El activismo electoral de la IP

Como nunca antes, el sector empresarial está intentando convertirse en un actor determinante en la vida política del país y busca impulsar su agenda en el marco del proceso electoral.

Apenas ayer, la Coparmex presentó su Manifiesto por México, un documento con 7 demandas centrales en donde exigen a los partidos y candidatos contendientes en las elecciones a que asuman un compromiso con los temas urgentes de la agenda nacional.

Este organismo ha sido también uno de los que han mantenido un mayor protagonismo en la exigencia de la reforma al 102 constitucional que garantice la independencia y autonomía de Fiscalía General.

Por otra parte, el Consejo Coordinador Empresarial también entró de lleno en la campaña al poner sobre la mesa el tema de la construcción del Nuevo Aeropuerto de la Ciudad de México y logró que el candidato a la Presidencia puntero en las encuestas Andrés Manuel López Obrador aceptara un diálogo con la iniciativa privada para discutir la viabilidad del proyecto.

Unos días después, durante su Asamblea Anual y en presencia del presidente Enrique Peña Nieto, el CCE en voz de su presidente Juan Pablo Castañón exigía poner fin a los ataques en campaña y que estos se cambiaran por propuestas y debates serios.

El activismo político por parte de los órganos empresariales no es nuevo, y suele estar presente en cada proceso de elcciones, pero en esta ocasión, por la trascendencia de la cita electoral, la iniciativa privada ha dado un paso adelante no solo para defender los intereses del gremio sino para poner sobre la mesa temas que consideran fundamentales para la vida democrática del país.

Más allá de sus propuestas o exigencias en materia laboral, salarial o fiscal, y en el tema de la seguridad que afecta a los empresarios, los principales organismos del sector también tienen en su agenda temas como el acatamiento del Estado de Derecho, la reforma a la Fiscalía General o el respeto de los actores políticos a la legislación e instituciones electorales.

Otro rubro en el que han coincidido tanto el CCE como Coparmex, que muestra su inédito interés en el proceso electoral, ha sido el llamado a los tres niveles de gobierno a sacar las manos del proceso electoral y evitar el uso de instituciones o recursos para favorecer o atacar a algún candidato.

Gustavo de Hoyos, presidente de Coparmex incluso llegó a afirmar que algunas acciones de la PGR, el SAT o la Secretaría de Hacienda ponían en evidencia una presunta utilización de las instituciones para favorecer a partidos y candidatos por lo que exigía a las autoridades y funcionarios de gobierno que se ajusten a la legalidad.

Aunque los principales representantes de la iniciativa privada han reafirmado en más de una ocasión que el sector empresarial no tiene un candidato predilecto, también han sido muy explícitos a los contendientes del proceso electoral a que respeten el resultado de las elecciones.

Las señales que han enviado hasta el momento, al menos de manera pública, es que están dispuestos a cooperar con quien resulte electo presidente, pero sí han puesto sobre la mesa un compromiso a una agenda mínima si es que quieren su apoyo después del 1 de julio.

Las demandas de Coparmex

La tarde de ayer, el presidente de Coparmex, Gustavo de Hoyos presentó el Manifiesto México, un llamado a candidatos y partidos para que formulen propuestas concretas a partir de 7 exigencias planteadas por el organismo.

El dirigente señaló que el propósito de presentar estas demandas es responder a los grandes problemas del país como la pobreza, la desigualdad, la ilegalidad, la corrupción, la inseguridad y el derroche de recursos públicos, dinámicas que han mantenido a nuestro país muy por debajo de su verdadero potencial.

“Los convocamos a actuar con altura de miras que amerita la situación, que pongan por delante a México por encima de cualquier interés partidista o de grupo. Más allá de quien gane las elecciones nos interesa en Coparmex contribuir a la construcción de un acuerdo nacional para mejorar la calidad de vida de los mexicanos”, señaló el presidente de Coparmex.

El manifiesto consta de 7 grandes demandas, entre las que se encuentran la exigencia de más y mejores empleos a través de una nueva cultura salarial con capacitación, flexibilidad laboral y sueldos bien remunerados; una reforma fiscal y el saneamiento de las finanzas públicas mediante mayores controles al gasto y la deuda pública.

De igual forma, la Coparmex propone una reingeniería institucional en materia de seguridad que garantice la coordinación, monitoreo y evaluación entre las instancias responsables así como la garantía de respetar la autonomía e independencia de la Fiscalía General para que sirva como un instrumento eficaz en el combate a la corrupción.

Por último, la cúpula empresarial exige también apoyar la educación de calidad y la innovación, impulsar la inversión en infraestructura la cual se ha rezagado y establecer un padrón único de programas sociales junto con una política integral de prevención de la salud.

De Hoyos aseguró al término de la presentación del manifiesto que este documento marca el inicio de la estrategia de participación cívica del sector empresarial en el proceso electoral, y que será acompañado de otras acciones como la organización de debates entre actores políticos en todo el país, el despliegue de observadores electorales el día de la jornada y mecanismos de seguimiento a los compromisos asumidos.

“Estaremos haciendo un llamado a los actores políticos y a la sociedad en general a asumir con responsabilidad el rol que nos corresponde para consolidar nuestra democracia.

“Queremos iniciar juntos una nueva fase de transformación, de unión y de prosperidad para seguir construyendo el México que queremos, con crecimiento sostenido, con estabilidad, con democracia, con justicia y paz, y desde luego con menor desigualdad”, concluyó el dirigente.