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En medio de la parálisis de Línea 12 y del escándalo que envuelve a los funcionarios de la pasada administración de Marcelo Ebrard Casaubón, ni quién se acuerde de los capitalinos cuya casa o negocio resultó afectado por el paso del metro.
El Gobierno del Distrito Federal (GDF) reporta cifras contradictorias respecto a la cantidad de recursos que se han destinado para el pago de indemnizaciones.
Lo cierto es que desde que Marcelo Ebrard y su equipo presentaron el proyecto de Línea 12 ante la Secretaría de Hacienda y Crédito Público se presupuestaron 979 millones de pesos para el pago de indemnizaciones a comercios e inmuebles que resultaran dañados por el paso del gusano naranja.
Dicho sea de paso y de acuerdo con las cifras de ese documento titulado “Evaluación socio-económica de la Línea 12 del metro de la Ciudad de México”, esos recursos tendrían que ser pagados de inmediato a fin de que en el 2009 ya fuesen entregados.
Al paso de los años nadie sabe con claridad dónde están esos casi mil millones de pesos y muchos de los ciudadanos siguen padeciendo el viacrucis de exigir el pago de oficina en oficina del gobierno de la capital.
ICA es juez y parte
Apenas el pasado 18 de junio del 2014 a través del oficio SFDF/SE/DGE/0460/2014, la Dirección General de Egresos A de la Secretaría de Finanzas del DF respondió a una solicitud de información con los siguientes datos:
Que por concepto de expropiaciones, el Sistema de Transporte Colectivo Metro entregó tan solo 33 millones de pesos en el periodo comprendido de 2008 a 2012, durante el sexenio de Marcelo Ebrard.
No obstante, la oficina de información pública del Metro, a cargo de Aldo Andrade Castillo, respondió en esa misma fecha que de acuerdo a lo manifestado por la Coordinación de Regularización de Bienes Inmuebles, se han destinado 218 millones 201 mil 543 pesos para la compraventa de 232 predios en la zona por donde pasa la Línea 12 Tláhuac-Mixcoac.
Esa misma oficina detalló que por concepto de expropiación de 53 predios se han destinado 238 millones 498 mil 819 pesos.
Si se suman ambas cifras, el total no cubre el monto que se destinó para indemnizaciones desde el año 2009. ¿Dónde están esos millones?
Uno de los servidores públicos involucrados con la problemática convertida en calvario vecinal, por lo difícil de cobrar su dinero, es el diputado federal del PAN, Jorge Sotomayor, quien advierte con ironía que la constructora ICA es quien desempeña el papel de perito.
Luego entonces, la constructora que causó los daños a los inmuebles es también la responsable de determinar mediante peritaje si se ocasionaron afectaciones y si el pago procede.
Así las cosas, el legislador detalla que una vez realizado el peritaje, ICA es quien determina si hay un problema en la construcción y si procede el pago o si en su caso, el problema ya existía desde antes de que se iniciara la excavación en la zona.
Para muchos de los que reclaman un pago, ni siquiera han tenido la oportunidad de que la constructora aplique el peritaje a sus inmuebles.
Daños en su vivienda… y en su salud
Desde la Asamblea Legislativa del Distrito Federal (ALDF) se ha exigido en reiteradas ocasiones al consejero jurídico y de servicios legales del GDF, José Ramón Amieva, se informe de manera calendarizada sobre el pago de los daños y las indemnizaciones que falta pagar a los vecinos.
Y es que ante el escándalo de presunta corrupción y sobrecostos que tienen parada a la Línea Dorada, el tema de los afectados fue relegado primero por los funcionarios de la pasada administración, y hoy por los que conforman el equipo de Miguel Ángel Mancera.
Y es que a poco más de seis años que se inició la megaobra, aún existen decenas de ciudadanos de las delegaciones Coyoacán, Benito Juárez, Tláhuac e Iztapalapa que no han recibido el pago por el daño a sus casas o negocios.
Pese a que Héctor Serrano, desde la Secretaría de Gobierno, inició algunas mesas desde el 2013 en las que se reunieron con los vecinos afectados, el tema parece que ya fue olvidado.
El diputado Sotomayor destaca que los pagos que alcanzaron algunos vecinos fueron de apenas 800 pesos por el daño a sus inmueble, luego de años de peregrinar, manifestarse y tocar puertas en busca de pago.
También denuncia que hay casos documentados de vecinos que presentan problemas de salud crónicos debido a que las empresas constructoras nunca corrigieron los problemas del drenaje provocadas por la obra.
“Gobierno los remitía a Proyecto Metro, este los remitía al Sistema de Transporte Colectivo, y así los han traído por años”, denuncia el legislador.
Por años los afectados han tenido que respirar los hedores que provienen de las profundidades, situación que ya provocó daños directos en su salud.