Alcaldes en la línea de fuego

[kaltura-widget uiconfid=”38045831″ entryid=”0_xk3rsfwd” responsive=”true” hoveringControls=”true” width=”100%” height=”75%” /] Tres disparos acabaron con la vida del presidente municipal de Petatlán, Arturo Gómez Pérez, el pasado 28 de diciembre, el último alcalde en funciones asesinado en el país y cuya muerte desató también una crisis de ingobernabilidad en este municipio de la costa grande de Guerrero.

Ante la tragedia y el vacío nadie dio un paso al frente, el alcalde suplente declinó su derecho a ocupar el cargo argumentando problemas de salud, los integrantes del cabildo se hicieron a un lado y sería su esposa -después de la intervención del Gobierno estatal- quien tomaría las riendas del ayuntamiento.

Pero no es un caso aislado. Petatlán es el fiel reflejo de la indefensión en que viven los alcaldes en el país, un ejemplo de la vulnerabilidad en la que se encuentran; son el primer eslabón de contacto de la ciudadanía con el gobierno, y también el más débil.

El desempeño del cargo se ha convertido en una labor de altísimo riesgo en México, motivo por el cual es posible la existencia de situaciones tan irreales como la de Petatlán, el municipio donde nadie quería ser alcalde.

En los municipios de Tlapehuala, San Miguel Totolapan y Zihuatanejo, también en Guerrero, los alcaldes titulares pidieron licencia recientemente para buscar un nuevo cargo de elección popular y los suplentes tampoco han querido asumir la responsabilidad.

Guerrero es una de las entidades más golpeadas por la violencia en los últimos años y una de las más peligrosas para las autoridades locales junto con Oaxaca, Durango, Tamaulipas, Estado de México, Puebla, Veracruz y Michoacán.

Tan sólo en 2017, ocho presidentes municipales en funciones perdieron la vida en circunstancias de violencia, la segunda cifra más alta sólo por detrás de 2010 -uno de los más violentos en la historia reciente- cuando 12 ediles fueron asesinados. El número ya va en 52 desde el 2006, año en que comenzó la llamada guerra contra el narcotráfico.

Si se cuentan también los ex presidentes municipales (13) y los ediles electos que aún no entraban en funciones (1) la cifra se eleva hasta 23 durante 2017, el año más violento de las últimas décadas y el más trágico para los alcaldes. Muchos de ellos habían sido amenazados antes de ser asesinados.

Según un diagnóstico elaborado por la Asociación Nacional de Alcaldes (ANAC), los asesinatos de ediles registrados en los últimos años se concentran en municipios con menos de 50 mil habitantes, localidades que se caracterizan por la falta de recursos, por bajo desarrollo institucional y por la presencia del crimen organizado.

La cercanía de las elecciones federales del próximo 1 de julio en donde se renovarán, entre otros cargos, 2 mil 30 de los 2 mil 462 ayuntamientos en la República y la sombra de la interferencia del crimen organizado en los procesos de elección, son dos factores que podrían agravar el ya de por sí peligroso entorno de los alcaldes y de los aspirantes a las alcaldías.

No sólo se trata del cambio de mandatario -aunque algunos de los alcaldes en funciones buscarán la reelección- sino la posible alternancia en algunos municipios y los propios procesos de reacomodo entre las organizaciones delincuenciales lo que pone en riesgo la integridad del proceso y las futuras administraciones locales.

Al ser el nivel más vulnerable de los tres órdenes de gobierno, muchos de los alcaldes del país viven bajo el yugo de la intimidación de los grupos delincuenciales que controlan parte del territorio nacional, en donde muchas veces sigue imperando la amenaza de ‘plata o plomo’.

Incluso ha habido indicios en anteriores procesos electorales en donde potenciales candidatos declinan la candidatura para buscar una alcaldía por el temor a represalias y a veces por la negativa de comprometer su gestión ante los intereses del crimen.

En algunos de los municipios con mayor riesgo en el país se ha evidenciado la dificultad de algunos partidos políticos para encontrar perfiles dispuestos a contender, lo que ha derivado en que en ocasiones no se presenten candidatos.

Hasta hoy no existe ningún protocolo de seguridad oficial para la protección de los alcaldes y las autoridades municipales a pesar de que son quienes se encuentran más expuestos a la violencia. El Estado los ha dejado a su suerte.

Las cifras de la violencia

Alcaldes asesinados de 2016 a 2018

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Rojo 2017

El año pasado fue uno de los más violentos para los alcaldes en el país, ya que ocho fueron asesinados en el ejercicio de sus funciones durante 2017, cifra sólo superada por los 12 ediles muertos en circunstancias violentas durante 2010.

Antolín Vital Martínez, alcalde priista del municipio de Tepexco en el estado de Puebla fue la primer víctima de la violencia en 2017. Fue ejecutado mientras viajaba a bordo de su camioneta sobre la carretera federal Atlixco-Izúcar de Matamoros a la altura del municipio de Tepeojuma, el 24 de enero.

El siguiente caso se registró hasta la mañana del 6 de octubre cuando el alcalde perredista de Paracho, Michoacán, Stalin Sánchez González, fue ejecutado a las afueras de su domicilio con armas AK-47.

Cuatro días más tarde, el 10 de octubre, sería asesinado Crispín Gutiérrez Moreno, presidente municipal de Ixtlahuacán, Colima, por el PRI mientras circulaba en una camioneta del ayuntamiento. Era su segundo periodo como edil.

Ese mismo día un grupo de hombres armados atentaron contra el alcalde de Huitzilan de Serdán Puebla, Manuel Hernández Pasión y su escolta mientras viajaban en una camioneta, ambos perdieron la vida.

