La deuda del Fondo Nacional de Infraestructura (Fonadin) se está convirtiendo en un riesgo para las finanzas del Gobierno federal.

Según la Auditoría Superior de la Federación (ASF), en el Programa Anual de Auditorías para la Fiscalización Superior de la Cuenta Pública 2016, el problema radica en que el Gobierno federal no considera los pasivos del FONADIN como deuda pública y no tiene un plan para pagar los más de 239 mil millones de pesos que adeuda este fideicomiso.

Debido a esto, la ASF recomienda a la Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP) y a la Cámara de Diputados constituyan a la entidad como una de la Administración Pública Paraestatal y así evitar “la opacidad en la toma de decisiones respecto a la operación, administración de la deuda, los recursos que administra y el otorgamiento de financiamientos”.

La creación del fideicomiso paraestatal 1936 FONADIN se realizó en 2008 con la finalidad de ser el vehículo de coordinación de la Administración Pública Federal para la inversión en infraestructura. Desde ese año, el Fondo absorbió las funciones de otros fideicomisos como el Fondo de Inversión en Infraestructura y el Fideicomiso de Apoyo para el Rescate de Autopistas Concesionadas.

Para apoyar la construcción de infraestructura, el FONADIN, otorga apoyos mediante subsidios a fondo perdido y créditos subordinados. Entre 2012 y 2016, los apoyos sobrepasaron los 16 mil millones de pesos, este dinero se consigue mediante líneas de crédito que se tiene con Banobras.

Para disminuir la deuda, se paga mediante lo recaudado de la operación y explotación de los tramos carreteros y por Pagarés de Indemnización Carretera y Certificados Bursátiles de Indemnización Carretera Segregables, emitidos por el Gobierno federal.

Aunque el dinero del Fondo se utiliza para obras federales, la deuda generada no se considera una deuda federal, ya que el fideicomiso tiene carácter de no paraestatal.

Años antes, los recursos para la construcción de las carreteras provenían de la Ley de Ingresos de la Federación, pero a partir del sexenio de Carlos Salinas de Gortari (1988-1994), se comenzó a atraer inversionistas privados para que fueran concesionarios por periodos de hasta 30 años y con recursos provenientes de la venta de activos del sector comunicaciones y transportes se constituyó el primer fideicomiso de administración y pago no paraestatal, el FINFRA.

Para 1997 y por decreto presidencial se declaró el rescate de 23 concesiones carreteras y el pago de las indemnizaciones a los inversionistas privados mediante otro fideicomiso no paraestatal de administración y pago, el FARAC o Fideicomiso 1936 que pagó por indemnizaciones a los exconcesionarios 57 mil 756 millones 589 mil 900 pesos mediante la adquisición de deuda.

Este endeudamiento no fue considerado por el Gobierno federal como deuda pública, ya que según ellos el fideicomiso tiene carácter de no paraestatal y, por lo tanto, no pertenece a la Administración Pública Federal.

La única medida que tuvieron para ayudar al Fideicomiso, fue entregar una concesión administrativa para que pudiera explotar 23 caminos y puentes, y con el remanente pagar apenas los intereses de sus pasivos. Con esta movida, la deuda ya nunca fue considerada como parte del gasto público y, por lo mismo, ya no se registra en el Presupuesto de Egresos de la Federación. Actualmente el fondo tiene 39 concesiones de caminos y puentes.

“Esta situación ha implicado, en términos de aprobación del gasto, falta de transparencia y rendición de cuentas, ya que, a partir de ese momento, el presupuesto de gasto de esos tramos carreteros y del pago de la deuda contratada con ese fin, no han formado parte del gasto público federal ni han sido aprobados por la Cámara de Diputados”, revela la Auditoría.

Los financiamientos autorizados para gobiernos estatales, municipales, empresas particulares, fondos de inversión, sociedades y asociaciones, la indemnización carretera por 211 mil 916 millones 857 mil pesos dejan una deuda total con Banobras de 239 mil 110 millones 857 mil pesos que no se reconoce como deuda pública.

Una deuda que va incrementando año con año ya que el FONADIN realiza actividades de una institución de crédito al otorgar financiamientos. Pero el problema radica en que el fideicomiso no es reconocido como tal, ya que desde su creación fue constituido como un fideicomiso público no paraestatal.

“En el pasivo a largo plazo se registró un incremento por 8 mil 214 millones 400 mil pesos, el 3.6 por ciento, al pasar de 230 mil 896 millones 457 mil pesos en 2015 a 239 mil 110 millones 857 mil pesos en 2016”, señala la auditoría.

Además de esto, no existe en el Fondo un Programa Financiero eficiente para liquidar la deuda.

Por estos motivos, la ASF recomendó a la Cámara de Diputados y a las Comisiones de Presupuesto y Cuenta Pública y de Hacienda y Crédito Público, promover ante el Ejecutivo Federal que el Fonadin se convierta en una Entidad de la Administración Pública Paraestatal para evitar la opacidad en la toma de decisiones, en su operación, la deuda y los recursos que administra.

El PRI ha reconocido el trabajo de Portal como auditor, pero saben que ha sido el más crítico; los diputados del PRD se inclinan más a revisar nuevos perfiles para el cargo y la bancada del PAN sí apoyará la reelección

Cuentas FONADIN

La opacidad en la toma de decisiones y en la administración del Fideicomiso se han convertido en un riesgo para las finanzas del Gobierno Federal.

