El conflicto del proyecto inmobiliario y club de golf Terralta se complica en los tribunales.
Y el epicentro de la disputa es el papel que jugó Ernesto Canales Santos como conciliador del concurso mercantil que declaró en quiebra el desarrollo.
El conflicto de intereses del conciliador y el presunto fraude del que se le acusa, es una denuncia del acreedor de Inmobiliaria Terralta, Martín Gerardo Gallardo Hernández, quien pidió la sustitución de Canales Santos en el concurso mercantil de la empresa.
Lo más grave es que un juez federal declaró a Canales Santos confeso de estos y otros señalamientos formulados por Gallardo Hernández, porque el conciliador no se presentó a una audiencia en la que se desahogaron pruebas y alegatos en su contra.
Documentos en poder de Reporte Indigo indican que el conciliador y empresarios se convirtieron en acreedores a través de un fideicomiso que adquirió bienes y derechos de Inmobiliaria Terralta, posteriormente transmitidos a Terralta Dos, una empresa de José Gómez Cañibe.
Como parte de esa operación, Inmobiliaria Terralta cedió a Terralta Dos, las 436 hectáreas de los ejidos Mesa de los Nogales y Pájaro Seco, ubicados en el Municipio de García, como consta en un convenio judicial de pago celebrado el 17 de mayo de 2010.
Estas porciones fueron transmitidas como pago del adeudo de 8.4 millones de dólares que Inmobiliaria Terralta había adquirido con D’Capital Consultores.
Los terrenos ejidales están valuados en al menos 127 millones 500 mil dólares, divididos en 51 unidades de inversión conocidas como Macoys, como Reporte Indigo publicó el pasado 3 de agosto.
El convenio revela que el banco Afirme recibió instrucciones para realizar diversos pagos entre octubre y noviembre de 2008 a favor de D’Capital Consultores, mediante el fideicomiso número 63 mil 247.
Como consecuencia de estos pagos, los derechos crediticios y litigiosos que Inmobiliaria Terralta había adquirido con D’Capital Consultores fueron transmitidos a favor del fideicomiso de Afirme.
Pero el fideicomiso fue extinguido el 16 de febrero de 2010.
Y una vez extinto, el instrumento trasmitió los bienes y derechos a favor de diversas personalidades del ramo de la construcción e involucradas con desarrollos inmobiliarios en la entidad.
Estas fueron el conciliador Canales Santos, el empresario Alberto Santos de Hoyos, el ex gobernador de Nuevo León y empresario Fernando Canales Clariond, el desarrollador Federico Garza Santos y la Constructora Maiz Mier.
Finalmente, todos ellos cedieron el 17 de febrero de 2010 los derechos crediticios y litigiosos adquiridos en el fideicomiso a la nueva empresa: Terralta Dos.
Inmobiliaria Terralta fue representada en el convenio judicial por Alberto Jaime Martínez Fernández, mientras que Gómez Cañibe hizo lo mismo para Terralta Dos. Dora María Sada Quirós fungió como garante hipotecaria.
Ambas empresas declararon en el convenio que era “su voluntad libre celebrar el presente convenio para dar por terminados los juicios existentes, en la forma y términos estipulados en el presente instrumento”.
Inmobiliaria Terralta se declaró en concurso mercantil el 11 de julio de 2011 y ese mismo día se ordenó al Instituto Federal de Especialistas en Concursos Mercantiles (IFECOM) que designara un conciliador en el juicio.
Por esta operación, que dejaría a la primera empresa Terralta sin activos para pagar a los demás acreedores, hay un posible fraude.
Y por ello uno de esos acreedores de la compañía original Inmobiliaria Terralta demandó la sustitución de Canales Santos, quien fue declarado confeso por un juez federal de estos señalamientos.
Pidieron sustitución
El conflicto de intereses de Canales Santos en el convenio judicial de pago fue denunciado por el acreedor Martín Gerardo Gallardo Hernández.
Este acreedor presentó el pasado 17 de abril un incidente ante el juez Tercero de Distrito en Materias Civil y de Trabajo, Julio César Franco Ávalos, con el objetivo de sustituir al abogado.
“Ernesto Canales Santos, junto con otras personas fueron los que se dijeron acreedores de la concursada y entregaron a Terralta Dos, S.A. de C.V., los inmuebles (…) de ahí su interés en conflicto con los de los acreedores concursales”, se lee en el recurso legal.
“Adquirió mediante el fideicomiso número 63 mil 247, el adeudo que tenía Inmobiliaria Terralta, S.A. de C.V., en favor de D’Capital Consultores, S.A. de C.V., y posteriormente a través de Terralta Dos, S.A. de C.V. se adjudicó los inmuebles de la concursada”.
