Activismo de alto riesgo

En México, defender el agua, el aire, la tierra, la flora y la fauna, es una actividad de alto riesgo; el número de ataques a personas defensoras del medio ambiente va en aumento. Solo entre los meses de julio del 2015 a junio del 2016, se pudieron documentar un total de 63 casos de agresiones, dirigidas contra 139 ambientalistas.

De acuerdo al Centro Mexicano de Derecho Ambiental (CEMDA) A.C., la mayoría de los ataques a defensores del medio ambiente se cometieron en 18 de las 32 entidades del país, pero resaltan los estados de Sonora y Estado de México con 12 agresiones, Oaxaca con seis, Puebla con cinco, Colima y Campeche con cuatro cada uno, y Veracruz y Chiapas con 3 casos en cada entidad.

En la lista de estados, en donde el año pasado se documentaron agresiones graves a medioambientalistas, también se suman Quintana Roo, Jalisco, Guanajuato y Baja California Sur, en donde se registraron dos casos en cada entidad, además de Yucatán, Morelos, Michoacán, Guerrero, Chihuahua y Ciudad de México, en donde se documentó un caso por cada uno de ellos.

A los datos dados a conocer por el CEMDA se deben sumar los dos asesinatos de los defensores ambientalistas de la zona Tarahumara, Isidro Baldenegro López y Juan Ontiveros Ramos, el primero ejecutado el 17 de enero y el segundo el 1 febrero también del 2017, ambos en el estado de Chihuahua.

El grado de violencia que viven los defensores del medio ambiente en México ha sido también reconocido por la Organización de las Naciones Unidades (ONU), a través de la Relatoría Especial Sobre la Situación de los Defensores de Derechos Humanos, que encabeza Michel Forst, quien recién acaba de concluir una visita al país, para conocer la situación que se vive aquí.

Desde la óptica del relator Forst “los defensores de derechos humanos de comunidades indígenas están entre los grupos de mayor riesgo; la situación de los derechos humanos indígenas, y de aquellos que los defienden, es extremadamente preocupante”.

Los sitios que la ONU reconoce como de alto riesgo para los defensores del medio ambiente, que va de la mano con la defensa de los derechos de los pueblos indígenas, son los estados de Oaxaca, Chihuahua, Guerrero, Estado de México y Chiapas, donde “la multiplicación de proyectos de desarrollo y acaparamiento de tierras conducen a la escalada de conflictos”.

Y es que -explicó Michel Forst en su informe de cierre de misión en México-, con frecuencia, las comunidades indígenas tienen una concepción distinta sobre la tierra, bosques, agua y aire, los que consideran “esenciales para su existencia y para la protección de sus culturas ancestrales”, y por eso la defensa a muerte de esos recursos, cuando se asientan proyectos de desarrollo en sus regiones.

Por esa razón, este sector, el de los ambientalistas, dice el informe del CEMDA, “es el segundo grupo más vulnerable a perder la vida a causa de sus actividades”, sólo después de los trabajadores de los medios de comunicación.

 Y esto es resultado de las “amplias facilidades” que ofrece el Estado para la ejecución de megaproyectos de desarrollo en suelo propiedad de los pueblos indígenas, donde se violenta de manera frecuente el derecho a la propiedad, a la consulta y a la repartición de la riqueza generada a partir de los recursos naturales de la comunidad.

Un México de Desarrollo… y de conflictos

En México, de acuerdo a la Secretaría de Economía (SE), existen actualmente un total de 25 mil 425 concesiones para proyectos mineros, tanto para la extracción de minerales metálicos como de derivados pétreos, donde el 64 por ciento de esos proyectos se encuentran en su fase de exploración, y el otro 36 por ciento ya registran algún grado de explotación.

A los proyectos mineros que ejecutan en su mayoría empresas trasnacionales, principalmente de capital canadiense, se deben sumar los 332 proyectos de desarrollo vial e infraestructura urbana que reconoce la Secretaría de Comunicaciones y Transportes (SCT), así como los 193 proyectos de generación de energías renovables, principalmente represas y parques eólicos, avalados por la Secretaria de Energía (SENER).

La ejecución de los proyectos mineros, viales, de desarrollo urbano y de generación de energías renovables, han propiciado que a la fecha existan en todo el país cerca de 175 conflictos sociales, donde los de mayor preocupación, y que más agresiones a defensores del medio ambiente han dejado, son los generados por proyectos extractivos.

De acuerdo al Observatorio de Conflictos Mineros de América Latina (OCMAL), se estima que actualmente en México existen al menos 37 disputas entre empresas mineras trasnacionales y defensores indígenas de los recursos naturales, los que, a causa de las confrontaciones generadas, son clasificados como de “suma preocupación”.

