en Nuevo León está penalizado, esto obliga a las mujeres que tiene embarazos no deseados a ir a clínicas clandestinas o que ellas mismas en su casas, con métodos no seguros, se practiquen el aborto”, menciona.
Aguayo menciona que las cifras oficiales son unas mientras existen datos que se desconocen. Por ello, lo que realmente debe importar es la salud pública de las mujeres, con el aborto legal, seguro y gratuito.
“Las cifras oficiales ahí están. Pero, ¿qué nos está obligando esta penalización que nos hicieron a las mujeres? Pues a que haya miles de abortos practicados en clínicas clandestinas”, dice la activista.
Para Aguayo, la ley es obsoleta porque predomina el derecho de cada persona a elegir sobre su propio cuerpo.
“Este es el debate al que debemos llegar, realmente, no el que moralmente se puede o no se deba. Están legislando desde ideologías, prejuicios y hasta sobre creencias personales o religiosas”, lamenta.
