Dispendio, mala planeación del gasto público, uso discrecional de los presupuestos legislativos, e invasión de funciones, son algunas de las problemáticas que pone en evidencia el Instituto Mexicano para la Competitividad en su más reciente informe sobre los Congresos locales en el país.
El Informe Legislativo 2018 presentado el día de hoy por el IMCO detalla, entre otras cosas, que 25 de los 32 congresos locales gastaron durante 2017 mil 915 millones de pesos en ‘ayudas sociales’, las cuales no forman parte de las funciones de los legisladores.
Además, el estudio señala que en siete legislaturas locales (Ciudad de México, Michoacán, Estado de México, Sonora, Baja California, Quintana Roo y Jalisco) el presupuesto por diputado es superior al de la Cámara de Diputados federal), lo que habla de una mala planeación del gasto.
Como comparativo, cada diputado de la Asamblea Legislativa del Distrito Federal, cuesta 10 veces más que un diputado en el congreso de Puebla. En total, la ALDF es el doble de cara, por ejemplo, que el Congreso Nacional de España, a pesar de que éste último tiene 350 diputados por solo 66 de la capital del país.
Otra de los ejemplos de los onerosos que son los Congresos locales es el hecho de que durante 2017, 27 de los 32 congresos locales gastaron mil 340 millones de pesos adicionales a los presupuestado originalmente para ese año.
Asimismo, respecto a la burocracia legislativa, el informe señala que la Asamblea Legislativa del Distrito Federal es el Congreso con más trabajadores por diputado (30), lo que da un total de 1 mil 991, seguido de Baja California con 27 trabajadores por diputado (674 en total).
El IMCO propone algunas medidas para tener congresos austeros, eficiente y más organizados, comenzando por apegarse al presupuesto de egresos aprobado y evitar un aumento desproporcionado o cambios no justificados.
También señala la necesidad de evitar gasto en ayudas sociales que implique el ejercicio de funciones que no son propias de las legislaturas, dotar de autonomía financiera a todos los órganos superior de fiscalización, entre otras.