Afectados por el desarrollo inmobiliario desmedido y por otras políticas urbanas de los últimos seis años dicen que el Congreso de la Ciudad de México y el Gobierno central pretenden simular la participación ciudadana en el debate de la Ley de Planeación Sustentable.
Dicha legislación tiene su origen en la nueva Constitución de la Ciudad de México que estipula que debe estar promulgada para el próximo mes de septiembre.
Una vez aprobada dará vida al Instituto de Planeación que será el órgano encargado de dar seguimiento al desarrollo de la política pública de todos los ámbitos, cuya ley orgánica debe estar ratificada para diciembre de este año.
Actualmente hay dos propuestas que están siendo discutidas y consultadas con la ciudadanía. Una elaborada por la jefatura de Gobierno y otra por los diputados locales del Partido de la Revolución Democrática (PRD) y el Partido Acción Nacional (PAN), cuya diferencia más grande es el perfil de director del instituto.
No obstante, hay quienes acusan que están siendo excluidos de su creación a pesar de la importancia y repercusión que tendrá en la vida pública de los habitantes de la capital, por lo que el proceso de consulta ciudadana es una simulación.
Colonos de la colonia Juárez, una de las demarcaciones más afectadas por el desarrollo inmobiliario junto con la Roma y la Condesa en la alcaldía de Cuauhtémoc, aseguran que la simulación de las autoridades respecto a su discusión con la población también sucedió con la Ley de Participación Ciudadana, donde no se tomó en cuenta su opinión.
Sergio González, del Observatorio de la Colonia Juárez y Plataforma Vecinal 06600, ponente en foros de discusión de la Ley de Participación Ciudadana, señala que ni siquiera se vieron reflejadas sus opiniones en el documento votado y aprobado por el Congreso.
A pesar de que hay reuniones con Pablo Benlliure, director de planeación de la Secretaría de Desarrollo Urbano y Vivienda (Seduvi), los legisladores y la jefa de Gobierno están haciendo una ley a modo sin los mecanismos de participación ciudadana definidos, acusa.
La intención es tener una ley a modo que les permita determinar la política de desarrollo general de la capital sin consultar a los involucrados a pesar de que la Constitución de la Ciudad de México así lo mandata, dice González.
Indica que sin los mecanismos de participación, los verdaderos ciudadanos y activistas que han trabajado por una mejor comunidad se verán relegados.
Los vecinos de la colonia Juárez, autodenominados “juaricas”, consideran que esta ley es una de las más importantes, pues definirá la política pública respecto a movilidad, medio ambiente, desarrollo urbano y servicios dentro de los próximos 20 años.
Por lo cual, la opinión de los ciudadanos es relevante y no sólo bajo un modelo de democracia participativa. “Estamos excluidos de la forma de participación porque una cosa es la democracia participativa y otra la participación de la ciudadanía como las colonias y los pueblos”, detalla Pablo Gaitán, miembro de la plataforma vecinal.
Francisco de la Torre, especialista de la Universidad Autónoma Metropolitana (UAM) en el tema de desarrollo urbano, afirma que si bien las dos propuestas que están en proceso de consulta ciudadana contemplan que haya un Consejo Ciudadano dentro del Instituto, su participación no es vinculante.
“Bloquearon la dimensión participativa por parte de la comunidad en la ley desde abajo, desde los procesos de consulta”, añade.
Temen el regreso del Cártel Inmobiliario con ley de planeación
Los vecinos de la Juárez también son miembros de la Coordinación de Pueblos, Barrios y Colonias Contra la Corrupción Inmobiliaria y ven en ambas propuestas de la ley de planeación una intención de fomentar otra vez las grandes construcciones.
Por una parte, Sergio González señala que el perfil que se plantea en la propuesta de la jefa de Gobierno es el de alguien que estuvo involucrado en el desarrollo inmobiliario.
“No tenemos duda, pretenden que sea alguien íntimamente relacionado con el desarrollo inmobiliario”, puntualiza.
Mientras que en la propuesta de Federico Döring, los vecinos indican que no contempla los programas parciales de desarrollo de las colonias, lo cual es un riesgo porque no permite definir la política urbana de zonas con características especificas como la misma Juárez o la Roma.
González acusa que la designación del titular del instituto está en manos de las fuerzas políticas en ambos proyectos, pues es un comité de selección quien propondrá una terna que será votada por el Congreso cuyo elegido deberá ser ratificado por la jefa de Gobierno.
Será en el próximo período de sesiones cuando se defina cuál de las dos propuestas presentadas obtendrá el consenso y si en alguna de ellas se tomó en cuenta a los habitantes de la ciudad.