"En realidad nosotros no debemos realizar esto, porque la Comisión (Estatal de Derechos Humanos) fue clara al decir que el Gobierno y el Municipio deben coordinarse”
Los deudos de las víctimas de la tragedia en el casino Royale anunciaron una convocatoria pública para escultores, arquitectos y ciudadanía en general.
El llamado es para que presenten propuestas del monumento que recordará a los caídos en el ataque perpetrado por el crimen organizado.
Los familiares se reunieron ayer frente a las instalaciones donde fuera la casa de apuestas y divulgaron la invitación pública porque están inconformes con las dos opciones presentadas por el Municipio de Monterrey y por el Estado.
“(La consulta es) para que nos puedan apoyar en tener una idea clara, ya que no se han preocupado ni ocupado las autoridades de mostrarnos proyectos decentes”, menciona Samara Pérez, quien perdió a su hijo Brad Xavier Muraira en el atentado.
La ciudadana asegura que las dos propuestas no cumplen con los lineamientos de la recomendación emitida por la Comisión Estatal de Derechos Humanos, que obligó a las autoridades a construir la obra.
Pérez señala que el Municipio de Monterrey ofreció seis lugares para poder edificar el memorial, pero cuatro están en colonias privadas del sector de San Jerónimo.
Mientras que los dos restantes se ubican en el camellón de la avenida San Jerónimo, enfrente de donde estaba el casino, y otro sobre la avenida Gonzalitos, esquina con un centro comercial.
Sin embargo, los deudos comparecieron el pasado 13 de mayo ante la Comisión de Derechos Humanos, donde mencionaron que los lugares planteados no pueden ser tomados como referentes ni opciones viables.
El escultor propuesto por el Ayuntamiento regio es Jorge Verde, quien se encargó de los arcos de la entrada al municipio rural de Marín, así como de reparar el monumento a la nariz del payaso “Pipo”.
Las dos estructuras proyectadas medirían aproximadamente tres metros por dos: una tiene tres columnas que sostienen representaciones de palomas, mientras que otra es un árbol con la efigie de un ángel.
La secretaria del Ayuntamiento de Monterrey, Sandra Pámanes, comunicó las opciones al secretario general de Gobierno, Álvaro Ibarra, mediante un oficio fechado el pasado 16 de abril.
“En realidad nosotros no debemos realizar esto, porque la Comisión (Estatal de Derechos Humanos) fue clara al decir que el Gobierno y el Municipio deben coordinarse, no las familias”, critica Pérez.
Y agrega que las propuestas de la ciudadanía serán turnadas a la Comisión, para que ésta las gestione con las autoridades de los dos niveles.
La recomendación 103/2012 del organismo citó como una medida de satisfacción la construcción de un monumento a la memoria de los 52 civiles que murieron el 25 de agosto de 2011, en el incendio provocado por el crimen organizado.
La institución recomendó a Protección Civil del Estado, a la Secretaría del Trabajo de Nuevo León y a la Secretaría de Desarrollo Urbano y Ecología de Monterrey que de forma conjunta erigieran el memorial.
“En un sitio público cercano al lugar donde actualmente se ubica el inmueble en el que operó el centro de apuestas, que tienda a recordar la importancia del respeto de los derechos humanos de parte de las autoridades y de las empresas”, se lee en el documento.
La Comisión indicó que los gastos por la obra correrían a cargo del Estado y del Municipio, pero Pérez afirma que hasta la fecha los familiares ignoran el monto de la inversión.
Las familias esperan que la obra se concluya para antes del segundo aniversario de la tragedia y lamentan que las autoridades no han cumplido con la recomendación, a pesar de que la aceptaron.
“Pidieron una extensión para poder responder, misma que no han realizado, ya la incumplieron”, dice Pérez.
La vocera aprovechó el anuncio de la convocatoria para dar a conocer que sólo tres familias han sido atendidas por el Municipio de Monterrey.
“Han sido violados los derechos humanos de las personas, ya que cuando reciben los apoyos han sido fotografiados y en todo este tiempo solamente le han dado atención a tres personas”.
La recomendación de la Comisión Estatal de Derechos Humanos exige al Ayuntamiento indemnizar a los deudos por los salarios que dejaron de percibir los familiares que fallecieron y el reembolso de gastos funerarios.
También que proporcione de manera gratuita tratamiento médico, psicológico, servicios jurídicos y sociales.
“Todo lo han hecho muy burocráticamente”, insiste.