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La “tortura institucional” en la Comisión Estatal de Derechos Humanos se instaló hace cinco años, cuando asumió la presidencia del organismo Minerva Martínez Garza, denuncia una exempleada que fue cesada de su cargo por la ombudsman.
Laura Yolanda Villarreal Zarazúa asegura que fue despedida injustificadamente luego de meses de acoso laboral que, según ella, se han prolongado hasta hoy en el órgano.
“Pienso en mis compañeros que se encuentran laborando ahí, cómo es que están viviendo día tras día una forma de tortura institucional”, dice la extrabajadora social del Instituto de Estudios y Formación de Derechos Humanos de la CEDH.
Después de más de 11 años de experiencia ininterrumpida en la Comisión, ella fue suspendida el 21 de agosto de 2008, apenas ocho meses después de la llegada de la ombudsman al organismo.
Por este motivo, la profesionista interpuso el 11 de septiembre de aquel año una demanda laboral ante el Tribunal de Arbitraje del Estado, en el que reclamó la reincorporación a su puesto, salarios caídos y las prestaciones que percibía antes de su despido injustificado.
Esta es la tercera reclamación laboral contra la CEDH que Reporte Indigo ha dado a conocer.
Se suma a los casos de la exproyectista Martha Alicia Valdez Valenzuela y del exdirector de Conclusión y Seguimiento Gustavo Meraz Rodríguez.
En su demanda, la trabajadora social detalló los eventos que iniciaron en febrero de 2008 y que culminaron con su despido: degradación, devaluación de su trabajo, amenazas de despido, hostigamiento verbal y cambios abruptos de horarios.
Villarreal Zarazúa acusó en su demanda como copartícipes del hostigamiento al exdirector de Desarrollo Institucional y Relaciones Públicas, Pedro Paulo Cuéllar Martínez, y al exsecretario ejecutivo Rafael Jiménez Flores.
Cuéllar Martínez le sugirió que aceptara la renuncia forzada para negociar una liquidación en efectivo de tres meses de sueldo, mientras que Jiménez Flores evadió dar explicaciones del motivo del cese.
El juicio número P-1/60/08, promovido por la exempleada, concluyó con una gratificación mediante un convenio celebrado el 24 de noviembre de aquel año.
Para ese entonces, Villarreal Zarazúa había acudido a diferentes autoridades, donde no encontró eco ni interés.
Sin resultados, solicitó la intervención del Consejo Consultivo de la CEDH para abrir un procedimiento de responsabilidad contra la ombudsman por desvío de recursos, tráfico de influencias y maltrato discriminatorio.
También presentó una denuncia de juicio político, sin éxito, ante el Congreso del Estado, en la que describió un “régimen de terror” en la Comisión, porque en aquel entonces se habían despedido sin justificación a 12 trabajadores.
Y también interpuso una querella ante la Contraloría del Gobierno del Estado por irregularidades administrativas que sí fue respondida, pero en la que ese organismo se declaró incompetente para intervenir.
A cinco años de esa experiencia, la extrabajadora concluye que Martínez Garza no es una representante “digna” de la CEDH.
“Yo creo que habría que evaluar su condición moral y ética, porque a veces se puede hablar de una doble moral que creo que pudiera ser en este caso”.
Ya van tres…
Los siguientes exempleados han demandado a la ombudsman ante el Tribunal de Arbitraje:
> Martha Valdez:
Su demanda está pendiente de resolverse. También presentó una queja a la CNDH y una denuncia de juicio político, aún en estudio.
> Gustavo Meraz:
Llegó a un convenio en su demanda laboral. Además envió una queja a la CNDH que el organismo analiza.
> Laura Villarreal:
Sólo consiguió una gratificación en su demanda. Sin resultados, también acudió a la CEDH, al Congreso y a la Contraloría estatal.
Y la Comisión Nacional investiga el ‘bullying’
Por Mayra González
El presidente de la CNDH, Raúl Plascencia, confirmó que el organismo nacional investiga las quejas contra la ombudsman de Nuevo León, Minerva Martínez.
“Están abiertas las quejas, estamos allegándonos de la información”, manifestó ayer después de la firma de un convenio entre la institución protectora de los derechos humanos y la Universidad Regiomontana.
Plascencia afirmó que las quejas de los exempleados, Martha Alicia Valdez y Gustavo Meraz, se acumularon y se tramitan de manera formal en la Sexta Visitaduría General de la CNDH.
Sin embargo, no quiso ahondar en las posibles sanciones contra Martínez, denunciada por acoso laboral, despidos injustificados y desvío de recursos públicos.
“Yo no quisiera anticipar hasta que no se termine la investigación”, comentó, “tan pronto como se termine se va a emitir el pronunciamiento plenamente apegado a Derecho”.
La titular de la CEDH acudió al evento, pero otra vez evadió el tema.
