Acuerdo entre los pueblos afectados por El Zapotillo

Ante la falta de diálogo entre los gobiernos de Jalisco y Guanajuato con los pueblos afectados por el proyecto El Zapotillo, las comunidades asumieron la responsabilidad y se dieron a la tarea de firmar un acuerdo que beneficie a todas las poblaciones.

Y es que, aunque las administraciones de ambos estados establecieron un pacto para la distribución de agua en la zona de Los Altos de Jalisco –misma que involucra al mega proyecto de la presa El Zapotillo y el acueducto Zapotillo-León– esta alianza no contemplaba la perspectiva de los pueblos y organizaciones afectadas.

“Las comunidades que suscribimos este acuerdo por el agua no luchamos contra un megaproyecto, luchamos por recuperar el control social de nuestra agua en el campo y la ciudad”, se lee a manera de declaración en el texto de los acuerdos firmados.

Con el respaldo del Instituto Mexicano de Desarrollo Comunitario (IMDEC), las comunidades de Temacapulín, Acasico y Palmarejo, se aliaron a diversas luchas y organizaciones locales, así como de Guanajuato, para que sean tomados en cuenta sus puntos de vista sobre este proyecto hídrico, el cual consideran como inviable.

Inicialmente el acuerdo comunitario fue presentado con 41 firmas de organizaciones, pueblos en lucha, activistas y académicos que respaldan la oposición de las poblaciones afectadas por El Zapotillo. Pero su presentación pública también se hizo con el fin de que más organizaciones se sumen al movimiento.

De acuerdo con el IMDEC, en los próximos días el mismo acuerdo se firmará por parte de sus homólogos en Guanajuato, como un documento “que venga desde abajo”. Esto a pesar de que el gobierno de Enrique Alfaro haya advertido que la iniciativa va a consolidarse sin importar la oposición.

“Va a haber voces que quieran que las cosas no pasen, pues claro lo habido durante 40 años, es cosa de verificar la historia y qué intereses hay detrás de que no pase nada con el tema del agua. Es justo lo que tenemos que tener presente y para llegar a la reunión que tuve con el gobernador de Guanajuato fue un proceso muy largo de profesión de consensos y análisis técnicos”, señaló el mandatario de Jalisco.

Ante la opacidad de El Zapotillo, resistencia

La iniciativa ciudadana surge como consecuencia de la secrecía que mantuvo el gobierno local con respecto al acuerdo de entendimiento con sus homólogos en Guanajuato; gestiones que resultan desconocidas incluso para los diputados locales, pues de los acuerdos sólo se ha explicado públicamente el porcentaje de reparto del agua entre las entidades.

“El gobernador Enrique Alfaro debe transparentar los estudios que sustentan el acuerdo de entendimiento para la distribución del río Verde entre Jalisco y Guanajuato. No queremos discutir sobre la altura de la cortina de una presa, ni sobre aspectos técnicos; lo convocamos abrir un debate y revisión sobre su política de agua y las alternativas”, señala el documento suscrito por las comunidades afectadas.

De igual forma, refieren que la presa El Zapotillo se trata de un proyecto cuyo significado esencial es la corrupción, por lo que se encuentran en proceso de entablar una alianza con el Gobierno federal del presidente Andrés Manuel López Obrador (AMLO), cuyo sello distintivo es el combate a dicha problemática.

Los pueblos organizados indican que las autoridades tanto de Jalisco como Guanajuato involucradas en el tema “engañan” a la población cuando esbozan argumentos de supuestos beneficios que habrá al concluir el desarrollo hídrico, y cuyos presuntos beneficios serán la distribución para el uso de la población en Los Altos, Guadalajara y León.

No obstante, los representantes de la comunidad de Temacapulín explican que el agua del río Verde que se pretende repartir es inexistente y que el río en cuestión tiene 32 por ciento menos disponibilidad de agua que la que se afirmaba en estudios previos, como el sustentado en el decreto de 1997 y que abrió camino para este proyecto.

Dicha información fue explicada en el estudio Jalisco Sostenible Cuenca Río Verde, presentado por la Oficina de las Naciones Unidas de Servicios para Proyectos en 2017 y bajo pedido del entonces gobernador Aristóteles Sandoval.

“El costo que estaremos pagando los ciudadanos será de 71 mil 287 millones de pesos, por un proyecto que según datos oficiales tardará en construirse 16 años (de los cuales lleva 14) y tendrá una vida útil de entre 25 y 30 años”, señalaron las organizaciones.

El acuerdo entre los pueblos se justifica bajo el argumento de que los gobernadores no tienen derecho a repartirse el agua del río Verde sin tener en consideración la participación y consulta a las personas, culturas y biodiversidad que habitan dichos territorios.

A la par de la insistencia en este proyecto, se ha evidenciado una política hídrica de continuidad y retrocesos; donde predomina la visión “ingenieril del negocio de la obra hidráulica y de la construcción”, sin que se tomen en cuenta alternativas como reparación inmediata de fugas, captación de agua de lluvia, aprovechamiento de pozos de absorción y la red de pozos de agua subterránea.

“¿Cómo vemos el problema los científicos? Guadalajara recibe nueve vasos de agua; seis los da el lago de Chapala y tres los pozos. Toda el Área Metropolitana de Guadalajara nos están dando quince vasos de agua de lluvia. De esos 15 vasos el 60 por ciento se va a los drenajes. ¿Saben cuánto va a dar la presa?, tres”, explicó el académico de la Universidad de Guadalajara y experto en agua, Arturo Gleason Espíndola.

Te puede interesar: El Zapotillo, una nueva batalla