Jalisco está entre los estados con mayor incidencia de hechos violentos en contra de las mujeres. Así lo reconocen incluso las mismas autoridades locales. Pero esto no ha bastado para una entidad sumida en la inseguridad que vive a diario la población, y toma mayor relevancia cuando se recuerda que en dos años de Alerta de Violencia contra las Mujeres se ha tenido un mínimo avance en este rubro.
“La Alerta de Violencia Contra las Mujeres es la posibilidad de lograr una coordinación interinstitucional en la ejecución de políticas públicas y estrategias transformadoras, así como de priorización de recursos y esfuerzos a favor de las mujeres y las niñas”, dice el boletín enviado por el Gobierno Estatal el 8 de febrero de 2016, para anunciar esta medida.
En la entidad, el 74.1 por ciento de las mujeres mayores a los 15 años señaló haber sido víctima de algún tipo de violencia según datos oficiales, lo que pone a Jalisco como el tercer estado donde la prevalencia es mayor. Destacan las prácticas violentas en instituciones, siendo el espacio escolar en donde se llevan a cabo el 70 por ciento de los actos violentos.
A pesar de que en los últimos meses no ha habido un estudio o análisis de las condiciones de vida de las mujeres y los contextos violentos en los que se desenvuelven, el Ejecutivo estatal da a conocer estas cifras a través del decreto por el cual se crea el Centro de Justicia para las Mujeres en el municipio de Puerto Vallarta, publicado el pasado 30 de enero en el Diario Oficial del Estado de Jalisco.
Pero uno de los tipos de violencia más preocupantes es el que se da en el entorno comunitario, uno de los espacios menos normados y que es el de mayor desenvolvimiento de la vida de las mujeres. Jalisco se coloca entre las más altas prevalencias a nivel nacional de violencia comunitaria y en la pareja, lo que infiere a la cultura local y las relaciones afectivas como principal escenario de violencia a las mujeres, según señalan las autoridades.
“El 59.8 por ciento de las mujeres en Jalisco expresó que sus parejas o esposos reacciona de manera violenta cuando se enoja, el 50.2 por ciento lo expresa ignorándole o le deja de hablar, el 32.9 por ciento insulta, ofende, amenaza, golpea objetos, mientras que el 11 por ciento violenta físicamente de manera directa a la mujer”, se lee en el documento oficial.
Sin embargo, uno de los problemas derivados del contexto de la alerta de violencia en Jalisco ha sido el tema de los feminicidios, pues al ser juez y parte, el gobierno estatal mostraba disminuciones en los casos de feminicidios y una cifra creciente de homicidios de mujeres, como muestra de que los delitos no estaban siendo tipificados bajo este delito penal.
Este hecho fue fuertemente criticado por las organizaciones sociales que se involucraron en el tema. Además de que las cifras que contempla la autoridad no coinciden con la visión de las expertas y activistas. En 2017, el gobierno estatal contabilizó 27 presuntos feminicidios en la entidad, mientras que el Comité de América Latina y el Caribe para la Defensa de los Derechos de la Mujer (Cladem) en Jalisco señaló que estos habían ascendido a 104.
Por lo cual diversos grupos feministas llevaron a la Secretaría de Gobernación (Segob) la solicitud de Alerta de Violencia de Género contra las Mujeres en el Estado de Jalisco, que presentó un primer estudio a mediados del pasado 2017.
La lucha activista
Patricia Ortega Medellín, experta en derechos reproductivos e integrante del grupo de trabajo de la solicitud de alerta que integró la Segob, expresó en entrevista que el panorama es desalentador para la alerta y que pronto habrá una reunión del grupo de expertos para evaluar el informe elaborado y donde se instó al gobierno a dar atención a las problemáticas que atañen a las mujeres.
“La alerta federal entró al ritmo del proceso electoral, entonces ahorita vamos a hacer la evaluación y se van a hacer las observaciones, y ver si se va a declarar o no, dependiendo de lo que resulte con los informes la alerta federal, pero tampoco con mucha perspectiva de que pudiera implementarse algo más, porque pues los funcionarios ya se están yendo”, señaló la experta de la Red por los Derechos Sexuales y Reproductivos en México.
Por otro lado, para el 2018 no figura como un tema alentador el de la violencia contra las mujeres, pues en los procesos electorales parece que esta problemática no se encuentra en la agenda de los distintos aspirantes, algo que destaca Patricia Ortega.
“Es un momento complicado, es una circunstancia en la que regularmente la violencia y los temas de mujeres en general pasan a segundo, tercero, cuarto y quinto término, ya no existen, no hay una prioridad, no hay una prioridad desde antes si no se puede utilizar en las campañas, o sea si no se puede utilizar para hacer la promesa de que se va a evitar la violencia, tampoco se va a visibilizar, ni se va a comprometer a nada”, señaló Ortega Medellín.
Tema minimizado
El tema de la violencia contra la mujer ha sido minimizado por las autoridades estatales, pese a que ellas mismas declararon su propia alerta. El gobernador, Aristóteles Sandoval, dedicó apenas un minuto al tema de la violencia contra las mujeres y lo hizo para señalar la reciente inauguración del Centro Especializado para la Erradicación de Conductas Violentas hacia las Mujeres.
“Hoy vemos el avance que tenemos, sin dejar de reconocer la violencia, el machismo, que sigue existiendo en nuestro estado. Ese problema lo hicimos visible. Es increíble cómo al construir un Centro de Atención a Víctimas de la Violencia, hoy nos supera casi 200 por ciento las solicitudes, las denuncias de la mujer”, expresó el gobernador en su quinto informe el pasado primero de diciembre.
Sin embargo los avances que se habían registrado en temas como la capacitación o la creación de protocolos y normativas que se discutirían en el Legislativo local, han venido decayendo de forma importante.
Un reflejo de la desatención ha sido la falta de estudios y reportes de avances e indicadores en la página oficial de la estrategia local sobre la violencia contra las mujeres, Juntxs por Ellas, en donde los últimos reportes del quehacer gubernamental datan del mes de junio.
De esta forma, aún cuando hace dos años Jalisco fue pionera en la declaratoria de una alerta de violencia realizada por la propia autoridad local, hoy cae el discurso al haberlo dejado de lado luego de esta fallida estrategia en donde las autoridades pretendieron ser juez y parte, y al no integrar a las organizaciones.