En 2019, la alcaldía Iztapalapa gastó alrededor de medio millón de pesos en llevar a personas a sus eventos públicos.
Especialistas en administración pública consideran que este gasto no es austero, es poco eficiente y no contribuye a atender las necesidades de la demarcación.
Para el transporte de personas —conocido coloquialmente como acarreo— Iztapalapa contrató el año pasado a la persona física Enrique Olvera Landaverde, quien dispuso de 232 microbuses.
Los eventos públicos a los que se llevaron a los habitantes de la demarcación con la adquisición del servicio fueron inauguraciones, campañas de reforestación, presentación de programas o eventos de tequio comunitario que fueron encabezados por la titular de la alcaldía.
Los eventos públicos a los que se llevaron a los habitantes fueron inauguraciones, campañas de reforestación y presentaciones de programas
Renta de microbuses
El 22 de abril de 2019, la alcaldía Iztapalapa firmó el contrato IZTP/DGA/AD/094/2019 con el proveedor Enrique Olvera Landaverde para el arrendamiento de autobuses.
El convenio, obtenido a través de mecanismos de transparencia, se firmó por medio de la adjudicación directa; es decir, sin concurso de licitación que garantizara las mejores condiciones para la administración pública.
Mientras que el monto acordado como pago por el arrendamiento de 232 unidades fue de 490 mil pesos; un precio unitario de mil 816 pesos por microbús durante un lapso de ocho horas.
Por otra parte, la vigencia del convenio y de los servicios se fijó del 22 de abril al 31 de diciembre de 2019.
En representación de la alcaldía autorizaron Guillermo Rocha Ramos, director general de administración; Eduardo Valdez García, coordinador de recursos materiales y servicios generales; Beatriz Adriana Espinosa López, coordinadora de adquisiciones; y Óscar López Rojas; director general de jurídico.
El contrato no cuenta con anexos que detallan cómo o en qué tipo de eventos se iban a utilizar los microbuses.
Por lo cual, Reporte Índigo solicitó el informe de prestación de servicios del convenio de arrendamiento de las unidades de transporte.
A través de la respuesta a la solicitud de información con folio 0425000199720, realizada a través del Sistema InfomexDF, Iztapalapa proporcionó el acta de recepción del contrato IZTP/ DGA/AD/094/2019.
“Servicio de arrendamiento de 232 microbuses para trasladar a las personas que participan en los diferentes eventos que se llevan a cabo en la alcaldía, con el fin de dar cumplimiento a los programas públicos que se tienen contemplados en 2019”, señala el acta respecto a los servicios prestados.
En total, el documento indica que se usaron los 232 autobuses para el traslado de personas a 21 eventos públicos que tuvieron lugar entre abril y mayo de 2019, cuya mayoría fueron encabezados por la alcaldía como la inauguración de un sendero seguro, una campaña de reforestación y una jornada de tequio en el Bosque de Chapultepec.
Gasto poco austero en Iztapalapa
Gastar casi medio millón de pesos en la renta de autobuses para transportar personas a eventos públicos no va encaminado a cumplir las metas de los presupuestos de las alcaldías que es garantizar los servicios públicos, dice la especialista en Derecho y académica de la Facultad de Estudios Superiores (FES) Aragón, Nathali Hernández Islas.
Al inicio de cada año se le otorga un presupuesto a cada alcaldía y tienen que contribuir principalmente a la infraestructura para mejorar la vía pública, después la salud y la educación
Por lo cual, asignar recursos en trasladar asistentes a eventos es un gasto que no debería realizarse.
La académica añade que la Ley General de Contabilidad Gubernamental y la Ley Federal de Presupuesto prohíben hacer este tipo de gastos porque no están fundados en los principios de austeridad y eficiencia de recursos.
“En la Ley General de Contabilidad Gubernamental hay un capítulo 2 que habla de las disposiciones de austeridad; y aquí se estipula que no debe haber gastos excesivos que no vayan en función del cumplimiento de las necesidades de la población”, explica.
Esa misma ley no permite el arrendamiento de vehículos a excepción de que se adquieran para que los servidores públicos realicen sus funciones, menciona.
En cuanto a la finalidad del contrato, que presuntamente es el transporte de personas para dar cumplimiento a programas sociales, Hernández Islas niega que los eventos públicos cumplan con la función de un programa.
“No estamos hablando de que sean programas como Jóvenes Construyendo el Futuro, es un servicio que se adquirió para rellenar los eventos”, explica.
Argumenta que la contratación del servicio de transporte no ayuda a reducir las desigualdades como la falta de oportunidades laborales o alimentarias de un sector de la población.
“Justifican ese gasto como programas sociales, pero no son programas sociales porque un evento de inauguración no da un equilibrio social a la población, no da más posibilidades de salir adelante en cuestiones laborales”, declara.
