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Miles de personas que se encuentran presas por delitos de bajo impacto podrían salir libres con una reforma al sistema penitenciario del país que avanzó en el Senado.
Ayer, después de tres años de construcción en la Cámara Alta, se aprobó en comisiones la Ley Nacional de Ejecución Penal, que cambia la estructura del gobierno y organización de las prisiones en el país y ofrece el beneficio de preliberación para miles de personas.
La Ley especifica varios supuestos para que quienes hoy se encuentran presos por delitos de bajo impacto puedan ser liberados.
La legislación, además, prevé cambios en el manejo de las prisiones para evitar que se dé el autogobierno e impidiendo que se vulneren los derechos humanos de los presos.
El dictamen fue aprobado ayer en las comisiones de Justicia, Gobernación, Derechos Humanos y Estudios Legislativos, por unanimidad.
Fue hasta tres años después que se logró el consenso para esta aprobación.
En febrero pasado, Reporte Indigo dio a conocer las resistencias que se tenían desde el Gobierno federal a esta ley, por la reticencia de las autoridades a ceder espacios de poder.
Sin embargo, en semanas recientes, legisladores, autoridades y miembros de la sociedad civil lograron consensos para aprobar esta nueva legislación.
Esta nueva ley, cuya iniciativa fue presentada en el 2013, será votada por el pleno del Senado la próxima semana. Después, será enviada a la Cámara de Diputados para su análisis.
Derechos y preliberación
La Ley Nacional de Ejecución Penal significa un nuevo modelo no solo en el diseño del sistema penitenciario del país, sino en la forma de pensar sobre el tema.
La base toral de la nueva legislación es dotar plenamente de derechos a las personas que se encuentren presas por algún delito.
Cambia, además, el modelo de “rehabilitación social” a uno de “reinserción”.
Se establece la figura del juez de Ejecución Penal, que operará en las prisiones y podrá tener incidencia directa sobre la forma de aplicar las penas dentro de las cárceles y vigilará que no se vulneren los derechos de las personas.
Instituye también la separación definitiva de reos hombres y mujeres, y de aquellos que estén cumpliendo una sentencia por delitos graves como el secuestro o la delincuencia organizada.
Uno de los beneficios inmediatos que tendrá esta ley será el desfogue de las prisiones del país con la preliberación de miles de personas que hayan cometido delitos no graves.
En uno de sus artículos transitorios, la Ley Nacional de Ejecución Penal establece que inmediatamente que entre en vigor, quedarán libres las personas que hayan cometido un robo cuyo valor no exceda los 80 salarios mínimos y haya ocurrido sin violencia.
Además, se beneficiarán quienes hayan cometido el delito de posesión, sin fines de comercio o suministro, de mariguana.
Esto, “siempre y cuando el monto encontrado en posesión del sentenciado, en cualquiera de sus formas, derivados o preparaciones, no exceda de la cantidad que resulte de multiplicar por mil el monto previsto en la tabla contenida en el artículo 479 de la Ley General de Salud”, sin que hubiera violencia.
En la iniciativa que el panista Roberto Gil presentó en el Senado hace unos días sobre la legalización del consumo de mariguana, se establecen algunas cifras que dan dimensión del problema.
