Abrirán fiscalía para feminicidios
Después de 138 asesinatos a mujeres en 2012, la Procuraduría General de Justicia de Jalisco (PGJE) se ve obligada a crear un área especializada en feminicidios.
Según declaraciones del procurador Tomás Coronado Olmos, dicha fiscalía será integrada por 50 personas, pero según fuentes cercanas a la procuraduría solo ocho personas se están capacitando en el tema en este semana.
Cinco elementos investigadores, tres hombres y dos mujeres, dos secretarios y un actuario.
Esteban Contreras
Después de 138 asesinatos a mujeres en 2012, la Procuraduría General de Justicia de Jalisco (PGJE) se ve obligada a crear un área especializada en feminicidios.
Según declaraciones del procurador Tomás Coronado Olmos, dicha fiscalía será integrada por 50 personas, pero según fuentes cercanas a la procuraduría solo ocho personas se están capacitando en el tema en este semana.
Cinco elementos investigadores, tres hombres y dos mujeres, dos secretarios y un actuario.
Y es que la tipificación del feminicidio vigente desde hace dos meses se mantiene inoperante, pues los protocolos de actuación para los agentes investigadores del área de homicidios no serán publicados sino hasta el próximo 23 de noviembre.
Ni el Instituto Jalisciense de Ciencias Forenses ni la PGJE han tratado el centenar de casos con la perspectiva de género necesaria.
Para la familia de Imelda Josefina Virgen Rodríguez, asesinada el 28 de septiembre, el trato por parte del Ministerio Público no fue distinto aún cuando el homicidio encajó en la figura del feminicidio.
Reporte Indigo hizo público el pasado 29 de octubre en el reportaje “Ceguera ante feminicidios” que la Procuraduría Estatal se resistía a encuadrar el homicidio de Virgen Rodríguez como tal, a pesar de que las evidencias eran claras.
Ella fue víctima de su ex esposo, quien planeó su asesinato.
Pero no fue tratado como tal una vez concluido el plazo de 60 días necesarios para la publicación de los protocolos de actuación ante estos casos, según dicta el Código de Procedimientos Penales del Estado de Jalisco reformado el pasado 22 de septiembre.
El procurador Tomás Coronado Olmos confirmó la entrada en funciones a partir del 23 de noviembre de la Fiscalía Especializada en Atención a Feminicidios que –según sus palabras- será todavía un área que debe perfeccionarse.
“Se puede perfeccionar en el tiempo que sea. Esto no es definitorio, es con opción a que en cualquier momento se pueda ir perfeccionando la atención a este delito”, declaró en conferencia de prensa la semana pasada.
Aunque fue necesaria la entrada en vigor del feminicidio como delito en Jalisco para que la PGJE pusiera cartas en el asunto, lo cierto es que existen cada vez más mujeres violentadas que podrían sumar cifras a la estadística sobre el tema.
De 2008 a 2012 la cantidad de denuncias ante la PGJE por violencia intrafamiliar ha crecido en un 126 por ciento, pasando de 2 mil 117 hasta 4 mil 782.
Estas cifras confirman la necesidad de echar a andar una alerta de género en el estado aunado a la operación de la Fiscalía Especializada en Atención a Feminicidios.
Y es que el pasado 22 de octubre un colectivo de asociaciones civiles le hizo llegar a Coronado Olmos una comunicación en la que adjuntaban un documento llamado “Lineamientos básicos y contenidos mínimos para la elaboración de un protocolo o modelo para la investigación de los femicidios/feminicidios”.
Entre los organismos que firmaron el mensaje están la Agenda Feminista Jalisco (AFJ), el Colectivo ¡Queremos Seguir Vivas!, la Red por los derechos Sexuales y Reproductivos en Jalisco (DDESER).
El Comité de América Latina y el Caribe para la defensa de los derechos de las mujeres (CLADEM México), el Instituto Multidisciplinario de Desarrollo Social (Yocoyani, A.C.) y el Observatorio Ciudadano Nacional del Feminicidio (OCNF).
En la comunicación proponen algunas recomendaciones al órgano garante de la Justicia Estatal, entre ellas la necesidad de incorporar la perspectiva de género en las instancias encargadas de la impartición de justicia.
Además de establecer grupos de trabajo en coordinación con la sociedad civil organizada para la creación y revisión de los protocolos de actuación.
Los protocolos deben incorporarse a la Norma Oficial Mexicana 046 y al Modelo Integral de Atención a las víctimas de Violencia Familiar de la Secretaría de Salud y clasificarse por el tipo de delito y no por la fase investigativa.