La denuncia de vivir en medio de un ambiente de tortura y abuso sexual en los centros de rehabilitación en el país volvió a tener eco.
A través del hashtag #JusticiaParaÁngela se difundió en redes sociales la noticia sobre la muerte de la joven de 15 años, quien se encontraba internada en un centro de rehabilitación cristiano en el municipio de Santa Catarina, en Nuevo León.
De acuerdo con la acusación de una amiga de Ángela, la menor de 15 años habría sido drogada y abusada, además de que se le dejó de suministrar la insulina para tratar su diabetes. Por ello, a cinco meses del fallecimiento de la joven, se exigió que se presenten acciones legales en contra de los encargados del lugar.
El informe “Mujeres que usan drogas y privación de la libertad en México” de la organización Equis Justicia muestra que en ocasiones las personas en centros de rehabilitación son entregadas por sus parientes y recibidas a golpes por los guardias de estos lugares.
El estudio también establece que otra forma en la que se les interna es mediante patrullas que, previa solicitud de las familias, interceptan por medio de la violencia a los futuros huéspedes a quienes encierran por un tiempo indeterminado.
Amaya Ordorika, coordinadora general de ReverdeSer, organización civil que busca impulsar una transformación en la actual política de drogas en el país, explica que en México existen dos tipos de centros de rehabilitación: el público y el privado, éste último es una opción ya que el primero no alcanza para la demanda de los usuarios.
En el ámbito público no se consigue atender a todos los usuarios porque no hay recursos humanos ni materiales suficientes, por eso se crearon las opciones de centros privados, sin embargo lo que hemos visto es que en algunos de estos, al no estar bajo regulación del Estado, se llegan a cometer graves violaciones a derechos humanos equiparables a la tortura y a tratos indignos
La última Encuesta Nacional de Consumo de Drogas, Alcohol y Tabaco (Encodat) del Instituto Nacional de Psiquiatría (INPRFM) revela que el número de personas que desarrollaron dependencia a alguna droga correspondía a un 0.6 por ciento de la población, que representa un aproximado de 546 mil individuos (1.1 por ciento de los hombres y 0.2 por ciento de las mujeres).
La Comisión Nacional contra las Adicciones (Conadic) detalla en el Informe sobre la situación de consumo de drogas en México que para el tratamiento del consumo de drogas existen dos modalidades: ambulatorio y residencial.
Para tratamiento de carácter ambulatorio se cuenta con 340 unidades de Centros de Atención Primaria a las Adicciones (CAPA) y 104 de consulta externa de los Centros de Integración Juvenil (CIJ).
En el seguimiento de la modalidad residencial, la Conadic informa que existen 11 CIJ y 2 mil 108 establecimientos residenciales privados, de los cuales solamente mil 45 se encuentran registrados y 348 están reconocidos por la Comisión.
En el mismo Informe se menciona que en 2018 en la modalidad residencial se atendieron a mil 820 pacientes.
Al no contar con un monitoreo constante ni registrarse ante la supervisión del Estado, Ordorika enfatiza en el riesgo que hay en que dichos centros de internamiento puedan cometer diferentes tipos de abusos y actos ilícitos contra las personas internadas como ingreso forzado, golpes, tortura, maltrato psicológico, trabajo forzado y abuso sexual –en especial contra las mujeres–.
Protección a los usuarios de centros de rehabilitación y drogas
Para salvaguardar la integridad y los derechos humanos de las personas que acuden o se encuentran en centros de rehabilitación, la coordinadora de ReverdeSer urge que en primera instancia se detenga el discurso discriminatorio que se da contra los usuarios de drogas.
Ordorika subraya que el mensaje en el que se criminaliza a los usuarios de drogas con actos de violencia debe detenerse ya que hasta el momento no está comprobado en ninguna investigación que el consumo tenga relación directa con actos violentos.
“Cuando se ataca a las personas que llegan a tener una dependencia en sustancias adictivas, en muchas ocasiones no se les considera como personas sujetos de derechos, no se les da la garantía de acceder a gozar de un tratamiento digno, se les estigmatiza y se cree que al ser consumidores merecen todos los abusos que pasan. No hay un interés por parte del Estado de investigar a fondo los malos tratos que viven, de poner un alto, brindarles justicia y mucho menos de ofrecer garantías de no repetición” recalca Ordorika.
Otras medidas que la coordinadora urge establecer en beneficio de los usuarios es crear un sistema de monitoreo de centros de tratamiento, así como motivar la denuncia de malos tratos dentro de ellos y también a mejorar la oferta pública de los mismos.
“Es primordial tener una campaña de comunicación bien difundida donde se le brinde a la gente opciones dentro del sistema público y así no vaya a centros no regulados porque no hay más alternativas, también falta construir una perspectiva de reducción de riesgos y daños, no solo enfocarse en dar atención del consumo sino que el objetivo sea siempre el bienestar integral de la persona, su integración social, familiar y laboral”, indica.
Versiones sobre la muerte de Ángela apuntan a que habría sido drogada y abusada antes de su muerte al interior de un centro de rehabilitación en Santa Catarina, Nuevo León
Asimismo, Equis Justicia sugiere en el Informe que se deben cerrar los centros de tratamiento que operan de manera irregular y liberar de inmediato a las personas ilegalmente privadas de su libertad.
La organización destaca además que las ideologías religiosas no representan formas de tratamiento y por ello no debe permitirse la existencia de centros basados en el cristianismo u otras corrientes. Concluye que el internamiento debe ser la última opción y antes deben privilegiarse acciones en la comunidad de tipo ambulatorio.
