Aborto en Jalisco: justicia pendiente

Enamorada de su novio, Angélica, de 12 años, estaba feliz. Estaba por terminar la primaria y ya podía presumir a un novio de 19 años. Era el hermano del novio de su madre y cedió ante los chantajes a los que recurría él para que tuvieran relaciones sexuales.

El encanto terminó cuando las presiones sexuales llegaron a los golpes. No pudo escapar de la violencia a la que era sometida, pues su novio y su hermano vivían en su casa. Como producto de las violaciones Angélica se embarazó, sin poder escapar de su victimario.

Sonia también fue violentada en casa. Con apenas 11 años fue víctima de diversas violaciones a las que la sometió su padre, en complicidad con su madre. 

Tras conocer sobre la violencia sexual a la que había sido sometida, las autoridades estatales se hicieron cargo de ella. Pese a que está embarazada, no han solicitado la interrupción legal de su embarazo.

Estos se suman a los más de 26 mil 200 casos de violencia contra niñas y mujeres que ocurrieron durante el pasado 2015 en el país, según datos del Banco Nacional de Datos e Información sobre Casos de Violencia contra las Mujeres (Banavim).

A este silencio se suma el conservadurismo de una sociedad que se opone al aborto.

Disparan casos

Dentro del Código Penal del Estado de Jalisco existen formas legales de acceder al aborto cuando el embarazo es producto de violación sexual, única causal que existe para acceder a la Interrupción Legal del Embarazo (ILE) en todo el país.

Datos de la Secretaría de Salud de Jalisco (SSJ), obtenidos por Reporte Indigo vía transparencia, detallan que durante el 2015 se registraron 138 embarazos por violación sexual.

La cifra contrasta con 30 casos que la misma institución registró durante 2014, y los tres de 2013, además de que el 72 por ciento ocurrió en un ambiente de violencia familiar.

Desde el plano federal el acceso a la ILE se vuelve cada vez más sencillo.

El pasado 24 de marzo se publicó en el Diario Oficial de la Federación una serie de modificaciones a la NOM-046-SSA2-2005, para permitir que las menores de 12 años víctimas de una violación puedan acceder al aborto sin el requerimiento de solicitud de una “autoridad competente”, como pueden ser las instituciones de procuración de justicia o los padres o tutores.

Las modificaciones se hacen en armonización con la Ley General de Víctimas, lo que demuestra un avance, ya que de los 138 embarazos por violación en Jalisco, el 73 por ciento fueron en mujeres menores de edad.

De las mujeres que acudieron ante la SSJ por violación sexual y resultaron embarazadas, el 52 por ciento también fue víctima de violencia psicológica, y el 16 por ciento también denunció agresión física.

Pese a ese panorama hay barreras que impiden a las víctimas de violación sexual el acceso a la Interrupción Legal del Embarazo (ILE), a pesar de que ésta sea la única causal legal en todo el país.

Estancados 

En Jalisco, las causales legales de aborto, de acuerdo con el artículo 229 del Código Penal estatal, son cuando el embarazo es producto de una violación, cuando es imprudencial o culposo, o cuando se corre peligro de muerte y salud.

De acuerdo con el Grupo de Información en Reproducción Elegida (GIRE) en su informe 2015, en Jalisco no existen requisitos legales o protocolarios para acceder al aborto por violación. Sin embargo esto es visto como un obstáculo, como también lo ha descrito la Comisión Ejecutiva de Atención a Víctimas (CEAV).

“Dichas omisiones (legales y protocolarias) pueden ser un obstáculo a la materialización del aborto, para que el acceso a la justicia se materialice en las víctimas de violación”, señaló la CEAV en su Primer Diagnóstico sobre atención de la violencia sexual en México, en marzo pasado.

El estado se ha estancado en un conservadurismo respecto a este tema: en el 2009 el Congreso Local avaló la llamada “Ley Antiaborto”, que contempla la vida desde el momento de la concepción hasta la muerte natural y permitió modificar el Código Penal para sancionar con cárcel a quien haga o se practique un aborto.

Este tipo de sanciones se contemplan en las legislaciones locales de otros 17 estados del país, y han contribuido a promover un clima de confusión e incertidumbre jurídica entre el personal de servicios de salud, procuración de justicia y las propias mujeres, así lo menciona el GIRE.

Con las modificaciones a la NOM 046 los servicios de salud no sólo deberán respetar la conciencia de su personal, sino contar con personas que no tengan objeción para practicar un aborto legal.

“Se deberá respetar la objeción de conciencia del personal médico y de enfermería encargados del procedimiento (…) las instituciones públicas de atención médica, deberán contar con médicos y enfermeras capacitados no objetores de conciencia. 

“Si en el momento de la solicitud de atención no se pudiera prestar el servicio de manera oportuna y adecuada, se deberá referir de inmediato a la usuaria, a una unidad de salud que cuente con este tipo de personal y con infraestructura de atención con calidad”, señalan las modificaciones a la NOM 046.

Sin acceso inmediato

Jalisco está lejos de proporcionar el acceso al aborto legal. 

La Fiscalía General emitió apenas el pasado mes de febrero la primera aprobación de ILE en la entidad, tras la denuncia de una víctima de violación sexual que recurrió a la Unidad Especializada en la Investigación de Delitos Contra las Mujeres.

Ante la solicitud expresa de la joven, las autoridades giraron el oficio a la Secretaría de Salud Jalisco para que la chica pudiera abortar de forma segura, apegados a las recientes modificaciones normativas.

Antes de este caso el conservadurismo había guiado las deliberaciones entre el personal de los servicios de salud y de procuración de justicia, como han revelado testimonios de jóvenes que recurren a las organizaciones.

Reporte Indigo solicitó a la FGE información sobre solicitudes para acceder a la ILE.

“Después de una búsqueda exhaustiva en las diferentes áreas competentes de esta Fiscalía General del Estado de Jalisco, a la fecha (…) no se tiene registro de solicitudes para la aprobación de la interrupción legal del embarazo”, respondió la Fiscalía en el oficio FG/UT/3837/2015.

Las mujeres aún no pueden acceder a la posibilidad del aborto legal por los diversos obstáculos, refieren organizaciones como el Centro de Justicia para la Paz y el Desarrollo (CEPAD), en su informe 2015. 

“Las mujeres aún no acceden a la posibilidad de su interrupción legal, el grado de implementación de la normativa es muy bajo y los obstáculos que en la práctica enfrentan las mujeres son amplios”, dijo Paola Lazo Corvera del CEPAD.