Amplían arraigo a guardias de Lozano

Los cuatro escoltas de la familia de empresarios Lozano, que protagonizaron una confusión con elementos encubiertos de Fuerza Civil, permanecerán arraigados por 30 días más.

El Ministerio Público extendió este lunes la medida cautelar porque determinó que aún faltan elementos para integrar la averiguación previa que se abrió por el incidente, de acuerdo con el empresario Juan Lozano.

Desde el punto de vista del denunciante, los dos delitos graves que motivaron el arraigo de sus guardias privados -privación ilegal de la libertad y sabotaje- no pueden tipificarse.

Javier Estrada Javier Estrada Publicado el
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Los cuatro escoltas de la familia de empresarios Lozano, que protagonizaron una confusión con elementos encubiertos de Fuerza Civil, permanecerán arraigados por 30 días más.

El Ministerio Público extendió este lunes la medida cautelar porque determinó que aún faltan elementos para integrar la averiguación previa que se abrió por el incidente, de acuerdo con el empresario Juan Lozano.

Desde el punto de vista del denunciante, los dos delitos graves que motivaron el arraigo de sus guardias privados -privación ilegal de la libertad y sabotaje- no pueden tipificarse.

“Los muchachos están arraigados ahí por una serie de delitos que desde nuestro punto de vista, con las evidencias que se han anexado al expediente y con las testimoniales, prácticamente han quedado desacreditados”.

En el caso de la privación ilegal de la libertad, Lozano sostiene que notificó al Ejército y a la Policía de Monterrey antes de la retención de los elementos de la corporación que posteriormente fueron liberados.

Mientras que el sabotaje tampoco puede comprobarse, según Lozano, debido a que el equipo de comunicación que fue asegurado durante el incidente era propiedad de tres empresas de su familia: Radiocomunicaciones LOZMAR, JASNA y Radiovoz.

Los escoltas permanecen en la Casa de Arraigo Número 1, ubicado en el Barrio Antiguo de Monterrey.

Lozano comenta que están a punto de concluirse el desahogado de pruebas testimoniales y que la autoridad no levanta el arraigo porque aún no se reparan los daños para ambas partes.

El empresario sostiene que la actuación de Fuerza Civil demuestra que la corporación debe contar con procedimientos claros e informar al Ministerio Público de sus operaciones.

“Lo que esto evidencia es la necesidad de algún tipo de procedimiento, un protocolo, algún tipo de mecanismo por el cual se realizan actividades encubiertas por parte de alguna autoridad, que estos puedan en su momento coordinarse”.

La historia de los Lozano empezó el pasado 28 de septiembre, cuando elementos encubiertos de Fuerza Civil y cuatro escoltas de los empresarios protagonizaron una confusión que concluyó con el arraigo de los guardias privados.

Luego, el 4 de octubre, lo que el empresario califica de “amenaza”, cerca de 40 elementos de la corporación detuvieron a otros tres escoltas de la familia Lozano.

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