Aborto legal: justicia criminal

El acceso a la justicia para las víctimas de violación, por medio del aborto legal en casos de embarazo, se ha quedado en las redacciones normativas de la entidad, sin protocolos específicos y con recientes procedimientos que rayan en lo mediático.

Como lo describió Paola Lazo Corvera, integrante del Centro de Justicia para la Paz y el Desarrollo (Cepad), aunque en el caso de la entidad ya existan los primeros casos de Interrupción Legal del Embarazo (ILE), las autoridades de Jalisco, y de México en general, están lejos de cumplir con sus obligaciones respecto al tema.

“A nivel normativo, en gran parte del país se sigue considerando el aborto como un tema de política criminal y no como un asunto de derechos humanos, que implica establecer las condiciones necesarias para el ejercicio de los derechos sin discriminación”, escribió Lazo Corvera en el blog de Cepad.

La violencia contra las mujeres obliga a un proceso en el que víctimas y familiares se someten a una lucha por acceder a la justicia.

 Violación e impunidad

Aunque en el último año se disparó el número de casos de embarazos producto de una violación, con 138, hace apenas unas semanas se dio la primera aprobación de ILE en Jalisco.

“La impunidad es una violencia institucional, en la que por acción y omisión de las autoridades, no se atiende debidamente a las víctimas, no se previene la repetición de las agresiones, no se investigan los delitos, ni se sanciona a los agresores”, señaló María de la Luz Estrada, coordinadora ejecutiva del Observatorio Nacional del Feminicidio, en la presentación del estudio sobre La violencia feminicida en México.

De acuerdo al estudio elaborado por la Secretaría de Gobernación, el Instituto Nacional de las Mujeres y ONU Mujeres, la violación es un componente clave en la ruta feminicida.

Durante 1985 y hasta el año 2014, las organizaciones analizaron y determinaron que sólo una de cada cinco denuncias por violación llegó a una sentencia condenatoria.

Según datos de la Secretaría de Salud Jalisco, obtenidos por Reporte Indigo vía transparencia, acudieron a dicha institución alrededor de mil 400 casos de violación sexual durante el año 2015.

La Comisión ejecutiva de Atención a Víctimas (CEAV) estima que una de cada cuatro niñas sufre de abuso sexual antes de cumplir 18 años, y seis de cada 10 abusos se cometen dentro del hogar de las víctimas.

Hasta antes de la reforma a la Norma Oficial Mexicana (NOM) 046, estas víctimas no podían acceder de forma pronta a los servicios de anticoncepción de emergencia e ILE.

Esto constituía un obstáculo para el ejercicio del derecho a la vida privada y a la salud de las mujeres, como lo señaló el Grupo de Información en Reproducción Elegida (GIRE) en su informe presentado en marzo.

Estas reformas constituyen un avance en el marco de las legislaciones en materia de víctimas, publicadas en 2013, en las que se establece la obligación de las autoridades de salud de facilitar la ILE como una medida de apoyo médico de urgencia para las víctimas de violación sexual.

Provocan confusión

Pero el acceso al ILE está lejos de ser una realidad en la entidad, pues aunque ya se dieron dos casos de aprobación, según la Fiscalía General del Estado, estos casos han sido mediatizados en el contexto de la reforma a la NOM 046.

Patricia Ortega Medellín, integrante de la Red por los Derechos Sexuales y Reproductivos en México (Ddeser), capítulo Jalisco, señala que no se han aclarado los otros casos de solicitudes de ILE con proceso estancado.

“Ahorita Secretaría de Salud ha cantado a los cuatro vientos que ha habido dos interrupciones en lo que va del año. Pero lo que no dice es cuántas mujeres han solicitado la interrupción y que no han sido atendidas.

“Esas estadísticas no te las da nadie, hasta por transparencia se han pedido y no se han entregado estos números. (…) GIRE lo solicitó y no hay esta estadística. Ellos dicen ‘dos ya lo lograron’, qué bueno que esas dos lo lograron, el problema son las otras 40 ó 50 que no lo han logrado. Seguimos teniendo una deuda”, expresó Ortega Medellín.

Otro de los obstáculos lo constituye la llamada “Ley Antiaborto” que aprobó el Congreso Local en 2009, y en el cual se “protege la vida desde el momento de la concepción hasta la muerte natural”.

Este fenómeno sucede ya en otras siete entidades de la república y agrava la problemática, pues crea incertidumbre entre autoridades médicas y judiciales, así como a las víctimas, sobre el temor de cometer un homicidio.

Datos de Fiscalía muestran que la criminalización va al alza, pues por el delito de aborto inició 33 investigaciones en el 2014, y 21 en 2013, lejos de las 11 en el 2012, en la administración del gobernador Emilio González Márquez.

Las sanciones contempladas en el artículo 229 del Código Penal del Estado de Jalisco refieren privación de la libertad de cuatro meses a un año, y tratamiento médico.

Como también ocurre en San Luis Potosí, Jalisco considera este delito como grave, por lo que las personas acusadas de cometerlo permanecen recluidas durante el proceso penal.

En los últimos cinco años han sido consignadas 23 personas bajo dicha acusación, y siete han recibido sentencias condenatorias; según los datos oficiales, sólo una persona está actualmente recluida en la Comisaría de Prisión Preventiva, a cargo de la Fiscalía de Reinserción Social.

Se trata de un hombre de 23 años, originario de Guadalajara, detalló la Fiscalía en el documento proporcionado por transparencia.

Aunque el problema más grave respecto de la criminalización de quienes recurren al aborto sin el consentimiento de la autoridad es en las formas de “reparación del daño” o cuando se someten a un tratamiento médico, como lo señala GIRE en su informe.

“De manera particularmente grave destacan los casos de Jalisco, Tamaulipas y Yucatán, que establecen como objetivo de estos tratamientos ‘reafirmar el valor de la maternidad y el fortalecimiento de la familia’”, documenta la organización.

La organización nacional recomendó en marzo pasado al Congreso Local de Jalisco que reforme su Código Penal para que el aborto no sea considerado como un delito grave.

Y a la SSJ la instó a que garantice que el personal de salud salvaguarde el secreto profesional “en el sentido de proteger el derecho a la salud y la vida privada de las mujeres” que acuden a éstas instituciones, y así evitar su criminalización.