Acción colectiva contra daño en Río Santiago

Los 30 años de deterioro ambiental en la zona de El Salto hoy afectan la salud de algunas  personas que ahí habitan. 

Los desechos tóxicos de las empresas instaladas en todo el corredor cobraron la vida del niño Miguel Ángel López Rocha, quien cayó al cauce del río hace ya cinco años y murió. 

López Rocha falleció de una intoxicación severa de su cuerpo. Los peritos atribuyeron su muerte a los altos niveles de arsénico en la sangre. 

A pesar de lo anterior,  autoridades como la Comisión Nacional del Agua (Conagua) negaron que la muerte del menor hubiera sido a causa de la contaminación del río.

Según datos del Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS) en el 2012 murieron 44 personas en El Salto, Jalisco, a causa de la contaminación. 

La cifra no es menor considerando que ese municipio tiene una población de menos de 110 mil habitantes.

En cinco años, el IMSS estima 316 fallecimientos causados por la contaminación. A pesar de la cifra, la autoridad no actúa: todavía no cumplen con la recomendación 01/2009 que emitió la Comisión Estatal de Derechos Humanos en el 2009 a propósito de la contaminación del río y la muerte del menor López Rocha. 

En el último informe de la Comisión Estatal del Agua, esta determinó que de un total de 250 empresas visitadas por la autoridad, el 74 por ciento contamina las aguas de la cuenca de El Ahogado y solo 22 empresas fueron infraccionadas.

Y mientras la autoridad diluye responsabilidades entre los diferentes niveles de gobierno, en el río se siguen concentrando más de mil 90 sustancias tóxicas, según  datos de la organización internacional Greenpeace.

En el documento “Actualización del Estudio de Calidad del Agua del Río Santiago desde su Nacimiento en el Lago de Chapala hasta la Presa Santa Rosa, Tercera Etapa”,  presentado por la organización no gubernamental en junio del 2013, se explica que gran parte de las sustancias son compuestos químicos semivolátiles y volátiles.

Dichos químicos afectan el sistema hormonal y el desarrollo neuronal de las personas. Además de ser sustancias cancerígenas. 

Por lo anterior, la comunidad campesina de El Zapote presentó –con la ayuda del despacho Rincón Abogados- un juicio civil de “Acción Colectiva” con el que buscan que se repare el daño ocasionado por la contaminación del río.

La comunidad de El Zapote ordinariamente se dedicaba a la pesca. Extraían sus productos del Río Santiago. Desde hace 15 años que se empezó a acelerar la contaminación del agua y los pobladores de El Zapote han tenido que dejar su actividad económica. Ahora son obreros y empleados de servicio.

El deterioro ambiental de la zona también ha afectado su salud, explica el abogado Carlos Román, quien lleva el juicio; Román asegura que se están reuniendo todas las pruebas para comprobar que existe un daño económico por “privación de sus actividades y daños a la salud de la comunidad”.

A través del juicio de acción colectiva la comunidad responsabiliza tanto a autoridades como empresas (no dieron nombres precisos por secrecía del juicio) del daño. 

La afectación ecológica se extiende a lo largo de toda la cuenca que va desde Chapala hasta el norte de Zapopan, en donde también afecta a comunidades rurales como Ixcatán, por lo que estas podrían también exigir la reparación del daño. 

Recomendación inconclusa

La batalla legal de los habitantes de El Zapote se suma a otras estrategias legales de reparación de daños que se iniciaron hace algunos años y que a la fecha no han sido del todo efectivas.

Tras la muerte del menor Miguel Ángel López Rocha, la Comisión Estatal de Derechos Humanos emitió la macrorecomendación 01/2009 a autoridades estatales y municipales a fin de que se reparara el daño a la familia del fallecido.

Pero también se buscaba que las autoridades se comprometieran al saneamiento total de las aguas que caen sobre el río.

Pero la recomendación no se ha cumplido a cabalidad. 

El gobierno del estado echó a andar en el 2012 una planta de tratamiento de aguas que hoy está rebasada. 

El diario La Jornada Jalisco, publicó que la Planta de Tratamiento de Aguas Residuales de El Ahogado se colapsó con las lluvias provocando que el agua sucia se tirara descontroladamente.

Dicha planta solo trata los desechos orgánicos de las aguas, no obstante el líquido que ahí se concentra sigue contaminado por los metales pesados que derraman las industrias de la zona.

Municipios como El Salto y Juanacatlán han sido omisos en la revisión puntual de las descargas de desechos que hacen las empresas instaladas en su territorio.

Otras autoridades como Guadalajara, Zapopan, Tlaquepaque y Tonalá constituyeron en administraciones pasadas consejos metropolitanos para dar seguimiento a la recomendación, pero hasta la fecha no hay avances claros en la materia. 

¿Qué son las acciones colectivas?

Los juicios de acción colectiva son un nuevo esquema de justicia en México, explica el abogado Carlos Román, quien señala que son un juicio civil, que se dictamina en juzgados federales.

El juicio se dirime entre autoridades, particulares (empresas) y un grupo mayor de 30 personas de inconformes que presentan una afectación común y que deben acreditar su causa.

Por su parte el juzgador debe determinar si existen daños, verificar pruebas, confrontar versiones para poder emitir su sentencia y en caso de que sea favorable para el colectivo, determinar los montos de reparación.

Durante el juicio cualquier ciudadano que compruebe que es víctima de las afectaciones puede adherirse a la causa, una vez juzgado, cualquier afectado tiene 18 meses más para solicitar la reparación.

El juicio de acción colectiva solo opera para asuntos ambientales y mercantiles.

En este caso la comunidad de El Zapote buscaría resarcir la merma económica que ha significado el dejar de pescar. 

Por ser un nuevo modelo de justicia, existen muchos candados para su aplicación, señalan los abogados.

Las acciones colectivas solo pueden ser presentadas por una colectividad mayor a 30 personas, una asociación civil constituida exclusivamente para ello, por el Procurador General de la República, la Procuraduría General del Consumidor, la Procuraduría Federal de Protección al Medio Ambiente y la Comisión Nacional para la Protección y Defensa de los Usuarios de Servicios Financieros.

El abogado Luis Ángel Cantú, especialista en el tema, aseguró que a pesar de las trabas burocráticas para poder integrar un expediente de acción colectiva, el mayor problema lo han encontrado en los jueces, quienes todavía se muestran reticentes ante este modelo de justicia. 

“Existe temor por parte de los juzgadores que buscan salirse por la tangente”, apunta el entrevistado

Hasta hoy no se ha emitido ninguna sentencia de un juicio de acción colectiva en México. 

Los abogados consultados estiman que por ser un elemento nuevo en el sistema de justicia mexicano podría tardar muchos años en consolidarse como un mecanismo efectivo.

“En Brasil el modelo opera desde hace 30 años”, señala Carlos Román, quien agrega que en Estados Unidos el 95 por ciento de los casos se arregla antes de que se dicte una sentencia, a través de mesas de negociación.