La noche del viernes 24 de noviembre el presidente municipal de Ixhuatlán de Madero en Veracruz, Víctor Manuel Espinoza Tolentino, su esposa y tres personas más fueron ejecutados en el municipio de Banderilla.

El siguiente sería José Santos Hernández, alcalde de San José el Alto, en Oaxaca, quien fue ejecutado por un grupo armado el 8 de diciembre en un paraje de San Pedro Pochutla cuando regresaba de una peregrinación al santuario de la Virgen de Juquila.

Diez días después, el 18 de diciembre, el edil de Bochil, Chiapas, Sergio Zenteno Albores, fue asesinado por un comando de hombres armados mientras viajaba a bordo de su vehículo en pleno centro de Tuxtla Gutiérrez, capital de Chiapas.

El último caso en el año fue el de Arturo Gómez Pérez, presidente municipal de Petatlán, Guerrero, asesinado por un agresor que le disparó mientras cenaba en un restaurante de la cabecera municipal el pasado 28 de diciembre.

A estos ocho atentados fatales se suma también el de Santana Cruz Bahena, alcalde electo del municipio de Hidalgotitán, Veracruz, quien perdió la vida junto a tres de sus escoltas el 20 de noviembre.

Durante el año anterior también fueron asesinados 13 exalcaldes, cifra más alta de la que se tenga registro.

Alcaldes caídos en 2017

Enero 24

Antolín Vital Martínez

Tepexco, Puebla

Octubre 6

Stalin Sánchez González

Paracho, Michoacán

Octubre 10

Crispín Gutiérrez Moreno

Ixtlahuacán, Colima

Octubre 10

Manuel Hernández Pasión

Huitzilan de Serdán, Puebla

Noviembre 20

Santana Cruz Bahena (Electo)

Hidalgotitlán, Veracruz

Noviembre 24

Victor Manuel Espinoza

Ixhuatlán de Madero, Veracruz

Diciembre 18

Sergio Zenteno Albores

Bochil, Chiapas

Diciembre 28

Arturo
Gómez Pérez

Petatlán, Guerrero

El riesgo electoral

Enrique Vargas del Villar, presidente de la Asociación Nacional de Alcaldes (ANAC), asegura que la grave crisis de vulnerabilidad de los alcaldes ante la violencia es una llamada de alerta de cara a las próximas elecciones, por lo que es muy necesario un mayor compromiso por parte de la Federación para proteger a los alcaldes y asegurar el buen desarrollo de los comicios.

“Es un año electoral, es un año en donde estas bandas delictivas se quieren hacer más presentes para poder seguir controlando algunas de las zonas y poder meter miedo a la ciudadanía en estas próximas elecciones.

La ANAC, en donde están agrupados los alcaldes panistas del país, ha venido pugnando ante el poder ejecutivo para el establecimiento de un protocolo de seguridad para los alcaldes, quienes son los funcionarios más expuestos al embate de los grupos criminales.

Uno de los ejes de la propuesta para la elaboración del protocolo es que los alcaldes puedan tener una línea directa con Segob en caso de situación de riesgo, lo que permita una intervención directa e inmediata de las fuerzas federales.

“Tuvimos una reunión en 2016 y de ahí no avanzamos, debemos de tener un protocolo y debemos de tener una respuesta inmediata de la Federación para cualquier situación que puedan tener algunos de nuestros alcaldes.

“Somos el nivel más importante de los 3 niveles de gobierno, somos los que tenemos la cercanía con la ciudadanía”, apunta.

Por último, el alcalde del municipio de Huixquilucan sostiene que una de las mayores preocupaciones de la ANAC es que el clima de violencia impacta en la imagen de México en el exterior, lo que frena las inversiones en el país.

“El 2017 ha sido el año más violento en los últimos 20 años, lo cual es un tema muy delicado para el país por como nos ven en el extranjero. Los foráneos ven cómo asesinan alcaldes en el país y por lo tanto no quieren traer sus inversiones”.

Abandono institucional

Para el secretario general del PRD, Ángel Ávila, el principal factor de la vulnerabilidad y la violencia en contra de los alcaldes es el poco compromiso del Estado en los municipios, los cuales viven en muchas ocasiones un claro abandono.

“Están en el peor de los mundos, son gobiernos que están abandonados a la suerte del crimen organizado y vemos que en plena época preelectoral el narcotráfico trata de hacerse de algunos territorios y por supuesto eso implica atemorizar, hacer a un lado a personas que no quieren someterse a su poder.

“Parte de que el crimen haya avanzado es que toma a veces la función del Estado. Donde no hay Estado, ese vacío institucional lo llenan los cárteles”, afirma Ávila.

A esta problemática, señala el dirigente perredista, se tienen que sumar otros factores como la impunidad para quien comete un asesinato, la corrupción en las corporaciones policiacas y en los órganos de procuración de justicia y la escasa capacidad de los municipios para enfrentar la delincuencia.

“Tienen poca capacidad los presidentes municipales para poder enfrentar un fenómeno de esa magnitud. Tienen pocos recursos, tienen policías mal capacitadas, mal pagadas y no tienen ningún apoyo por parte del Gobierno federal y en muchos casos tampoco del estatal”.

Ávila también advierte que un primer paso para proteger a los alcaldes y a la ciudadanía en general de la ola de inseguridad debería ser el replanteamiento de la estrategia de seguridad en dos grandes ejes: terminar con la corrupción que permite el tránsito de armas hacia el país y sobre todo ir de frente por el dinero de los criminales.

“Si el Gobierno federal no le quita las ganancias al crimen organizado, ellos tendrán capacidad para comprar, para corromper jueces, autoridades, policías y si no se les detiene el tráfico de armas evidentemente tendrán poder de fuego”.