“Manuel González forzosamente tuvo que haber administrado y darle un destino final a esas tierras que Infonavit se había reservado como reserva territorial”
Aunque la venta de 360 hectáreas del Ejido San Nicolás habría sido ilegal por violar un decreto presidencial, el exdelegado del Infonavit en Nuevo León y actual secretario General de Gobierno, Manuel González, realizó actos administrativos sobre dicho predio.
Y mientras los traspasos territoriales de las 360 hectáreas –con un valor actual aproximado a los mil 500 millones de pesos- fueron irregulares, González habría firmado documentos para la venta y regularización de predios por medio del Infonavit, cuando fungió como delegado de esta dependencia, hace 16 años.
“Manuel González tuvo que haber firmado muchas escrituras de las gentes que actualmente tienen casas ahí, en Nueva Castilla”, dijo Gabriel Guajardo Muñoz, abogado de los ejidatarios.
El Infonavit actualmente está demandado por campesinos del Ejido San Nicolás, en Escobedo, por hacer uso ilegal dentro de las 360 hectáreas.
La tierra les fue entregada en 1936 por medio de un decreto presidencial emitido por el expresidente Lázaro Cárdenas.
La demanda fue interpuesta el 10 de septiembre del 2014 bajo el expediente 1063/2014 en el Tribunal Unitario Agrario del Distrito 20.
Cuando Manuel González fungió como delegado del Infonavit, realizó actos administrativos para su venta.
Lo anterior a pesar de que la dependencia también habría obtenido parte de las 360 hectáreas de manera irregular.
Tierras embargadas
Ayer Reporte Indigo publicó que por decreto presidencial, Lázaro Cárdenas entregó 2 mil 340 hectáreas a campesinos del Ejido San Nicolás.
Entre los afectados del decreto en 1936 estaba Juan Cantú García, quien estaba casado con Concepción Lozano.
A pesar de que perdió cualquier derecho sobre las 360 hectáreas, Concepción Lozano viuda de Cantú realizó una venta a dos particulares, quienes posteriormente cedieron el terreno al ciudadano Humberto Garza Domínguez.
Por medio de Nacional Financiera, Garza Domínguez habría solicitado recursos para construir un fraccionamiento dentro del terreno ejidal protegido por el decreto de Lázaro Cárdenas, al que llamaría Nueva Castilla.
Sin embargo, Garza Domínguez no realizó ningún fraccionamiento sobre las 360 hectáreas, e hizo uso del capital sin cubrir los pasivos.
Fue entonces que Nacional Financiera se adjudicó el predio para cubrir la deuda, cediéndolo posteriormente a Infonavit como parte de una reserva territorial.
La defensa legal de los ejidatarios explicó que tanto la venta que se hizo del predio por parte de Concepción Lozano viuda de Cantú y el otorgamiento del mismo por parte de Nacional Financiera a Infonavit, son ilegales debido a que las autoridades violaron el decreto presidencial que le otorga todos los derechos de las 360 hectáreas a los ejidatarios.
El Instituto de la Vivienda de Nuevo León y la familia Quiroga Garza también están involucrados en las adjudicaciones irregulares del terreno.
“Todo mundo se ha querido aprovechar de esas tierras porque saben que el destino de esas tierras es irregular”, comentó el abogado de los campesinos.
“Como el Ejido nunca las había peleado, y eran tierras que no tenían un propietario legal, porque obviamente cuando la agarró Nacional Financiera, embargándosela a Humberto Garza Domínguez, ellos sabían que no era de Humberto Garza Domínguez.
“Humberto Garza Domínguez recibe el dinero, no realiza ese fraccionamiento, y Nacional Financiera le embarga esas tierras. Pero para efectos legales, Nacional Financiera siempre estuvo en la creencia errada de que los terrenos eran de él. Nunca se precisó que eran ejidales”.
Buscan respeto al decreto
A pesar de dichas irregularidades, el actual secretario General de Gobierno, en su papel de delegado, en años anteriores otorgó escrituras para vivienda en el terreno protegido por decreto presidencial.
“Manuel González forzosamente tuvo que haber administrado y darle un destino final a esas tierras que Infonavit se había reservado como reserva territorial”, dijo Guajardo Muñoz.
“Y todavía existe reserva de tierra de Infonavit, por eso los estamos demandando”.
El decreto le otorga a los campesinos el derecho sobre 2 mil 340 hectáreas –incluidas las 360 en disputa-, mismas que están protegidas por la Constitución mexicana, e invalida cualquier acto administrativo ejercida por cualquier autoridad.
“Se declaran nulas todas las enajenaciones de tierras, aguas y montes pertenecientes a los pueblos, rancherías, congregaciones o comunidades, hechas por los jefes políticos, Gobernadores de los Estados.
“O cualquier otra autoridad local a lo dispuesto en la Ley de 25 de junio de 1856 y demás leyes y disposiciones relativas”, dice en la Fracción VIII del Artículo 27 de la Carta Magna.
Los ejidatarios también denuncian a un grupo de inversionistas representados por un fideicomiso conformado por Scotiabank, por despojo del inmueble, ya que también pretende despojarlos por medio de una batalla legal.
Scotiabank, Infonavit, el Instituto de la Vivienda estatal y la familia Quiroga Garza están demandados bajo el expediente 1063/2014 interpuesto en el Tribunal Unitario Agrario.
El magistrado encargado en desahogar el asunto es Rodolfo Hernández.
Los campesinos exigen que se declaren inválidos cada uno de los traspasos “ilegales”, y que se respete el decreto presidencial que le otorga total derecho sobre las hectáreas que pertenecen al Ejido San Nicolás.