La preocupación sobre estos conflictos radica en las agresiones de las que son objeto los defensores del medio ambiente, pues según Michel Forst, “las personas líderes de la comunidad y los defensores de los derechos ambientales y tierras que se oponen a proyectos de gran escala enfrentan violencia de personas que están relacionadas con compañías que participan en esos proyectos”.

Agresiones registradas

De acuerdo al Centro Mexicano de Derecho Ambiental (CEMDA) A.C., la mayoría de los ataques a defensores del medio ambiente se cometieron en 18 de las 32 entidades

Estado                       Agresiones

Estado de México           12

Sonora                                 12

Oaxaca                                6

Puebla                                 5

Campeche                          4

Colima                                 4

Chiapas                              3

Veracruz                             3

Baja California Sur           2

Guanajuato                       2

Jalisco                                  2

Quintana Roo                    2

Ciudad de México           1

Chihuahua                          1

Guerrero                            1

Michoacán                         1

Morelos                              1

Yucatán                               1

Un país peligroso

Según el informe del CEMDA, la violencia contra los medioambientalistas en México es alarmante, pues “del año 2010 a julio de 2016, se han registrado 303 casos de ataques a estas personas defensoras de derechos humanos ambientales”, lo que ubica a México como uno de los Estados más peligrosos del continente americano en materia de defensa de los recursos naturales.

El CEMDA estima que la escalada en las agresiones a personas defensoras del medio ambiente se observa también como una consecuencia directa del crecimiento de los proyectos de desarrollo, principalmente mineros en sitios de residencia ancestral de pueblos indígenas, que han sido facilitados por el Estado en los últimos años.

De acuerdo al informe 2016 “Sobre la Situación de Personas Defensoras de Derechos Humanos Ambientales”, elaborado por el CEMDA, los megaproyectos de desarrollo son los que han hecho que México sea uno de los países más peligrosos para los activistas defensores del medio ambiente.

Cabe señalar que, en relación con informes anteriores sobre el mismo tema, por parte del CEMDA, los estados de Sonora, Oaxaca y Estado de México se mantienen como las tres entidades con mayor número de casos de ataques a personas defensoras de los derechos ambientales, y es justamente allí en donde se ha concentrado el mayor número de proyectos de desarrollo, en los últimos dos años.

A causa de la presencia de empresas mineras, principalmente de capital canadiense, en el estado de Sonora se han detonado al menos 18 conflictos socio-ambientales por la disputa del agua y la tierra; en Oaxaca se registran 16 conflictos, la mayoría de ellos a causa de proyectos eólicos y mineros, en tanto que en el Estado de México existen 13 puntos de disputa por el suelo, a causa de construcción de vías de comunicación y desarrollos urbanos.

Entre los agresores de los ambientalistas que reconoce el Centro Mexicano de Derecho Ambiental A.C. se encuentran agentes estatales como no estatales, entre las que se encuentran empresas transnacionales y empresas de seguridad privada, las que se amparan en la impunidad para cometer las agresiones.

Según la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), entre las agresiones a que se enfrentan los defensores del medio ambiente, tanto en México, como en otros países de América Latina y el Caribe, destacan los asesinatos, ejecuciones, desapariciones forzadas, amenazas, hostigamientos, criminalización indebida de los líderes, y el uso abusivo de la fuerza en manifestaciones de protesta social.

Masacre en la Sierra Tarahumara

En la sierra Tarahumara hay temor. Grupos del crimen organizado han comenzado una persecución contra los líderes de las comunidades indígenas que se oponen a los proyectos de exploración minera que realizan al menos tres compañías canadienses.

El gobernador indígena Porfirio Cruz Ramos, con el apoyo de la organización Alianza Sierra Madre A.C. ha solicitado al gobierno del estado de Chihuahua una mayor vigilancia en la zona rural de Coloradas de la Virgen, del municipio de Guadalupe y Calvo, en donde en lo que va de este año ya han sido ejecutados dos defensores del ambiente.

En esa zona, apenas el pasado 1 de febrero fue secuestrado y ejecutado el defensor indígena Juan Ontiveros Ramos, quien al lado del también ejecutado 15 días antes, Isidro Baldenegro López, se había lanzado a la lucha del territorio, para evitar que las mineras Fresnillo PLC, Endeavour Silver Corp., Mex Group Resources y Great Panther Resources, siguieran con sus proyectos de exploración.

