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Jalisco podría ser en los próximos años uno de los primeros estados del país que convierta sus actuales plantaciones ilegales de amapola en toda una industria dentro del marco de la ley. Un negocio orientado a la producción de morfina y otros opiáceos requeridos para aliviar el dolor de pacientes en el sector salud.
Las iniciativas que estudia el Congreso de la Unión para legalizar la producción de amapola con fines médicos –mismas que han sido vistas con buenos ojos por el gobierno de Andrés Manuel López Obrador– tendrían impacto no solo en el llamado “Triángulo Dorado” del norte del país o en los estados del sur, sino también en Jalisco donde su cultivo se da de forma permanente
En noviembre de 2018, con la emisión del informe “México: Monitoreo de Cultivos de Amapola 2015-2016 y 2016-2017” elaborado por la Oficina de las Naciones Unidas contra la Droga y el Delito (UNODC) en conjunto con el gobierno federal, se confirmó a esta región como una de las ocho entidades del país con una presencia relevante de la adormidera hasta ahora ilegal.
El monitoreo estimó la superficie de plantaciones de amapola existentes en la República en dos periodos: de julio del 2015 a junio 2016, con un resultado estimado en 25 mil 200 hectáreas; y luego de julio del 2016 a junio 2017, arrojando un incremento considerable de 30 mil 600 hectáreas.
“Con la muestra utilizada se encontraron cultivos de amapola en ocho estados: Sinaloa, Chihuahua, Durango, Nayarit, Jalisco, Michoacán, Guerrero y Oaxaca (…) otros estados del territorio nacional no necesariamente están libres de cultivos de amapola, sin embargo estas áreas son potencialmente pequeñas y el impacto que tendría en el cálculo de estimación nacional de superficie sembrada es significativamente mínimo”, de acuerdo con el informe.
El 7 octubre del 2018 la entonces senadora y actual secretaria de Gobernación, Olga Sánchez Cordero, afirmó que la legalización de la amapola sería impulsada: “Sería nada más para uso medicinal, para fármacos tipo morfina. Hay muchos pacientes que están teniendo enfermedades terminales en donde sí se requiere morfina y otros derivados de la amapola para poder tener una muerte digna. Vale la pena luchar para que estos enfermos terminales así la tengan”.
Tierras aptas
La UNODC también reveló que Jalisco –y en particular su región norte– forma parte de las zonas del país con mayor riesgo de seguir presentando cultivos ilícitos de amapola. Esto tras analizar las variables que facilitan esta práctica, hoy bajo control del crimen organizado para la fabricación de heroína.
Asimismo, los factores más relevantes en la predicción del riesgo de cultivos ilegales son la marginación social y la vegetación: “A medida que se duplica la marginación se produce un incremento de 105 por ciento en la probabilidad de encontrar cultivos ilícitos (…) en las áreas de vegetación densa aumenta la probabilidad de cultivos ilegales en 130 por ciento”
Según registros del Ejército Mexicano, del año 2007 al 6 de agosto de 2018, se ubicó a Jalisco como el octavo estado del país con la mayor superficie detectada y destruida de amapola, con un total de 894 plantíos de 146.32 hectáreas.
Gracias a esto, la Secretaría de la Defensa Nacional (Sedena) ha clasificado las regiones más propensas en tres categorías: “Alta incidencia de cultivo de amapola, abarcando los estados de Guerrero, Chihuahua, Durango y Sinaloa; Mediana incidencia en Nayarit, Oaxaca, Jalisco, Michoacán y Sonora; los demás estados de la República son considerados de Baja incidencia”, de acuerdo con el reporte de la UNODC.
Matar el dolor
Jalisco podría ser pionero en aportar soluciones a la paradoja que vive actualmente México: un país con más de 30 mil hectáreas de amapola cultivada de forma ilegal, pero sin acceso a los opiáceos suficientes para aliviar el dolor de sus habitantes que sufren padecimientos tales como cáncer o SIDA.
La iniciativa para legalizar la amapola con fines médicos que presentó el senador Manuel Añorve Baños, del Partido Revolucionario Institucional (PRI), en octubre pasado, afirma que “al menos la mitad de personas que mueren anualmente en México, lo hacen sin acceso a cuidados paliativos, los que generalmente incluyen el suministro de distintos medicamentos derivados del opio”.
Mientras que en su iniciativa de 2016 con el mismo fin, el entonces senador Armando Ríos Piter, aseveró que “los requerimientos de medicamentos derivados del opio son de 19 mil 764 kilos, pero sólo estuvieron disponibles 482 en el mercado”. Una hectárea de amapola produce 11 kilos de goma de opio, y de éstos se produce a su vez un litro de morfina.
En 2015, la Comisión Global de Política de Drogas señaló en su estudio “El Impacto Negativo del Control de Drogas en la Salud Pública: la Crisis Global de Dolor Evitable”, que un estimado 5.5 mil millones de personas –más del 75 por ciento de la población global– cuenta con escaso o nulo acceso a analgésicos opioides, siendo consumidos por tan sólo 17 por ciento de la población global
Incluso el extitular de Sedena, Salvador Cienfuegos Zepeda, llegó a pronunciarse a favor de la legalización de la amapola, cuando el 5 de octubre de 2018 comentó: “Ya está en la mesa. Creo que puede ser una salida al problema. Aquí lo único que habría que estar tratando de ver es cómo se atendería la seguridad de los campesinos que ya no les van a vender a los delincuentes, sino que le van a vender al gobierno para hacer la morfina”.