239,000
Millones de pesos adeuda el Fonadin
16,000
Millones de pesos apoyos a la construcción de infraestructura en 2012 y 2016
211.9
Millones de pesos financiamientos autorizados para gobiernos estatales y municipales
8.2
Mil millones de pesos incremento en el pasivo a largo plazo
230.8
Mil millones de pesos era el pasivo a largo plazo en 2015
239.1
Mil millones de pesos pasó a ser el pasivo a largo plazo en 2016

Créditos de Fovissste, caros y riesgosos

En una estimación de la ASF se evidenció que de los 7 mmdp obtenidos por FOVISSSTE el año pasado, después de 30 años de intereses, el total a pagar serían 21 mil 603 millones 770 mil pesos, por lo que sugirió a la Cámara de Diputados prohibir que se siga bursatilizando la cartera del Fondo de la Vivienda

El Fondo de la Vivienda del Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado (FOVISSSTE) utiliza para financiar los créditos de los trabajadores la bursatilización de su dinero, un método caro y riesgoso, revela la Auditoría Superior de la Federación (ASF) en la Fiscalización Superior de la Cuenta Pública 2016.

Mediante esta operación, el FOVISSSTE obtuvo durante el año pasado 7 mil millones de pesos para 16 mil 566 créditos hipotecarios, pero antes tuvo que pagar gastos de emisión por 38 millones de pesos que equivalen a honorarios, comisiones, erogaciones y otros gastos no especificados, por lo que al final solamente obtuvo 6 mil 961 millones 912 mil 300 pesos, con una deuda en intereses de más de mil millones de pesos a pagar en 9 años.

Por considerarlo riesgoso, la ASF sugirió a la Cámara de Diputados prohibir que se siga bursatilizando la cartera del Fondo de la Vivienda.

En 1972 se creó el Fondo de la Vivienda del ISSSTE para administrar los recursos de los trabajadores al servicio del Estado y establecer un sistema financiero que permita “obtener créditos baratos a los trabajadores”, pero según lo detectado por la ASF, los Certificados Bursátiles Fiduciarios (CBF´s), no son la mejor opción para los empleados.

Este sistema se implementó en 2007 y se autorizó que los recursos del FOVISSSTE se inviertan en valores diversos, o se bursatilice su cartera (artículo 189), como método de financiamiento alterno para implementar su capacidad crediticia.

A partir del 2009, el Fovissste mediante una cesión de derechos de crédito realizó 26 emisiones de CBF´s en la Bolsa Mexicana de Valores por 129 mil 966 millones 105 mil 400 pesos. Solamente en 2016, el Fondo obtuvo 7 mil millones de pesos de los 41 mil millones destinados al otorgamiento de nuevos créditos hipotecarios.

Por ser un órgano desconcentrado del ISSSTE, el fondo no recibe presupuesto del Gobierno federal y no está facultado para contratar deuda, pero la bursatilización es por sí misma una deuda.

Ante este planteamiento por parte de la ASF, el FOVISSSTE contestó que el financiamiento por bursatilización no se debe de considerar deuda ya que la operación se realiza con transferencia de propiedad, es decir dar algo de dinero para recibir más.

“Conforme a lo manifestado por el FOVISSSTE, la normativa es la que no prevé que ese mecanismo sea considerado como deuda pública, que a pesar de ser utilizado con el fin de captar recursos para cumplir con su objeto implica el pago de un costo con cargo al patrimonio de los trabajadores”, reviró la ASF en la Auditoría.

De los 7 mil millones de pesos obtenidos, los beneficiados deberán de pagar un interés bruto anual del 3.8 por ciento sobre el valor nominal durante 29 años.

En una estimación realizada por la ASF se evidenció que después de 30 años de intereses, el total a pagar serían 21 mil 603 millones 770 mil pesos. Si el Fovissste hubiera optado por Bonos de Desarrollo del Gobierno federal (Udibonos), la deuda hubiera sido de 641 millones 296 mil pesos menor.

“La Auditoría Superior de la Federación considera que la emisión de este esquema de bursatilización incrementa el costo de financiamiento, ya que los recursos por 7 mil millones de pesos obtenidos por la bursatilización de cartera del FOVISSSTE en 2016, se estima que con cargo en el patrimonio de los trabajadores se pagarán intereses por mil 191 millones 825 mil 400 pesos, en un plazo aproximado de 9 años”, concluye la Auditoría.

Si a este monto se le suma el interés nominal y la estimación del incremento del valor de las UDIS, el costo aumentaría a 41 mil 706 millones 757 mil 800 pesos.

“Por lo anterior, existe el riesgo de que este esquema de bursatilización, tenga un mayor costo de financiamiento en el supuesto de que no se realizarán amortizaciones de capital de los CBF´S con las consecuencias correspondientes a las finanzas del FOVISSSTE, y por ende al patrimonio de los trabajadores”, señala el documento.

Para evitar el riesgo y el alto precio de los créditos, la ASF sugirió a la Cámara de Diputados que modifique los artículos 185 y 189 de la Ley del Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado para que los recursos se inviertan en valores a cargo del Gobierno federal a través del Banco de México e Instrumentos de la Banca de Desarrollo y no se bursatilice más la cartera del Fondo de la Vivienda.

“Existe el riesgo de que este esquema de bursatilización tenga un mayor costo de financiamiento en el supuesto de que no se realizarán amortizaciones de capital de los CBF´S con las consecuencias correspondientes a las finanzas del FOVISSSTE, y por ende al patrimonio de los trabajadores”
Auditoría Superior de la Federación
De los 7 mil millones de pesos obtenidos, los beneficiados deberán de pagar un interés bruto anual del 3.8 por ciento sobre el valor nominal durante 9 años

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