Los integrantes de la bancada de Morena en el Congreso de la Unión preparan una iniciativa de protección y amnistía hacia las mujeres que fueron encarceladas de forma injusta por motivos políticos, protesta social o por haber estado vinculadas con delitos contra la salud.
El partido guinda pretende otorgar amnistía a casos en los que existan violaciones a los derechos humanos como la presunción de inocencia o la capacidad de contar con una defensa digna, que hayan sido pasados por alto durante su proceso judicial.
El problema de las mujeres encarceladas de forma arbitraria no es nuevo; desde el 2008, la asociación Las Libres en Guanajuato inició la defensa legal de casos de criminalización por aborto y otros delitos
Para el 2019, el colectivo feminista Equis Justicia y la Oficina en Washington para Asuntos Latinoamericanos (WOLA, por sus siglas en inglés) calcularon que existen en nuestro país 3 mil 18 mujeres que fueron víctimas de encarcelamientos por estos motivos. Un fenómeno que compromete a estas organizaciones a luchar por su inmediata liberación.
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Para finales de junio de este mismo año, las demandas de las organizaciones de la sociedad civil nacionales e internacionales encontraron resonancia tanto el Senado de la República como en la Cámara de Diputados, pues las comisiones de Igualdad de Género comenzaron a establecer las bases del proyecto, el cual quedará inscrito bajo la figura de la amnistía.
Este concepto será el centro del debate nacional durante el arranque de los trabajos del segundo periodo ordinario de sesiones en el Poder Legislativo que inicia el 1 de septiembre.
La propuesta legislativa es impulsada en la Cámara alta por Martha Lucía Mícher Camarena, senadora de Morena y Ricardo Monreal Ávila, presidente de la Junta de Coordinación Política (Jucopo).
El legislador aseguró que el proyecto ya se encuentra en manos del presidente Andrés Manuel López Obrador (AMLO) y que existe la voluntad política para que se impulse a nivel federal.
“En el Senado procederemos al análisis de esta iniciativa que impulsará el Ejecutivo federal. Contribuiremos con responsabilidad social para garantizar un país de libertades y derechos. Tenemos que actuar”, comentó el senador.
Por su parte, el presidente se expresó sobre el tema de la amnistía el pasado 31 de julio. “Tenemos el compromiso de liberar a inocentes que están en las cárceles”, afirmó.
López Obrador adelantó que en coordinación con la Secretaría de Gobernación se encuentran en la fase de análisis para la presentación de una iniciativa de ley con carácter preferente para otorgar amnistía en estos casos.
Amnistía y justicia para mujeres, tema rezagado
La problemática de las mujeres encarceladas de forma arbitraria o injusta en nuestro país no es nueva.
Desde el 2008, la asociación civil Las Libres en Guanajuato inició un proceso legal para la defensa de las mujeres criminalizadas por aborto y otros delitos. En un periodo de tres años, la AC logró documentar la situación de un grupo de mujeres privadas de libertad por el delito de homicidio en razón de parentesco en el estado, un movimiento que gracias a la presión social y mediática logró la liberación de nueve mujeres.
Para el año 2013, la Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH) detalló en su Informe Especial sobre el estado de las mujeres en centros de reclusión del país, que la población femenil en las penitenciarías de la República fue de 11 mil 901 mujeres, de las cuales 8 mil 839 de ellas estaban dentro por delitos del fuero común, es decir el 74.27 por ciento. De este número, 4 mil 532 fueron procesadas y 4 mil 307 sentenciadas.
Asimismo, del total de la población femenil, solamente 4 mil 189 se encontraban recluidas en centros específicos para mujeres, mientras que 7 mil 712 de ellas –es decir, el 64.80 por ciento– se albergaba en centros mixtos.
Esta situación incrementa la situación de vulnerabilidad del sector, pues las cárceles son un lugar en donde la población femenina enfrenta violaciones graves en materia de derechos humanos, que van desde la falta de seguridad, violaciones y discriminación por etnia, entre otros.
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“Es una iniciativa que va en el sentido correcto, sobre todo porque se invisibiliza, al estar en reclusión, una serie de temas que son además derechos humanos básicos. Por ello es que estamos proponiendo a la comisión dictaminadora que se analice desde esta perspectiva y, en nuestro caso, como Comisión de Igualdad de Género”, comentó la diputada Wendy Briceño Zuloaga, quien preside dicha comisión en San Lázaro.
La legisladora añadió que en este momento es una “buena oportunidad” para que el Legislativo haga una revisión de este fenómeno social que afecta la realidad de cientos de mujeres que lo único que están haciendo es defender a sus comunidades, los derechos de otras personas o sus propios derechos.
Presunción de inocencia
Para la organización Equis Justicia, evidenciar los pormenores en los que fueron capturadas las más de 3 mil mujeres por delitos contra la salud es una tarea fundamental, pues en el detalle de los casos se percataron de que el 90 por ciento de las mujeres capturadas por dichos crímenes no tenían arma de fuego al momento de su detención y el 85 por ciento de las mismas no presentaban antecedentes penales.
Datos que son necesarios para la consideración de la nueva iniciativa que se cocina en el Legislativo.
“Esperemos se logre el mayor de los consensos pues son mujeres en situación de vulnerabilidad víctimas de una política de seguridad ya reconocida como fallida y que va en contra de la posición actual previsto en el Plan Nacional de Desarrollo de transitar a un esquema de regulación responsable de sustancias psicoactivas. Con esta visión sería absurdo mantenerlas privadas de la libertad”, reflexionó Isabel Erreguerena, coordinadora del área de Políticas Públicas de la organización.
Para la especialista, el tema del proyecto de amnistía debe ir de la mano de la generación de nuevas políticas públicas para la reintegración de estas mujeres en la sociedad, así como una perspectiva menos coercitiva en el combate al narcotráfico.
Creemos que la propuesta a esta legislación debe ir acompañada de un programa integral de reinserción social que les permita a las mujeres recuperar su proyecto de vida y tomar acciones para establecer una política de drogas basada en el derecho a la salud
