Alturas bajo sospecha

Entre los cientos de dictámenes de uso de suelo emitidos en la ciudad de Guadalajara que violaron las normas vigentes, se hallan grandes inversiones que obtuvieron de esa manera su puerta de ingreso al mercado inmobiliario local. 

En el Gobierno municipal se ha confirmado la emisión de 315 dictámenes que contravinieron los planes parciales de desarrollo, según los reportes de la comisión especial de investigación que integraron las fuerzas políticas: PRI, PAN y el partido Movimiento Ciudadano. 

Esos usos de suelo otorgados por el gobierno del PRI les han allanado el camino a los inversionistas, asegurándoles tanto las licencias complementarias a sus proyectos, como las resoluciones judiciales a su favor, cuando algún contratiempo los ha llevado a tribunales. 

Como antes lo hizo el alcalde tapatío electo del MC, Enrique Alfaro y ese grupo edilicio, el del PAN –liderado por el exgobernador de Jalisco, Alberto Cárdenas– cuestiona la postura del área jurídica del municipio, su Sindicatura, que ha optado por no combatir legalmente estos usos dados a discreción. 

Uno de los casos documentados con mayor amplitud por el grupo del PAN, en específico por el equipo de la regidora Cristina Solórzano, es el del desarrollo Citi Tower en Avenida México 2582, autorizado con el Dictamen de Trazo, Usos y Destinos 039/D2/E-2013/3302, el 25 de octubre de 2013. 

En su estudio confirmó que el plan parcial permitía en su predio no más de 73 unidades de vivienda y edificaciones con una altura máxima de ocho niveles, pero la Secretaría de Obras Públicas del municipio le concedió –sin facultades para ello– 200 unidades de vivienda y una altura de 23 niveles. 

Cada uno de esos departamentos se comercializa en Internet en 2 millones 475 mil pesos por lo bajo, así que esa simple modificación al uso de suelo incrementó el valor del proyecto al menos en 300 millones de pesos (MDP). 

Con ese primer trámite resuelto, la Secretaría no tuvo mayores problemas en emitir la licencia de construcción el 23 de diciembre del 2013 –M-0928-2013-, con un costo de 5 millones 89 mil 709 pesos. 

La Ventanilla Única que expide estos usos debe estar integrada además de un representante de Obras Públicas, por otro de la Comisión de Planeación Urbana (Coplaur), según el artículo 3 del Reglamento de Gestión del Desarrollo Urbano, para velar así por la aplicación de la norma. 

Ese dictamen, sin embargo, fue signado solo por quien fuera el titular de la Secretaría, Carlos Arias, y su director técnico, Francisco Javier Orozco; el primero salió en enero de 2014 ante los señalamientos de corrupción en su área, pero el segundo sigue en el cargo. 

El proyecto es desarrollado por la firma Citi Capital del influyente empresario Felipe Tomé. En 2007 la revista Proceso aseguró que este fungía como prestanombres de Marta Sahagún y sus hijos –Bribiesca Sahagún–, aunque ello sería negado por el expresidente Vicente Fox. 

Lo cierto es que este Gobierno municipal le ha brindado los permisos para dos más de sus proyectos: Central Park, con tres torres cada una con 111 departamentos –que habría ampliado a cinco por la vía judicial, según el diario Mural–, y la renovación de Plaza Pabellón donde prevé otro par de torres. 

Altos vuelos

Otro caso similar es el del desarrollo que se edifica cerca del cruce de las avenidas Américas y López Mateos: un hotel Marriot cuyo dictamen 039/D2/E-2013/2283, del 4 de septiembre del 2013, fue emitido por el mismo par de funcionarios, también sin Coplaur. 

El equipo de Solórzano constató que en ese dictamen se aumentó el desplante permitido de 2 mil 881.2 metros cuadrados a 3 mil 292.8; la superficie de construcción de 8 mil 643.6 metros cuadrados a 29 mil 635.2; y sus niveles de altura de tres máximo hasta superar los 20. 

Con el mecanismo de transferencia de derechos, ese predio pudo haber llegado a 15 mil 558.4 metros cuadrados de superficie construida y seis niveles de altura, pero no a los valores que ahora tiene.  

La transferencia de derechos es el instrumento por el que predios que podrían tener mayor intensidad en su uso, pero que están restringidos por condiciones patrimoniales o ambientales, transmiten ese crecimiento no utilizado a las áreas receptoras.  

De haber usado esa opción para crecer un poco más, el promotor habría tenido que pagarle al Ayuntamiento 19 MDP, pero ni la usó ni pagó. Los panistas calcularon un daño al erario por 57.7 MDP, pues la ampliación concedida habría costado eso en el caso hipotético de que la norma lo permitiera. 

A pesar de la gravedad de los señalamientos, cuando se le pregunta a Solórzano si la Sindicatura de Ernesto Salomón ha actuado con acciones legales para buscar la nulidad de los permisos, responde: 

“En lo absoluto; en lo absoluto. Deje la Sindicatura, lo sabe el presidente municipal (Ramiro Hernández), lo supo. El presidente municipal es el jefe de todos ellos”.

Este dictamen salió a la luz pública de forma circunstancial en agosto del 2014, cuando las obras de su sótano ocasionaron daños en un paso a desnivel. 

La exposición mediática del caso llevó al alcalde a ordenar que se frenara la emisión de su licencia de construcción. 

Sin embargo, con el dictamen de uso ya emitido a su favor, su desarrolladora obtuvo fácilmente los trámites posteriores con recursos judiciales. 

Usos y cárcel

Lo simple que resulta violar los planes parciales en Guadalajara con los usos de suelo, vuelve necesario una reforma que penalice esa actuación de los funcionarios, dice Solórzano: crear un tipo penal para la emisión de usos irregulares. 

En esta gestión ya no hay condiciones para seguir con la investigación en la materia, advierte la edil, pero de ser continuada en el gobierno que viene ese cambio penal le daría nuevos alcances.   

“Yo diría que sí (debe seguir la indagatoria), a nosotros ya se nos fue el tiempo pero MC hoy que va a ser gobierno debería de recomenzar la revisión. En el PAN elevamos una iniciativa al Congreso para que fuera penado el dar un uso de suelo en contra de los planes parciales. 

“Tal reforma se requiere porque ahorita nada más es ‘me la hiciste, pues te vas’, o llegar a juicio político, ese es el castigo que hasta ahorita está; creo que sería el remedio”, dijo Solórzano. 

La propuesta legislativa adicionaría un artículo 253 bis al Código Penal que sanciona con tres a seis años de prisión y multa de 20 a 400 días de salario mínimo, a quien emita dictámenes que violen los planes, lo mismo le pasaría a los desarrolladores beneficiados, por lo que toca intereses económicos muy fuertes en la ciudad. 

La propuesta no ha sido retomada por ninguno de los diputados electos. 

De 8 mil usos dados por Arias, la comisión tuvo acceso solo a 2 mil 250, así que las dimensiones reales de lo sucedido aún son desconocidas.

En su portal, el Ayuntamiento asegura que no ha otorgado más cambios en 2014 y 2015, pero oculta los cientos que dio entre octubre de 2012 y todo 2013.     

La propuesta a la ley

> La reforma planteada al Código Penal en planes de desarrollo contempla nuevas sanciones:

> Penar con hasta seis años de prisión la violación de los planes; se aplicaría tanto a funcionarios como desarrolladores.

La misma sanción se aplicará al constructor, residente de obra, propietario o representante legal que realice alguna obra o edificación, que sea contraria al uso de suelo vigente y no reúnan todos los requisitos que establezcan las leyes y reglamentos aplicables.