Jordi Messenguer, director de Administración del Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México (AICM), fue señalado por miembros de las gerencias de Recursos Materiales, Adquisiciones y Servicios, de ejercer amenazas para beneficiar con un nuevo contrato a las empresas Aseo Privado Institucional, Servicios Inmobiliarios Iroa y Joad Limpieza y Servicios.
Desde hace algunas semanas, el titular del Órgano Interno de Control (OIC), Guillermo Solís Cruz, ordenó que quedara sin efectos la presentación de propuestas y el fallo de la compra LA-009KDN001-E37-2021, que en marzo del año pasado benefició a dichas empresas con un contrato por 520 millones de pesos para asear las terminales 1 y 2.
Luego de un aplazamiento, se programó el 7 de julio como nueva fecha para dar a conocer a las nuevas proveedoras; sin embargo, Aseo Privado Institucional y Servicios Inmobiliarios Iroa presentaron participación conjunta con montos por 97 millones de pesos para la terminal 1 y de 83.3 millones de pesos para la terminal 2.
En tanto, Joad Limpieza y Servicios compitió en solitario únicamente por la terminal 2, con una oferta que asciende a los 83.7 millones de pesos.
Las cotizaciones tanto del primer consorcio como de la segunda compañía son las más altas entre las 5 propuestas presentadas este 1 julio. Esta situación revivió las acusaciones por sobrecosto que se presentaron desde mediados de 2021 al presidente Andrés Manuel López Obrador, las cuales mandó investigar.
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Al respecto, los inconformes, quienes enviaron una carta anónima dirigida a Guillermo Solís Cruz, aseguraron que hubo precios por encima de los del mercado desde el proceso previo y que se replican en el nuevo concurso.
Asimismo, señalaron a Messenguer Gally de tener “intereses personales y económicos con las empresas”, afirmaciones supuestamente demostradas debido a su permanencia como contratistas a pesar de diversos incumplimientos que ameritaban rescisión; aunque, de acuerdo con los quejosos se dejaron de observar y se corrigieron “por instrucciones expresas y precisas del director de administración”.
Tal es el caso de Servicios Inmobiliarios Iroa, empresa que fue sujeta a observación del Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS) por la Unión Nacional Independiente de Trabajadores y Empleados de Limpieza (Unityel), debido a la presunta evasión de obligaciones obrero patronales con el 65% de los trabajadores a los que debería tener afiliados, y de los que debería realizar aportaciones al Infonavit y al Fondo de Pensiones (Afore).
Sobre este asunto, los inconformes señalaron que Messenguer Gally les dijo de manera textual que “si las fallas de API (aseo privado institucional) no son salvables, entonces hagan lo necesario para descalificar a todos y que se declare desierta la licitación”.
Luego de analizar los hechos, personal del AICM describió que la propuesta de Aseo Privado Institucional y Servicios Inmobiliarios Iroa no cumple con los requisitos debido a que ésta compañía es representada en el proceso por José Roberto Ortíz Álvarez, pero quien firma los manifiestos de no conflicto de intereses, solicitados en el numeral L11 de las bases, es Montserrat Sánchez Flores. Ante ello, los pormenores del asunto ya fueron entregados a la Gerencia de Recursos Materiales.
“Le ofrecemos una disculpa por realizar esta denuncia de manera anónima, pero tenemos razones suficientes y fundadas para temer por nuestra situación laboral, nuestra integridad física y la de nuestros familiares”, concluye el escrito dirigido a Solís Cruz.
