Era la una y media de la tarde y Mario Alberto Echeverría salió de la fábrica donde labora. Recorrió las mismas calles de siempre en busca de algo para comer antes de seguir con sus actividades cuando dos hombres le exigieron el celular.
Su lugar de trabajo desde hace poco más de cinco años está ubicado en la colonia Alce Blanco perteneciente al municipio de Naucalpan, Estado de México. La zona se caracteriza por sus calles largas, llenas de bodegas y fábricas. También es un lugar solitario y debido a que era fin de semana, aquel día había menos personas de lo habitual.
“Como era sábado no había gente. De pronto se me acercaron dos muchachos de no más de 20 años. Yo iba hablando en ese momento por teléfono y me pidieron el celular, yo les dije que no se los daría; me agredieron y me lo quitaron”, relata Mario Echeverría de 59 años.
Además de la pérdida material, Mario Alberto fue golpeado por los asaltantes. Tras el hecho, los agresores corrieron. Por la sangre que caía de su rostro, Mario se percató que durante el ataque también lesionaron su oreja derecha.
“Me golpearon en el estómago, luego en la cabeza, no supe con qué. No sé si traían navaja y me cortaron la oreja…Fue muy rápido, el asalto duró menos de un minuto”, narra Echeverría.
Mario Alberto forma parte de la estadística de los millones de mexicanos que sufren en carne propia el aumento de la delincuencia año con año y con ello los daños económicos que eso conlleva para la ciudadanía
De acuerdo con la Encuesta Nacional de Victimización y Percepción Sobre Seguridad Pública (Envipe) realizada por el INEGI, en el 2017 las pérdidas monetarias en conjunto de los mexicanos que fueron víctimas de un delito fue de 210 mil 480 millones 614 mil pesos en ese año.
Dicho monto supera el costo proyectado, por ejemplo, del Tren Maya –propuesto por el presidente electo, Andrés Manuel López Obrador que tendría una inversión de 150 mil millones de pesos- o equivale al gasto programable de 13.5 veces el presupuesto para el Poder Legislativo de este año; o a financiar poco más de dos años y medio las labores de la Secretaría de la Defensa Nacional.
El Índice Global de Impunidad 2018 colocó a México como el cuarto país donde menos se castigan los delitos a nivel mundial
El promedio de gastos y pérdidas monetarias por cada víctima de delito ha aumentado considerablemente en el país en tan solo un año.
Mientras en el 2016 los mexicanos que sufrieron un ilícito gastaron en promedio 6 mil 93 pesos para resarcir los daños; para el 2017 la cifra aumentó a 8 mil 287 pesos.
Mario Alberto Echeverría asegura que por fortuna pudo atender su herida después de ocurrido el asalto en el Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS) por ser beneficiario, por lo que el gasto para curaciones fue mínimo. No obstante, por el robo de su celular él calcula un agravio aproximado de 3 mil 800 pesos.
La Envipe revela que el año pasado los ciudadanos fueron despojados en promedio de 8 mil pesos por cosas materiales y otros 283 pesos los invirtieron en salud a consecuencia de los delitos cometidos en su contra.
Desconfianza en la autoridad
La población mexicana está en una encrucijada. En las calles ve un incremento de la delincuencia y a la vez desconfía de las autoridades encargadas de garantizarle seguridad y justicia.
La Encuesta Nacional de Victimización y Percepción sobre Seguridad Pública revela que en el 2017 el 29.7 por ciento de la ciudadanía mayor de 18 años, es decir, 25.4 millones de personas aseguraron haber sido objeto de actos ilícitos.
En 2016, el porcentaje de víctimas fue del 28.8 por ciento, lo que significó que 24.2 millones de habitantes dijeron haber sido vulnerados por la delincuencia.
Al alza de delitos cometidos, se suma el aumento de la desconfianza en las corporaciones policiacas y en las instituciones encargadas de juzgar a los culpables.
La Envipe dejó al descubierto que el año pasado las policías de tránsito y las preventivas municipales fueron las que menos confianza generaron en la ciudadanía, con un 25.8 y 22.4 por ciento de desaprobación.
A estas corporaciones le siguen la policía ministerial con un 21.9 por ciento de ciudadanos que dicen tenerle mucha desconfianza; los ministerios públicos y fiscalías estatales con 20.4 por ciento; los jueces con 18.8 por ciento; la policía estatal con 18.7 por ciento; y la Procuraduría General de la República con 17.6 por ciento.
Aunque en menor medida, la Policía Federal, el Ejército y la Marina también generaron mucha desaprobación en el 12.8, 5.4 y 3.5 por ciento de los ciudadanos, respectivamente.
Tras sufrir el robo con violencia de su celular Mario Echeverría tomó la determinación de no denunciar. Asegura que no lo hizo por dos razones: una, por la urgencia de haber sido tratado por un médico; y dos, por la poca confianza que le tiene a las instituciones de justicia.
“Después del robo lo primero que sentí fue impotencia y el hecho de no querer ni siquiera buscar a la policía. Sabes que la autoridad te hace mil preguntas y ni te resuelve nada”
La no denuncia del asalto que sufrió Mario Echeverría es el mismo reflejo en millones de ciudadanos que no dan aviso a las autoridades por considerar una falta de capacidad para realizar su labor.
La Envipe señala que la cifra negra en el país durante el 2017 fue del 93.2 por ciento del total de los delitos cometidos.
Es decir, que de 33.6 millones de ilícitos de los que fueron víctimas los ciudadanos, en 31.3 millones no hubo denuncias. A esto se suma el grave problema de impunidad que impera en México.
De acuerdo con el Índice Global de Impunidad en el país el 99.3 por ciento de los delitos no se resuelven.
México es el cuarto país que menos castiga los delitos a nivel mundial, solo superado por Filipinas, India y Camerún.
