Acusan de invasión en Montemorelos

Los dueños de un terreno de Montemorelos denunciaron penalmente por daños en propiedad ajena a un hombre que señalan se dedica a invadir predios.

Esta querella ocasionó que un grupo de trabajadores del acusado, quien reclama la posesión de un predio en disputa en la región citrícola, fuera encarcelado y luego liberado bajo fianza.

El exdiputado local Ricardo Parás Welsh, dueño de la propiedad en litigio, presentó la denuncia contra José Luis Salazar Salazar el pasado 1 de abril en el Centro de Orientación y Denuncia (CODE) de Montemorelos.

La persona que el exlegislador priista acusa por daños en propiedad ajena y allanamiento de morada fue encarcelada en 2011, por cometer el mismo delito que después llevó a la cárcel a tres empleados suyos, entre ellos un menor de edad.

La denuncia quedó asentada en el número de expediente 288/2014 por la agente del Ministerio Público Orientador del CODE en ese municipio, María Dolores Hidalgo de León, y la investigación que de ella se desprendió aún está pendiente.

De acuerdo con el testimonio de Parás Welsh, un grupo de cinco personas forzaron la entrada al terreno para talar árboles, sin la autorización del también ganadero.

En entrevista, el denunciante recuerda que en septiembre de 2011, Salazar Salazar fue detenido después de haberse metido con otras tres personas al mismo terreno, luego de haber roto una cerca. 

El propietario denunció aquel hecho ante la Policía de Montemorelos, que detuvo a la agrupación mientras talaba árboles con motosierras y fue puesta a disposición del Ministerio Público, el cual dictó el inejercicio de la acción penal a favor de ella.

El ganadero asegura que los daños ocasionados a su propiedad fueron valuados por alrededor de 100 mil pesos, pero hasta la fecha no han sido pagados por los que ocasionaron los destrozos.

Mientras ese grupo fue liberado, recalca el exdiputado, años después cuatro empleados suyos fueron encarcelados por la Policía Ministerial de Nuevo León por un delito que no cometieron. 

“Es una vendimia de justicia asquerosa la que tenemos aquí, en la Región Citrícola”, dice el exlegislador de 62 años.

“No andan tratando de ubicar ni de pelear legalmente una propiedad, andan robándose propiedades”.

Los hermanos Jesús Ernesto, Rogelio Guadalupe y Gerardo Antonio González de los Reyes, así como su tío Juventino Luna, fueron detenidos por el cuerpo policíaco que depende de la Agencia Estatal de Investigaciones de la Procuraduría.

Reporte Indigo publicó que estos agricultores que trabajan para Parás Welsh fueron acusados primero por amenazas, pero luego el Ministerio Público de Nuevo León les inició una averiguación previa por un despojo de inmueble que nunca fue denunciado.

En sólo dos días, el aparato ministerial de Nuevo León elevó una simple acta de hechos a una indagatoria criminal, para investigar y detener a la familia que habita desde hace años en la región citrícola.

El terreno en disputa fue supuestamente vendido al ciudadano denunciado penalmente por la prima del exlegislador, María Parás Ruiz, quien ostenta una supuesta escritura del predio, en la que no coinciden las colindancias.

Roberto Guerra Partida, abogado defensor del ganadero, asegura que el imputado llevó a sus trabajadores para posesionarse del terreno, pero que aún está pendiente la investigación para deslindar o fincar responsabilidades.

“Se le ha dicho hasta el cansancio a ese señor Salazar: ‘Si usted compró 32 hectáreas a María Parás Ruiz, no tiene por qué venir a hacernos pleito a nosotros’. 

“En determinado momento hay una venta fraudulenta”, dice.

“Primero fue detenido en 2011, y luego esa misma persona ahora en el 2014 metió a otras tres personas que también fueron detenidas y salieron bajo fianza”.

Menciona que al no prosperar la invasión de hace tres años, los reclamantes del terreno promovieron distintos procesos civiles para tratar de arrebatar el bien inmueble.

Iniciaron un juicio de apeo y deslinde, que se fue abajo porque no pudieron ubicar el terreno.

Y luego comenzaron otro expediente de división de copropiedad, el cual caducó y se archivó por la misma razón.

Ahora, Parás Welsh y su defensa legal empujan otro procedimiento penal ante el CODE de Montemorelos.