Los diputados federales buscarán modificar algunos puntos de la Ley de Ingresos para lograr rescatar los fondos discrecionales que se entregan a los municipios.
El año pasado, etiquetaron 10 mil 900 millones de pesos en tres fondos que se repartieron de forma discrecional: pavimentación, cultura y espacios deportivos.
El destino de este dinero fue decidido por los diputados sin método y solo por la voluntad de cada uno.
En el PRI, por ejemplo, tuvieron la oportunidad de etiquetar 10 millones de pesos para proyectos de su interés. En el PAN, el reparto fue a consideración de los coordinadores parlamentarios, quienes decidían cuánto “le daban” a cada diputado para que lo colocara en sus proyectos.
Como era de esperarse, los legisladores pusieron ese dinero en planes que les redituaran políticamente o en otros proyectos por los que recibieron una “comisión” por la gestión del dinero.
De ahí que, en el proyecto del Ejecutivo para el 2016, no se contempló una partida para esos fondos discrecionales que hoy los diputados quieren reactivar.
Sin embargo, luego de los escándalos que acompañaron a la Legislatura pasada en el tema de los moches, para este ejercicio se prevé que las bancadas cambien el método de asignación de los recursos de esos fondos.
A casi un mes de que el Presupuesto de Egresos deba aprobarse por el pleno de la Cámara Baja, la negociación del ir y venir de los millones está en ebullición en el Palacio Legislativo de San Lázaro.
Reactivar recursos y asignarlos
Aunque no es una de sus funciones constitucionales, los diputados saben que gestionar recursos para sus comunidades les reditúa política y personalmente.
Por ello, en los próximos días, los diputados intentarán modificar la Ley de Ingresos de tal manera que puedan hacerse ajustes para tener una mayor entrada de recursos y poderlos etiquetar para las comunidades.
Sergio López, diputado por el PRD y secretario de la Comisión de Presupuesto, sostuvo que una de las tareas que deben realizar los diputados es llevar dinero hasta las comunidades pero, para eso, primero se debe buscar de dónde puede venir.
“Hay recursos ya etiquetados en el Presupuesto de Egresos, muchos de ellos vienen recortados; por ejemplo, todos los que van a carreteras o caminos, que sirven para dar empleo a esos lugares, traen un serio recorte. Por eso, tenemos que ver lo que se ajusta para poder tomar y etiquetar el dinero”, expuso López.
En las bancadas, las voces de los diputados ya comenzaron a sonar para preguntar por el dinero que podrán asignar este año.
En el PRI, el control de los recursos recaerá directamente en el coordinador de la bancada, César Camacho, hecho que no cayó muy bien en algunos tricolores.
Por ser un año electoral, los priistas prevén que se dé prioridad en la asignación de recursos federales para los estados donde habrá elecciones.
“Ya nos dijeron que a lo mejor nos toca etiquetar poquito este año, pero ya en otro nos recuperamos”, afirmó un diputado priista consultado.
La bancada del PAN, la más golpeada por el asunto de los moches, tiene urgencia en quitarse esa mala fama y limpiar su imagen, por lo que ahora la asignación de recursos se hará directamente a los alcaldes de los municipios ubicados en los distritos electorales, para evitar la tentación de que los diputados cobren una comisión a estos presidentes municipales.
Es la manera con la que Ricardo Anaya instruyó a los panistas para intentar acabar con los moches.
El PRD aún está a la espera y en la incertidumbre sobre si le darán acceso a tener una bolsa de recursos para entregar en sus distritos.
La negociación distorsionada
En México, negociar el Presupuesto de Egresos puede ser todo, menos un reparto de recursos con conocimiento de causa.
Aunque ya desaparecieron aquellos rituales en que los gobernadores acudían a San Lázaro hasta con la tambora o montaban una playa con arena traída desde sus estados, para pedir a los diputados que se les asignaran recursos, todavía persisten algunas prácticas que convierten a la negociación del Presupuesto en un momento incómodo para los legisladores.
Sin un plan a largo plazo que indique dónde es necesario invertir, además de los planes y justificaciones de los proyectos, los legisladores hacen sus asignaciones más a ciegas que con conocimiento de causa.
En la LXI Legislatura, del 2009 al 2012, lo común por estas fechas era acudir a las ferias que cada estado organizaba en San Lázaro para agasajar a los diputados y pedirles que asignaran recursos a tal o cual causa estatal o municipal.
Así pasó en el 2010, cuando el priista Ney González, entonces gobernador de Nayarit, organizó una verbena en el patio de San Lázaro hasta donde llegaron modelos en bikini para promocionar la Riviera Nayarit y se ofrecieron platillos típicos de la entidad, como brochetas de camarón.
Hoy día, ya no son los bikinis o las brochetas lo que predomina en el cabildeo de recursos federales.
Debido a los excesos generados en aquellas verbenas para pedir recursos federales, en la LXII Legislatura las peticiones se dieron en total sigilo, pero con la distorsión de que algunos diputados vieron la oportunidad de obtener un beneficio económico en forma de moche.
Ahora, para evitar un mal manejo de los recursos, se prevé que la asignación se realice de forma cupular, manteniendo el control de a dónde se destina este dinero.
Aunque es quien tiene la última palabra sobre el etiquetado del dinero público, la Cámara de Diputados tiene poca influencia sobre el destino final del erario.
Según cálculos del Centro de Investigación Económica y Presupuestaria (CIEP), la mayor parte del dinero público ya está ligado a compromisos ineludibles y por los que poco se puede hacer, más que asignarles recursos para que sean cumplidos.
La Cámara Baja solo tiene posibilidad de cambiar el destino del 5.2 por ciento del Proyecto de Presupuesto de Egresos que envía el Ejecutivo.
Podría decirse que la Cámara baja da un cheque en blanco al Ejecutivo federal en la asignación del presupuesto federal.