Al rescate de Puerta Violeta en Cadereyta

La violencia contra las mujeres se combate con voluntad política; la Puerta Violeta que ya se había entreabierto en el municipio Cadereyta de Jiménez no debe cerrarse.

Inspirada en el modelo estadounidense Women Togheter, la estrategia ahora deberá implementarse en todo México ¿pero por qué no en este municipio metropolitano?

Durante su primer informe de gobierno, el edil del Partido Verde Ecologista de México (PVEM), Ernesto Quintanilla, mencionó la construcción del Centro de Justicia para las Mujeres en donde hay un lugar para Puerta Violeta.

El 25 de octubre de 2018, el municipio de Cadereyta firmó un convenio para la apertura de este modelo integral fundado por Alternativas Pacíficas (Alpaz). Durante 2019 inició la adecuación de la sede e incluso ya había personal de Alpaz trabajando.

Sin embargo, el secretario del Ayuntamiento, Carlos Rafael Rodríguez, informó que el gobierno del exalcalde panista, José Santiago Preciado Robles, firmó un acuerdo que sólo contempla ceder un espacio dentro del Centro de la Justicia para las Mujeres.

“El 19 de julio de 2019, fuimos desalojadas del espacio por motivos internos del municipio”, reportó la asociación en un comunicado.

Preciado Robles explicó que por malos entendidos entre la organización y la administración municipal por un convenio previamente acordado con instancias del Gobierno de Nuevo León, el proyecto fue frenado pero aseguró que hay espacio para ejecutarlo.

Sin embargo, Alpaz advirtió que Puerta Violeta y el Centro de Justicia para las Mujeres tienen modelos de operación incompatibles y no pueden estar en el mismo sitio.

Más allá de una denuncia, replicar Puerta Violeta

Alicia Leal tiene más de dos décadas trabajando en defensa de mujeres víctimas de violencia; se desempeñaba como presidenta honorífica del consejo directivo de Alpaz. La titular de la Secretaría de Gobernación (Segob), Olga Sánchez Cordero, le ofreció ser directora adjunta del Instituto Nacional para el Federalismo y el Desarrollo Municipal (Inafed) tras anunciar que Puerta Violeta se replicaría a nivel nacional como una política pública.

Este órgano desconcentrado de la Segob está encabezado por Rafael Cortés Gómez y tiene el objetivo de fortalecer las capacidades de las administraciones federales y municipales. Una característica del éxito de Puerta Violeta en Escobedo, Guadalupe, Apodaca y Monterrey es que se trata de un modelo integral.

En entrevista con Reporte Índigo, Leal explica la importancia de esta estrategia conjunta.

“El tema de la integralidad en los servicios altamente especializados, multiagenciales o multisectoriales es porque sí intervienen diferentes instituciones tanto de gobiernos municipales como estatales, la iniciativa privada, el Congreso”, menciona.

Incluso, el órgano legislativo local, a través de la diputada del Partido del Trabajo (PT), Guadalupe Rodríguez, exhortó al municipio a rescatar Puerta Violeta, tras su cancelación.

La ahora funcionaria del Inafed celebra el apoyo de las diputadas del Congreso local para combatir la violencia hacia las mujeres y explica la viabilidad y necesidad de esta medida cautelar de protección inmediata, que alberga incluso a los hijos de quienes han sido violentadas o están bajo amenaza de agresión.

“Para hacer esta estrategia no se requirió ningún cambio de legislación o mayor presupuesto del que ya se estaba contemplando, lo que se requirió fue voluntad política. Lo único que buscamos es implementar protocolos conjuntos y que las comunidades los hagan suyos, como esas puertas por donde pueden entrar y salir las mujeres”, expresa.

Leal advierte la importancia de brindar servicios de protección integral antes de sólo denuncias, función que tendría el Centro de Justicia contra las Mujeres.

“Un error es pensar que convirtiendo la violencia contra las mujeres en un delito íbamos a detener las agresiones y eso no ha pasado. No inhibes la violencia solamente por tipificarla”, comenta.

Puerta Violeta busca ofrecer servicios las 24 horas de todos los días del año, en coordinación con las secretarías de Salud, Seguridad Pública, Bienestar, la Comisión Nacional para Prevenir y Erradicar la Violencia Contra las Mujeres (Conavim) y el Instituto Nacional de las Mujeres.

“Los centros de justicia tienen otro esquema que está más centrado en la denuncia. Es importante que las mujeres tengan derecho a la judicialización de su caso, a poner una denuncia penal o civil, pero no siempre es lo mejor, sino que tengan previos servicios y que vayan tomando las decisiones de acuerdo con sus necesidades y con una valoración del riesgo”, argumenta.

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