Aborto legal en México, ¿posible?

México es un país que aún tiene una deuda con sus mujeres: el que todas puedan decidir por igual sobre su propio cuerpo.

Aunque el Senado de la nación del Cono Sur rechazó la despenalización del aborto, el diálogo de ese tema en México podría abrirse en el gobierno de Andrés Manuel López Obrador con la postura de Olga Sánchez Cordero -futura secretaria de Gobernación- quien se ha mostrado a favor de la interrupción legal del embarazo.

A excepción de la capital del país, donde hace más de 11 años se aprobó una ley que despenaliza el aborto hasta las primeras 12 semanas de gestación, en las otras entidades solo está permitida la interrupción del embarazo bajo ciertas causales –como violación-– y quienes no las cumplen son criminalizadas.

Martha Patricia Méndez tenía 19 años cuando en el 2015 sufrió un aborto mientras se encontraba en una clínica del Seguro Social en Veracruz. Aunque la estudiante había acudido por la mañana al sentirse mal e informado que estaba embarazada, fue atendida hasta horas después.

“Lejos de atender mi salud, empezaron a ver todo eso de: tú eres la culpable, mataste un ser vivo, te metiste en graves problemas”, narró.

La joven había estado enferma los meses previos y en el Seguro Social le habían prescrito un medicamento para la colitis y la gastritis. Aunque Martha aseguró que la interrupción de su embarazo no fue provocado, fue acusada del delito de aborto inducido y enfrentó un proceso judicial.

“Es algo muy doloroso, algo que no puede seguir pasando, fui víctima, me trataron muy mal sin antes analizar el problema, sin antes ver qué era lo que estaba pasando, simplemente me juzgaron, me criticaron, les fue muy fácil señalarme”, dijo.

Como Martha, miles de mujeres han sido criminalizadas por abortar en el país, sea éste inducido o no.

“Nosotras llevamos 5 años elaborando un diagnóstico del nivel de la criminalización contra las mujeres por el delito de aborto y los delitos relacionados y hemos encontrado que a la fecha 3 mil 900 mujeres han sido criminalizadas”, dice Verónica Cruz, directora del Centro Las Libres, en Guanajuato.

Verónica explica que eso incluye denuncias, carpetas de investigación y averiguaciones previas, y que aunque el aborto ya no es un delito grave, aún hay mujeres bajo procesos penales.

“Pero el problema más serio de las criminalizaciones es con las mujeres que tienen abortos espontáneos, partos prematuros o emergencias obstétricas, que terminan siendo sentenciadas por homicidio, por infanticidio, por homicidio en grado de parentesco con penalidades de hasta de 30 años y ellas están en la cárcel”, señala Cruz.

Verónica explica que es imposible saber cuántas mujeres están en la cárcel por estos delitos, pero el Centro Las Libres ha documentado al menos 100 casos en estados como Baja California, Tamaulipas, Chihuahua, Yucatán, Guerrero y Veracruz relacionados con el aborto espontáneo, el parto prematuro y la emergencia obstétrica.

“Casualmente se trata de mujeres pobres, la mayoría proviene de área rural y otra vez, entre más pobres, más marginadas, peor les va”, dice.

Oportunidad histórica

Argentina le dio esperanza a México y a toda América Latina de que el aborto legal, seguro y gratuito es posible, aunque el pasado 8 de agosto el Senado de aquel país lo rechazara. Sin embargo, el tema está puesto sobre la mesa y difícilmente será invisible de nuevo.

Además, más que en otro momento, en México hay altas posibilidades de que en este sexenio el aborto sea legal en todo el país hasta las primeras 12 semanas, como en el caso de la Ciudad de México, en parte también porque la exministra Olga Sánchez Cordero, quien se perfila como la próxima secretaria de Gobierno, ha dicho que impulsará una Ley nacional.

“Todas las mujeres alguna vez en nuestra etapa reproductiva incluso podemos tener un aborto espontáneo incluso sin darnos cuenta, entonces es un proceso natural en la vida de las mujeres, sólo que se le cargó de estigma y ahora hasta de criminalización, eso es lo que tenemos que revertir y yo creo que esa es la ganancia más importante de Argentina, la despenalización social”, agrega.

Para Cruz, la legalización del aborto a nivel nacional es una deuda de las autoridades con las mujeres, debido a que ya existe una recomendación del Comité de Expertas de la Convención sobre la Eliminación de Todas las Formas de Discriminación contra la Mujer (CEDAW) emitida el 6 de julio pasado.

En la recomendación se le pide al Estado mexicano la armonización de leyes y protocolos federales y estatales sobre el aborto, a fin de que este sea garantizado el acceso legal de éste. También pide que se capacite al personal médico para garantizar la atención especializada de las mujeres y las niñas víctimas de violencia sexual.

“Creo que nuestras autoridades están muy lejos, muy tardadas, lentas, y les toca hacer su trabajo, si quieren ir a lo público tienen que garantizar los derechos. Para eso están los recursos, para resolver los problemas, no para hacer más, Yo no creo que (el no aprobarse la legalización del aborto en Argentina) retrase, más bien que nos toca empujar de manera muy fuerte en México, de que logremos la legalización al menos a las 12 semanas en todo el país en estos próximos seis años, creo que el contexto político de México da para eso”, concluye.