Alcaldes contra reloj: certificación o cárcel

Van dos años de la aprobación de esta reforma y las autoridades no pueden cumplir con el 100 por ciento de certificación de sus policías.

Así que ahora los alcaldes recién nombrados están en una carrera contra reloj.

Porque de no tener al 100 por ciento de sus uniformados con resultados positivos en las pruebas de control de confianza, los munícipes tendrán responsabilidad penal y según la ley deberán ir a la cárcel.

Cifras registradas en el Centro de Certificación, a las que Reporte Indigo tuvo acceso, indican que entre la Secretaría de Seguridad Pública del Estado y los municipios del área metropolitana hay un promedio de 94 por ciento de certificación de uniformados.

Arriba del 95 por ciento de certificación están Seguridad Pública del Estado con un 96 por ciento, y los municipios de San Pedro, San Nicolás y Santa Catarina con un 99 por ciento.

Pero entre los ayuntamientos con más problemas está la capital regia que ya gobierna Margarita Arellanes, el municipio de García que dirige Jesús Hernández García y el de Juárez gobernado Rodolfo Ambriz.

Estos tres ayuntamientos son los que menos porcentaje de certificación de policías tienen y hay una responsabilidad penal directa a partir de enero.

Carga hereditaria que recibieron de sus antecesores, que luego de dos años de conocer la reforma de la Ley General de Seguridad, no pudieron completar la certificación.

El único municipio del área metropolitana de Monterrey que cuenta con el 100 por ciento de sus policías certificados es el de Guadalupe, que gobierna desde esta semana César Garza y donde el director de la corporación es el coronel Enrique Alberto San Miguel, quien repite en el cargo.

Pero de los tres municipios con más problemas por culminar su depuración, el más complicado es precisamente el de la capital regia.

La alcaldesa Margarita Arellanes, que ya trae marinos patrullando las calles, tiene la corporación con mayor número de elementos en la Policía regia y solamente recibió un 84 por ciento de uniformados con la aprobación de las pruebas de control de confianza.

Es decir, de unos mil 500 policías, poco más de 200 no están certificados porque no han presentado los exámenes o simplemente los reprobaron.

Y de nada servirá que la alcaldesa nombró al contralmirante de la Secretaría de la Marina Armada de México Augusto Cruz Morales para reformar su policía, si para enero no tiene al 100 por ciento de los elementos certificados.

Esta herencia es tanto del ex alcalde regio Fernando Larrazabal, ahora diputado federal, como de su sustituto en la Alcaldía, Jaime Bazaldúa, ahora ex director del DIF Monterrey.

Porque desde noviembre de 2010, cuando se efectuó la aprobación de la última reforma de la Ley General de Seguridad, sabían que llegaría el momento en que entrara en vigor esta nueva regla.

Sin embargo, no pudieron culminar la certificación de sus policías y ahora es Margarita Arellanes quien en dos meses tendrá la responsabilidad penal si no termina con la aprobación de las pruebas de control de confianza con el 100 por ciento de su personal.

El Capítulo II, De los Delitos Contra el Funcionamiento del Sistema Nacional de Seguridad, es muy claro en su redacción.

En el Artículo 139, fracción IV, dice que se sancionará con una pena corporal, de dos a ocho años de prisión y de 500 a mil días de multa, a quien asigne un nombramiento de policía, ministerio público o perito oficial a una persona que no haya sido certificada y registrada en los términos de la ley.

Pero la responsabilidad de Larrazabal, y de su sustituto Bazaldúa, por no cumplir con la depuración  al 100 por ciento ahora recae en Margarita Arellanes porque la ley no es retroactiva.

Los otros dos municipios con mayores problemas por el apremio de la depuración son Juárez y García, que incluso tienen menos porcentaje de Monterrey, pero como tienen mucho menos uniformados que la capital regia pueden culminar más rápido con la aplicación de pruebas de control de confianza.

Juárez, García y Escobedo

En Juárez, donde el alcalde Rodolfo Ambriz todavía tiene un recurso legal contra su elegibilidad, el munícipe saliente Luis Alberto García no pudo completar la depuración en sus tres años de administración.

Además de que ese municipio es uno de los más conflictivos por la gran cantidad de muertes, ejecuciones y asedio del crimen organizado, Luis Alberto García apenas entregó un 79 por ciento de uniformados con la certificación.

Es decir, que de unos 350 elementos, todavía le faltan unos 70 de cumplir con la aprobación de los exámenes de control de confianza.

Y en el municipio de García, donde hay unos 400 elementos, Jaime Rodríguez “El Bronco” apenas entregó el 79 por ciento de policías certificados, el mismo porcentaje que en Juárez.

Aquí sorprende que el ex alcalde haya entregado este objetivo incompleto al munícipe Jesús Hernández García.

Porque si alguien debe tener en cuenta la seguridad es “El Bronco”, debido a que sufrió dos atentados contra su vida y también la muerte de su primer director de Seguridad, el general Arturo Esparza.

El 21 por ciento que falta serían unos 85 policías que deben pasar las pruebas de control de confianza en los próximos dos meses.

Luego, en orden ascendente, el municipio que sigue es Escobedo.

Ahí la ex munícipe Clara Luz Flores dejó un 87 por ciento de certificación de uniformados al alcalde César Cavazos.

Es decir, que de unos 350 policías faltan cerca de 40 elementos de presentar sus pruebas de control de confianza.

Y es que cuando inició la administración el general retirado Hermelindo Lara despidió a todos los uniformados e inició la contratación de todo el personal.

Luego sigue Apodaca, donde el alcalde Raymundo Flores recibió de Benito Caballero y Eliud  Elizondo un 93 por ciento de avance, pero donde este porcentaje puede ser engañoso.

Porque en ese municipio hay un gran déficit de uniformados, así que Flores tendrá no solamente que certificar a los cerca de 25 elementos que faltan de aprobar los exámenes de control de confianza, sino también a quienes contrate para disminuir el faltante de policías.

Por último están San Pedro, San Nicolás y Santa Catarina, donde el porcentaje que falta de certificar es 1 por ciento.

Quedan dos meses para que los alcaldes cumplan con la ley y terminen de certificar a sus elementos.

De lo contrario, quienes incumplieron y ya no están en el cargo, los ex alcaldes, serán los responsables de que sus sucesores puedan enfrentar un proceso penal.