Juan Ontiveros Ramos, de 32 años de edad, fue secuestrado por un comando armado, cuando de se dirigía a la comunidad de Choreachi, luego de asistir en la ciudad de Chihuahua, a una reunión con vecinos de Coloradas de la Virgen, a fin de planear acciones de resistencia, y reclamar al gobierno estatal avances en la averiguación del asesinato de su compañero Isidro Baldenegro López.

Ontiveros Ramos, que también era comisario de la policía comunal indígena de Choreachi, fue interceptado por un grupo armado, cerca de la comunidad de Pino Gordo, la tarde del 31 de enero, cuando viajaba en un vehículo de su propiedad, acompañado de su hermano Isidro.

Los agresores solo se lo llevaron a él, en tanto que su hermano Isidro fue severamente golpeado. El cuerpo del activista fue encontrado muerto, en un camino que conduce a la comunidad Los Flacos, con dos impactos de bala, uno de pistola calibre .38 y el otro de rifle AR-15, de los que oficialmente son asignados a los cuerpos de seguridad pública estatal.

Este es el segundo activista defensor del medio ambiente que es ejecutado en lo que va de este año, en la zona de la Sierra Tarahumara, en las inmediaciones de Guadalupe y Calvo. Con Juan Ontiveros también suman ya cinco ambientalistas que han sido ejecutados desde el año pasado a la fecha, en donde se agregan los nombres de Víctor Carrillo, Elpidio Torres Molina y Valentín Carrillo Palma.

Agredidos y Agresores

Según lo revelado en el informe del Centro Mexicano de Derechos Ambiental 2016 “Sobre la Situación de Personas Defensoras de Derechos Humanos Ambientales”, de los 63 casos de ataques que se pudieron documentar, fueron víctimas directas 139 personas, 10 organizaciones y 20 comunidades campesinas y/o indígenas.

De los 139 ambientalistas víctimas, que representan el 82 por ciento de los casos documentados, al menos 10 son mujeres, que ahora representan una mayor participación en la defensa de los recursos naturales de sus comunidades, que son doblemente expuestas, “no solo por su trabajo, sino también por su condición de género”, explicó Michel Forst.

Según el relator especial de la ONU, las mujeres defensoras de derechos ambientales, se encuentran más expuestas al riesgo, pues considera que “pueden padecer violencia sexual, amenazas en redes sociales o campañas de difamación con base en estereotipos de género”.

En el informe del CEMDA, que fue elaborado en base a una investigación de Alejandra Leyva Hernández, Andrea Davide, Ulisse Cerami, Felipe Romero Bartolo, Lizbeth Lugo Hernández y Ximena Ramos Pedrueza Ceballos, se expone que la mayor cantidad de agresiones a medioambientalistas tuvieron que ver con la defensa del agua, en donde se contabilizaron 17.

En 10 casos, los atentados a los defensores fueron a partir de la lucha contra proyectos mineros, ocho fueron derivados del combate a proyectos de infraestructura, en siete casos el centro de disputa fueron las hidroeléctricas, cinco agresiones fueron por desarrollo inmobiliarios, cuatro por despojo de tierras, cuatro por proyectos eólicos, dos más por contaminación del aire, dos por proyectos turísticos, dos por siembra de transgénicos y dos por tala clandestina.

De todos los recursos defendidos por los ambientalistas, hasta junio del 2016, aun a costa de su propia integridad física, fue el de la disputa por la conservación de la tierra el que más agresiones dejó, al contabilizarse un total de 27 casos. Por los bosques y ecosistemas se registraron 10.

Pero de todos los tipos de agresiones documentadas por el CEMDA, se apunta que fueron las amenazas las que predominaron sobre los ambientalistas, las que representaron un 24 por ciento de todo lo que se tuvo conocimiento, siguió después la intimidación con un 19 por ciento de casos, la criminalización en un 18 por ciento, y las agresiones físicas se presentaron en un 15 por ciento.

Otras agresiones registradas fueron el hostigamiento con 11 por ciento, la difamación con 6 por ciento, la privación ilegal de la libertad, el desalojo forzoso, el allanamiento y robo con un índice del 2 cada uno, en tanto que solo se registró, hasta junio del 2016, un homicidio.

Sobre los actores identificados de las agresiones cometidas contra los defensores de los recursos naturales, se establece que, en el 43 por ciento de los casos, fue el Estado; en 14 por ciento se identificó a particulares afectados económicamente, en el 7 por ciento las agresiones vinieron de personas ligadas a las empresas desarrolladoras de los proyectos, el 3 por ciento fue por parte de pobladores de la misma comunidad y en el 2 por ciento se apunta al crimen organizado.