Las 16 alcaldías de la Ciudad de México prefieren contratar bienes o servicios por adjudicación directa que por licitación pública a pesar de que se violan diversas normas.
La Ley de Adquisiciones para el Distrito Federal estipula en su artículo 55 que las secretarías, entidades y órganos desconcentrados de la administración pública solo pueden contratar el 20 por ciento de su volumen total de adquisiciones anuales por adjudicación directa.
El marco normativo informa que la adjudicación directa es el método de contratación a través del cual se compran bienes o servicios sin un concurso de licitación pública que garantice las mejores condiciones.
Señala que deben realizarse por excepción cuando haya “obras de bienes y servicios para los cuales no existan alternativos o sustitutos técnicamente aceptables y el contrato sólo pueda celebrarse con una determinada persona porque posee la titularidad o licenciamiento exclusivo de patentes, derechos de autor u otros derechos exclusivos”.
También cuando peligre o se altere el orden social, la economía, los servicios públicos, la salubridad, la seguridad o el ambiente de alguna zona o región, se demuestren mejores condiciones, se rescinda un contrato previo por causas imputables al proveedor, los concursos de licitación se declaren desiertos, sean medicamentos o alimentos para consumo inmediato y la excepción también aplica cuando se compra al mismo gobierno.
Pese a la ley, las alcaldías rebasan el 20 por ciento permitido e incluso compran hasta el 90 por ciento por adjudicación directa.
Azcapotzalco, alcaldía que gobierna Vidal Llerenas, solo realizó el dos por ciento de sus compras por licitación pública o invitación al menos tres personas en 2019, según información disponible en el sistema de Consulta Pública de la Plataforma Nacional de Transparencia (PNT) cuya última actualización es al tercer trimestre del año pasado.
La fuente referida indica que Azcapotzalco contrató 301 bienes o servicios por adjudicación y sólo ocho a través del concurso entre empresas.
Las cifras sobre las licitaciones públicas, concursos de invitación restringida y adjudicaciones directas sobre Iztacalco disponibles en el Portal de Obligaciones de Transparencia (POT) de la alcaldía son las mismas que en la PNT.
Cuajimalpa de Morelos, gobernada por el priísta Adrián Rubalcava, según la plataforma federal, realizó 110 compras de enero a septiembre pasado, de las que 96 fueron por adjudicación directa.
Es decir, contrató sin competencia entre proveedores el 87 por ciento de sus bienes y servicios.
En el POT, la cifra es muy similar y alcanza el 88 por ciento de adquisiciones por adjudicación directa.
Tlalpan, encabezada por Patricia Aceves, realizó 194 compras en el mismo periodo, de las que 154 fueron por adjudicación directa, el 77 por ciento del total de lo adquirido.
Mientras que el POT, indica que la alcaldía del sur realizó 156 compras sin concurso entre empresas, el 79 por ciento.
Benito Juárez, gobernada por Santiago Taboada, llevó a cabo 90 compras durante los primeros nueve meses de 2019, y el 72 por ciento fueron por adjudicación directa, según datos de la PNT.
En contraste, el POT afirma que Benito Juárez adquirió sin competencia en el 57 por ciento de los casos.
La quinta alcaldía con más compras sin licitación en el lapso indicado es Iztacalco, encabezada por Armando Quintero, y cuyo volumen de adquisiciones sin concurso es del 71 por ciento, señala información de la PNT.
Al respecto, el POT muestra que el volumen de adjudicaciones directas realizadas por Iztacalco durante el periodo referido es del 60 por ciento.
Persisten malas prácticas en adjudicación directa
Investigadores de la sociedad civil y académicos afirman que las autoridades contratan mayormente por adjudicación directa debido a dos factores: la inercia de creer que el presupuesto les pertenece y porque interpretan la Ley de Adquisiciones de la ciudad a su conveniencia.
Habría que delimitar más las excepciones y hacer ejercicios de rendición de cuentas
El especialista en administración pública de la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM), Víctor Manuel Nájera de la Torre, menciona que los gobiernos creen que pueden hacer lo que quieran con los recursos públicos.
Afirma que se continúa contratando a empresas de conocidos o a las que pueden beneficiar económicamente a los funcionarios a través de regalos o comisiones monetarias.
Los órganos internos de control de las entidades públicas, dice, son los encargados de sancionar esas acciones; pero no lo hacen porque algunas veces el personal que fiscaliza también tiene intereses políticos o económicos.
Ricardo Alvarado, investigador de Mexicanos Contra la Corrupción y la Impunidad, coincide en que puede haber intereses económicos para contratar por adjudicación directa a empresas y añade que la ley contempla excepciones que las alcaldías y entes públicos interpretan a modo para justificar hacer compras sin licitación pública.
“El problema es que si yo te justifico el número de excepciones, puedo rebasar el 20 por ciento de compras por adjudicación directa a los que limita la ley”, menciona.
No obstante, pese a las interpretaciones que hacen las direcciones de finanzas y administración tanto de alcaldías como de otros órganos, la adjudicación directa debe ser la excepción y no la regla como actualmente sucede.