Para el acreedor ésta no era la única razón para sustituir al abogado.
Según él, hasta la fecha en que se presentó el incidente no había “tenido ningún acercamiento con ningún acreedor de la concursada, no ha buscado tener citas conciliatorias entre ésta y aquéllos.
“Ni ha habido acercamientos, ni mucho menos, una propuesta de convenio concursal con ninguno de los acreedores. Este es el deber más importante del conciliador, pues su deber más importante es buscar salvaguardar a la empresa y a sus acreedores”.
Gallarado Hernández expone en el documento que el abogado también incumplió “de manera reiterada y grave su deber” al retardarse cuatro meses en presentar la lista provisional de créditos.
De acuerdo con Gallardo Hernández, no fue hasta el 27 de marzo de 2012 cuando presentó la lista, es decir, se tardó hasta cuatro veces más del tiempo previsto en la Ley de Concursos Mercantiles, que establece un término de treinta días naturales.
“Esto es motivo suficiente para ordenar su inmediata sustitución, pues es indudable que el conciliador no ha tenido ni la más mínima diligencia en cumplir con su deber conforme a derecho”, sentencia.
En el recurso el acreedor también menciona que Canales Santos incumplió con su deber de presentar bimestralmente informes sobre sus labores, como también lo estipula la ley en la materia.
El mismo juez Tercero declaró a Canales Santos confeso de tener un conflicto de intereses e incumplir su deber como conciliador en el juicio mercantil.
Al menos así consta en una acta de audiencia en la que se desahogaron pruebas y alegatos para el incidente de sustitución que promovió el acreedor Gallardo Hernández.
El conciliador fue declarado confeso por el juez federal porque no se presentó a la audiencia para responder las posiciones formuladas por el acreedor.
“Se declara al conciliador Ernesto Canales Santos, por confeso de todas y cada una de las posiciones calificadas de legales, formuladas por la actora”, se lee en el documento del 17 de mayo pasado.
“(El conciliador) formó parte del fraude de acreedores que realizaron Inmobiliaria Terralta S.A. de C.V. y Terralta Dos S.A. de C.V., consistente en transmitir la propiedad de los inmuebles denominados Mesa de los Nogales y Pájaro Seco, ubicados en el Municipio de García, Nuevo León, de la primera empresa mencionada a la segunda”, fue una de las posiciones que planteó Gallardo Hernández.
Al no asistir a la audiencia, Canales Santos no respondió a la acusación de que fue conciliador y a la vez inversionista de Terralta Dos, y que tiene un interés de que los terrenos no sean devueltos a la primera empresa Inmobiliaria Terralta.
‘No hay interés económico’
Ernesto Canales Santos aseguró en entrevista telefónica que dejó de tener un interés económico en Inmobiliaria Terralta cuando se firmó el convenio judicial de pago que transmitió derechos a Terralta Dos, empresa en la que se convirtió en inversionista.
“Yo ya no tenía ningún interés”, enfatizó el prestigiado abogado, quien recientemente fue galardonado con el premio Eugenio Garza Sada 2012 por impulsar la reforma al sistema de justicia penal.
Canales Santos dijo que en el fideicomiso constituido en Afirme, él tenía derechos de tierra que formaban parte del patrimonio de Inmobiliaria Terralta, pero que eso no lo convertía en inversionista de la concursada.
“En el fideicomiso lo que tenía era derechos de tierra, no era inversionista de Inmobiliaria Terralta. Pero independientemente de eso, de que se pueda considerar un interés económico, yo pienso que no”.
Canales Santos negó su participación en un presunto fraude de acreedores, a pesar de que un juez federal lo declaró confeso cuando no se presentó a una audiencia de pruebas y alegatos, promovida por el acreedor Martín Gerardo Gallardo Hernández.
“Yo no estoy confeso de fraude de acreedores”, comentó, “no es la verdad legal actualmente”.
En cambio, minimizó la situación: “En el momento en que la empresa pasa a quiebra termina la función de conciliador y ya no es relevante ese punto, ya se acabó esa etapa procesal”.
Gallardo Hernández también pidió la sustitución del conciliador porque lo acusó de que nunca se acercó a los acreedores, no buscó citas conciliatorias y no presentó una propuesta de convenio concursal de Inmobiliaria Terralta.
“(Lo anterior) no es cierto, yo me acerqué con Gerardo Gallardo, estuvo en mi oficina en varias ocasiones. Y gente de mi oficina, de mi despacho, también estuvo con él en otras ocasiones”, afirmó el abogado.
Mencionó que se tardó cuatro meses para presentar la lista provisional de créditos porque ese fue el tiempo en el que le proporcionaron la información contable de la empresa.